El sector eléctrico es el único que cada uno de enero tiene garantizados en el Boletín Oficial del Estado (BOE) hasta el 80% de los ingresos que necesita para todo el año. Ello explica lo bien que ha superado las dos últimas recesiones económicas de 2008 y 2020.
Para entender cómo ha funcionado este modelo de capitalismo concesional es muy recomendable la lectura del breve preámbulo del RDL 13/2014, sobre la hibernación e indemnización del almacenamiento de gas “Castor”, que describe el procedimiento por el que los riesgos del sistema energético acaban siempre cargándose a los peajes, sin controles ni auditorías.
Cinco principios regulatorios de la factura eléctrica
El objetivo de la regulación ha sido garantizar al sistema eléctrico y gasista la sostenibilidad de sus ingresos, confundiendo en la metodología del recibo de la luz los costes reconocidos y los costes reales. Cuando esto no ha ocurrido se han cargado a los consumidores los rescates correspondientes, como la moratoria nuclear de 1984, los costes de transición a la competencia de 1998 o el déficit de tarifa de 2002 y el fondo de amortización de la deuda eléctrica de 2009.
En la última década la sostenibilidad de los ingresos del sector energético se reforzó a través de cinco principios regulatorios:
• Todos los déficits del sistema eléctrico y gasista se trasladan automáticamente a los peajes. La Ley 24/2013 y la Ley 18/2014 establecieron este principio por el que se responsabiliza a los consumidores de las erróneas decisiones empresariales y políticas que han incrementado los costes del sistema.
• Pagar más por la potencia contratada que por la energía consumida. En 2013 y 2014, a través de las Ordenes IET 1491 y 107, se incrementó el término de potencia un 92% a los consumidores domésticos y un 145% a los industriales. Se garantizan así los ingresos del sistema penalizando el ahorro y la eficiencia energética. Permite cobrar en el recibo la energía no consumida o la diferencia entre la potencia contratada y la demanda eléctrica.
• Las renovables como un riesgo grave e inmediato para el sistema eléctrico. El RDL 6/2009 consideró las renovables como un riesgo a corto plazo y justificó los posteriores recortes retroactivos a la fotovoltaica. Para asegurar los ingresos de las energías convencionales se aprobó una moratoria para nuevas instalaciones renovables a través del RDL 1/2012.
• Cerrar la competencia en los mercados energéticos a nuevos actores. La Ley 3/2013, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), suprimió los reguladores independientes, impidiendo la trasparencia, la protección de los consumidores y el libre mercado en el sector energético.
• Considerar la eficiencia energética como un sobrecoste para la economía. El voto de España contra la Directiva 2012/27/UE, de eficiencia energética, aseguraba que en 2012 ya se habían alcanzado los objetivos establecidos para 2020 y que nuevos objetivos de eficiencia penalizarían a la economía española. Al considerar la eficiencia energética un coste y menos ingresos para el sistema eléctrico se acabó castigando al consumidor a no poder ahorrar energía.
Las consecuencias de estos principios regulatorios, a los que hay que sumar los costes de las importaciones energéticas, pagos por capacidad, interrumpibilidad, ayudas al carbón, residuos nucleares y demás costes reconocidos, han convertido la factura de la electricidad en un modelo diabólico de extracción de rentas, tanto de renta nacional como de renta disponible, no solo injusto, sino que, debido a su opacidad, ha permitido anteponer el interés corporativo al interés general.
¿Qué impide corregir la conformación de precios de la electricidad?
Según el premio Nobel de economía Joseph Stiglitz, a más competencia bajan los precios y sin competencia es la codicia. La Fundación Renovables, en su informe ¿Qué hacemos con la tarifa eléctrica?, explica cómo el mecanismo de conformación de precios en el mercado mayorista es obsoleto y debe ser modificado para acercar el mercado a la realidad.
La realidad es que la composición del mix de generación eléctrica ha cambiado. De un mercado dominado por los combustibles fósiles se ha pasado a otro con más de una tercera parte de renovables, que llegará a dos terceras partes en 2030. Seguir referenciando el precio de la energía a la fuente más cara, como el gas fósil, en un mercado sin trasparencia ni señales de precio, concentrando la oferta en muy pocos actores, que ignora la gestión de la demanda y los recursos distribuidos, es una condena a pagar la electricidad más cara.
Estas explicaciones no abundan, por lo que debemos preguntarnos por las razones de que, después de miles de páginas en el BOE dedicadas a las sucesivas reformas energéticas de los últimos diez años, aún no se haya corregido el mercado mayorista:
• ¿De quién es el sistema energético español? Los fondos y multinacionales extranjeras han invertido en los diez últimos años 100.000 millones de euros en empresas energéticas españolas, incluidas las redes de distribución. Esta pérdida de soberanía energética se está acelerando en el sector de las renovables con operaciones corporativas de efecto llamada para nuevos inversores foráneos. La prioridad de los nuevos propietarios es la rentabilidad del dividendo, lo que obliga a garantizar aún más sus ingresos, el mayor consumo y los recursos para nuevas operaciones corporativas de compra y venta de activos que eleven su valor.
• El monopolio natural de las redes de transporte y distribución es la base del negocio eléctrico. Su retribución se fija en función de la rentabilidad que el regulador asigna a las inversiones y no en función de la demanda. Hasta la CNMC denunció que se trata de una sobre retribución. La consecuencia es que, aunque el consumo eléctrico descienda, la retribución de las redes siempre aumenta. Se han convertido en objeto de deseo de los fondos de inversión y en la reclamación de las eléctricas para que el gobierno les autorice más inversiones en redes.
• Se carga al consumidor eléctrico el coste de la lucha contra el cambio climático. Si el precio del CO2 sube, la subida se traslada al precio de toda la electricidad, renovable y no renovable. Sin fiscalidad verde rige el principio de neutralidad tecnológica, como sucede con el impuesto ambiental del 7% a la generación eléctrica, que se carga a todas las tecnologías. El resultado es que paga igual el que no contamina como el que contamina y el coste se traslada exclusivamente al precio de la electricidad. Si se tiene en cuenta que los derechos de emisión todavía son gratuitos para las empresas contaminadoras, la neutralidad tecnológica se convierte en todo un fenómeno especulativo.
Solo queda un año para reformar el sector eléctrico
Los informes anuales de APPA sobre el impacto macroeconómico de las energías renovables demuestran que la mayor penetración de renovables en el sistema eléctrico abarata los precios. Si a pesar de sumar miles de nuevos megavatios renovables cada año, los más baratos del mercado, se mantienen los altos precios de la electricidad, es que algo se sigue haciendo mal. Y si se grava la electricidad al 21%, mucho peor.
La Ley 7/2021, de Cambio Climático y transición energética, establece que en seis meses se empezará a valorar la fiscalidad verde y en un año se presentará una propuesta de reforma del sector eléctrico que incluya la participación de los consumidores, la agregación independiente de la demanda, la generación flexible y distribuida, el almacenamiento, la gestión de las redes eléctricas, mercados locales de energía y el acceso de los consumidores a los datos de sus contadores. Es lo que la ley no ha incorporado de las directivas del “paquete de invierno”.
La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha revolucionado el sector energético con más de 50 medidas en tres años que han introducido conceptos que prohibieron los anteriores ministros, Sebastián, Soria y Nadal. Los proyectos de ley del Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico y de redistribución de los dividendos del CO2 pueden abaratar la electricidad más de un 17%. No han gustado a las grandes energéticas porque tocan sus ingresos y corrigen el mercado mayorista.
El peor error que se podría cometer es dejar la transición energética a medias, como ha sucedido con los objetivos de C02 y la generación distribuida. La Comisión Europea ha anunciado el plan “Fit for 55”, que incluirá una revisión de las directivas de fiscalidad, renovables, eficiencia energética y del sistema de comercio de emisiones para adaptarlas al objetivo de reducción de emisiones del 55% en 2030. Todavía gustará menos a las grandes energéticas.
El anuncio de la revisión de las directivas europeas obliga a cumplir los plazos de la Ley 7/2021 para reformar el sector eléctrico en una doble dirección:
1 Que la tarifa eléctrica responda al concepto de pago por uso y no a su utilización para otras políticas. Se trata de corregir la conformación de precios en el mercado mayorista y limpiar la factura de la luz de conceptos distintos al coste de la energía. Es la propuesta del citado informe de la Fundación Renovables, “¿Qué hacemos con la tarifa eléctrica?”, en el que se desgrana partida por partida cómo se puede hacer, incluyendo una fiscalidad que deje de tratar la electricidad como un bien de lujo y no como un servicio básico y universal.
2 Trasladar el poder de mercado al consumidor final como consumidor activo. Se debe abrir la competencia a millones de consumidores a través de la incorporación plena a nuestro ordenamiento jurídico de las directivas europeas de renovables, eficiencia energética y mercado interior de la electricidad. Las directivas protegen a los consumidores otorgándoles nuevos derechos y desarrollan los instrumentos de gestión de la demanda y generación distribuida para que participen en los mercados energéticos, beneficiándose de las ventajas del autoconsumo y los contadores inteligentes.
El “consumidor activo” de la directiva de renovables y el “cliente activo” de la directiva del mercado interior de la electricidad son las figuras que facilitarán la proximidad de la generación al consumo y la mayor capacidad de energía flexible en el sistema. El mercado pasará de estar determinado por la rentabilidad de la oferta de generación a depender de la demanda. Solo así el modelo energético extractivo y derrochador de energía se transformará en un modelo energético inclusivo y eficiente.
Este artículo se publicó primero en La Oficina de Javier García Breva
