En España se han introducido de manera ilegal, durante los años 2018 y 2019, más de 4,6 millones de toneladas equivalentes de CO2 de HFC, gases refrigerantes que se utilizan en sistemas de refrigeración y en los aires acondicionados de la industria de la automoción, hospitales o supermercados, entre otros. Esta cifra sitúa a España como el mayor importador de gases refrigerantes ilegales en Europa.
Estas son algunas de las cifras reveladas por Diego García, director general de Kimikal -en representación de
AEFYT, la Asociación de Empresas del Frío y sus Tecnologías-, en el webinar celebrado ayer, organizado por el Comité Técnico Europeo de Fluorocarbonos (
EFCTC, por sus siglas en inglés) y AEFYT, y dirigido a la industria de la refrigeración y climatización.
Dado el alto potencial de calentamiento atmosférico de los gases refrigerantes HFC, en el año 2015 entró en vigor el reglamento F-Gas, cuyo fin es combatir el cambio climático con la eliminación paulatina de los HFC. El objetivo a nivel europeo es reducir el 79% de su consumo en 2030, respecto a los niveles de 2009-2012. Asimismo, la regulación nace con el fin de estimular el desarrollo de soluciones alternativas y garantizar una competencia justa entre los sectores clave de la economía.
Esto ha significado para la industria la reducción gradual de importaciones de gases HFC de efecto invernadero a través de un sistema de cuotas -que aplica a todos los puntos de acceso a la UE, con el objetivo de controlar la entrada de los gases fluorados en el mercado europeo-. Sin embargo, es en este contexto donde surge el mercado negro de HFC que pretende sortear esta regulación.
Falta de control y bajas sanciones
En España, la entrada en vigor de la F-Gas vino acompañada de un impuesto sobre los gases fluorados que entró en vigor el año anterior, en 2014, y que ha supuesto un agravante añadido para el comercio ilegal en el país, según destacó en el webinar Diego García.
De acuerdo con la AEFYT, la falta de control, las bajas sanciones y las discrepancias entre los estados miembros con respecto a las multas a imponer han facilitado el incumplimiento de la regulación y la evasión de impuestos por parte de organizaciones criminales, introduciendo HFC sin cuota en Europa. La asociación estima que la Agencia Tributaria ha dejado de recaudar alrededor de 50 millones de euros debido a este comercio ilegal, que podría representar hasta 34 millones de toneladas equivalentes de CO2. Esto es, alrededor del 33% en 2018 del mercado legal de gases fluorados permitido en la Unión Europea, en 2018. Ello equivaldría a incorporar 25 millones de nuevos coches en las carreteras europeas, más del número total de coches en uso en España en 2018.
El EFCTC teme, además, que el tamaño de este mercado negro pueda aumentar con la nueva reducción de cuotas en 2021 si no se toman medidas para frenarlo. Y esto tendría el consecuente impacto en los objetivos medioambientales de la UE.