El gobierno extremeño, dice el documento, es consciente de la necesidad y obligación de atajar el problema del déficit de tarifa y comparte ese objetivo “siempre y cuando ello no suponga crear un problema para las Comunidades Autónomas. En otras palabras, no es admisible resolver el déficit de tarifa de la nación si al mismo tiempo, en una coyuntura de crisis económica y de desempleo como la actual, se cercena el crecimiento, la inversión y la creación de empleo en una región como Extremadura por la vía del desarrollo de las energías renovables”.
Extremadura ha manifestado por escrito al gobierno central su “rechazo y desacuerdo” a la moratoria porque no tiene en consideración el desarrollo de las energías renovables como sector estratégico para su recuperación económica, porque las primas no son la causa principal del déficit de tarifa, porque no se ha tenido en cuenta la contribución de las renovables a la reducción de déficit público y porque se ha creado incertidumbre, inseguridad jurídica, desconfianza de promotores y fondos de inversión.
Caída de la inversión y del empleo
Los argumentos del gobierno Monago tienen traslación económica. Según sus cuentas la moratoria afecta a 5.463 millones de inversiones y a 327 millones en ingresos municipales. En ambas partidas la tecnología más afectada es la termosolar (3.026 y 182 millones, respectivamente), seguida de la eólica (996 y 58), fotovoltaica (780 y 47), biomasa (486 y 29) y cogeneración (206 y 12).
Igualmente, la afectación al empleo es sensible tanto en las fases de construcción como en la de operación y mantenimiento. En la primera serían 16.360 y en la segunda 4.026. Igual que sucede con la inversión la tecnología más afectada es la termosolar (3.026 y 912), seguida de fotovoltaica (2.774 y 141), eólica (2.707 y 207), biomasa (1.086 y 1.774) y cogeneración (607 y 993).
Cómo reducir el déficit de tarifa
En el documento enviado al Ministerio de Industria, la Junta de Extremadura apunta una serie de alternativas que, en su opinión, “pueden contribuir de manera relevante a la reducción del déficit de tarifa, como consecuencia de incidir en los conceptos que mayor peso tienen en la estructura del coste de la energía”. En concreto identifica siete propuestas para ahorrar un total de 8.300 millones de euros: subvenciones al carbón (500), pagos por capacidad a centrales de ciclo combinado (300), disminución de la retribución al transporte y a la distribución (500), reducción de los “windfall profits” en centrales de generación ya amortizadas (3.000), aplicar al déficit los ingresos de subastas de CO2 en generación eléctrica (1.000), y liquidar CTCs (3.000).
Propuestas parlamentarias
En cuanto a la tramitación parlamentaria, el gobierno extremeño propone que el Real Decreto-Ley 1/2012 que contiene la moratoria renovable se realice como proyecto de ley para que se puedan introducir modificaciones y enmiendas como concretar los plazos de suspensión de los incentivos económicos y del procedimiento de preasignación de retribución, desarrollo y regulación que permita el balance neto de electricidad, régimen económico específico para instalaciones de régimen especial de tecnologías de biomasa y cogeneración que se desarrollen en Extremadura, y un régimen económico adicional a la retribución del mercado de producción de energía eléctrica para proyectos de instalaciones de producción de energía eléctrica de tecnología solar termoeléctrica de carácter innovador, de alta eficiencia energética y de eficiencia en costes que se desarrollen en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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