La propuesta de planificación de REE contempla la senda de transición energética definida en el PNIEC, que presentará un cambio sustancial en 2026 con respecto a la situación actual. El volumen de inversión estimado hasta 2026 es de 6.668 millones de euros. De estos, 5.629 millones serán para el desarrollo de infraestructuras en los sistemas eléctricos nacionales, con un límíte máximo de inversión con derecho a retribución que sufraga el sistema eléctrico.
Los 1.039 millones restantes se corresponden con las interconexiones internacionales de España-Francia por el Golfo de Vizcaya (730,9 millones), Marruecos (233,6 millones), Andorra (14,7 millones), así como la de Norte España-Portugal (59 millones). Estas últimas inversiones no computan dentro de los límites de inversión máxima retribuible, de acuerdo con los últimos cambios normativos.
En la actualidad, las interconexiones internacionales durante el periodo 2021-2026, no sólo aquellas con países miembros del mercado interior, no estarían sujetas al límite de inversión máxima que garantice la estabilidad presupuestaria y han de retribuirse a través de los peajes eléctricos.
La CNMC pide prudencia
Para el periodo 2021-2026, la inversión total anual, sujeta a limitación, alcanzaría casi los 938,6 millones/año. Por tanto, la propuesta incluye un elevado nivel de inversiones que sobrepasaría en varios años el volumen máximo de inversión fijado (Real Decreto-ley 23/2020, de 23 junio).
La CNMC considera al respecto que, dada la actual inestabilidad económica derivada de la pandemia, la gran sensibilidad de la limitación retributiva frente a los cambios en las perspectivas macroeconómicas, y la elevada inversión en algunas actuaciones, debería establecerse una senda inversora sujeta al principio de sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico. Esta senda podría revisarse cuando se logre una mayor estabilidad económica.
Finalmente, la CNMC valora positivamente la propuesta que aún tiene pendiente de incorporar las consideraciones surgidas en el trámite de audiencia por los agentes afectados, entre otros, las comunidades autónomas, y de la evaluación ambiental estratégica. Por todo ello, la Comisión considera oportuno valorar de nuevo su contenido, una vez que se disponga de la información consolidada, y antes de que se envíe definitivamente al Congreso de los Diputados.
