Las oenegés impulsoras de la iniciativa y redactoras del manifiesto (entre las que se encuentran Enginyeria Sense Fronteres, Ecologistas en Acción y la Alianza contra la Pobreza Energética) y los 69 diputados firmantes (abajo los identificamos) reclaman, cuando nos encontramos “a las puertas del invierno y en plena pandemia”, (1) la implementación del principio de precaución, (2) un periodo de carencia sin cortes de suministro de agua, luz y gas y (3) la redefinición de la figura de consumidor vulnerable. En una rueda de prensa que tuvo lugar ayer en el exterior del Congreso de los Diputados, y ante los recientes anuncios del Gobierno de Pedro Sánchez de prohibir los desahucios y garantizar los suministros a las familias vulnerables, las portavoces de los movimientos ciudadanos han planteado esas tres “medidas de urgencia”, que protegerían al conjunto de familias que sufren la pobreza energética y el riesgo de corte.
Estas son las propuestas
1. La aprobación por parte del Consejo de Ministros de un real decreto-ley que vuelva a proteger a los miles de familias que a día de hoy pueden sufrir un corte de agua, electricidad o gas. Para ello -plantean los firmantes-, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, encabezado por la ministra Teresa Ribera, debe impulsar cuanto antes el establecimiento del principio de precaución, una herramienta que obligue a las compañías suministradoras a consultar con los Servicios Sociales competentes la situación de cualquier familia afectada por un aviso de corte y a garantizar sus suministros en el caso de que cumpla con unos baremos específicos de vulnerabilidad. A su vez, las facturas impagadas que deriven de la aplicación de este mecanismo se sufragarán, de conformidad con un posterior desarrollo reglamentario, a través de un sistema de financiación participado al 100% por las propias compañías de todos los segmentos implicados.
2. La promulgación de un periodo de carencia que evite cualquier interrupción de suministro en el ámbito doméstico, que tendrá como fecha límite la puesta en funcionamiento del principio de precaución. Se trata de una medida excepcional y urgente si se quiere garantizar el acceso a energía y agua en invierno y en plena pandemia.
3. La redefinición de la figura del consumidor vulnerable, que abarque los suministros de agua y gas natural junto al de la electricidad, y que pueda ampliar los actuales requisitos de acceso por lo que al nivel de renta se refiere, dado que los mismos no se ajustan a la realidad social de la ciudadanía española y excluyen a una gran cantidad de familias de la protección frente al corte.
En este sentido, las promotoras de la iniciativa han incidido en que “el derecho a una vida digna conlleva el reconocimiento de los derechos humanos a la vivienda, a la salud, al agua potable y al saneamiento, así como a la disponibilidad de servicios básicos como la luz y el gas”. Por tanto, la exigencia de prohibición de cortes de suministro “debe necesariamente abarcar el agua, la electricidad y el gas, así como los desahucios”.
Coincidiendo con la rueda de prensa, esta semana se han conocido diferentes noticias relacionadas con esta problemática. Según las informaciones aparecidas en distintos medios, se calcula que solo entre octubre y noviembre, una vez levantada la moratoria aprobada en marzo, se han producido hasta 30.000 cortes de suministro en todo el Estado.
Los redactores del manifiesto han recordado que el Gobierno acaba de anunciar una reforma que permitiría reducir la factura eléctrica al menos un 13% en el plazo de cinco años y que, en el último consejo de ministros, la portavoz María Jesús Montero adelantó que el Ministerio de Ribera estaba trabajando en una disposición adicional que se añadiría a alguno de los próximos reales decretos-ley impulsados por el Ejecutivo en la que se garantizaría literalmente “que ningún consumidor vulnerable va a tener un problema con el corte de los suministros”.
Pues bien, “a pesar de las buenas intenciones -dicen los impulsores de esta iniciativa-, en el pasado se ha visto cómo la mayoría de medidas aprobadas acaban siendo insuficientes porque no abarcan el conjunto de familias afectadas, bien porque no incluyen los suministros de agua o gas, porque circunscriben la protección exclusivamente a las personas beneficiarias del bono social eléctrico o porque no tienen en cuenta la complejidad de los colectivos que sufren pobreza energética (titularidad del suministro, desconocimiento de los mecanismos de protección, trampas de las compañías, etcétera)”.
Las oenegés redactoras del manifiesto consideran además que “las medidas que provienen de las entidades que día tras día trabajan directamente con las familias afectadas son las más efectivas para hacer frente a la situación y garantizar de este modo los derechos básicos de toda la ciudadanía, particularmente la más vulnerabilizada”, y así, reclaman (1) que las medidas excepcionales que ahora se tomen “se consoliden y tornen en normales después de la crisis sanitaria mediante las oportunas iniciativas legislativas” y que (2) el Gobierno concrete los procedimientos que propone para afrontar las deudas acumuladas durante la pandemia “que, en todo caso, deberán tener en cuenta criterios de equidad y asequibilidad”.
El manifiesto con las medidas ha sido promovido por Aigua és Vida, la Coordinadora de Vivienda de Madrid, la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), Ecologistas en Acción, Enginyeria Sense Fronteres, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y la Red Agua Pública (RAP).
A su vez, ha contado con el apoyo de los siguientes partidos con representación parlamentaria
Unidas Podemos (31 diputados)
Esquerra Republicana de Catalunya-Sobiranistes (13 diputados)
Junts per Catalunya-Junts (8 diputados)
En Comú Podem-Guanyem el Canvi (4 diputados)
Euskal Herria Bildu (5 diputados)
Más País-Equo (2 diputados)
CUP-Per la ruptura (2 diputados)
Nueva Canarias (1 diputado)
Coalición Canaria (1 diputado)
Bloque Nacionalista Galego (1 diputado)
Més Compromís (1 diputado)
