La Proposición de Ley se ha quedado pues en el camino. O sea, que no iniciará su tramitación. Y no lo hará porque la Mesa del Congreso, que podría haber levantado ese veto, no lo ha hecho. La Mesa está compuesta por nueve diputados: 3 del PP, 2 del PSOE, 2 de Ciudadanos y 2 de Unidos Podemos. Pues bien, las 3 diputadas del PP (Ana Pastor, Rosa María Romero y Alicia Sánchez-Camacho) y los dos de Ciudadanos (Patricia Reyes y José Ignacio Prendes) han decidido "no" levantar ese veto. O sea, que esta Proposición de Ley no será tramitada. Han votado a favor de que continuase el procedimiento Micaela Navarro y Juan Luis Gordo (del PSOE) y María Gloria Elizo Serrano y Marcelo Expósito Prieto, de Unidos Podemos-En Comù Podem-En Marea. Desde que comenzó la legislatura, hace solo seis meses, el PP ha empleado el veto en una treintena de ocasiones. En la Mesa del Congreso, la pinza PP-Ciudadanos (169 diputados) ha sido particularmente señalada en dos ocasiones: la que nos ocupa y la referida al autoconsumo.
La coartada que se ha buscado el Ejecutivo Rajoy para paralizar en ambos casos la tramitación parlamentaria -la excusa que ha empleado para hurtarle el debate a los diputados del Congreso- ha sido en ambos casos la misma: "la aprobación de esta Proposición de Ley supondría un aumento de los créditos presupuestarios y una disminución de los ingresos presupuestarios, por lo que el Gobierno no presta su conformidad para su tramitación en virtud de lo dispuesto en el apartado sexto del artículo 134 de la Constitución".
El informe que ha preparado al efecto el Gobierno dice, concretamente, que "la aprobación de la PdL supondría un impacto presupuestario por la disminución de ingresos procedentes del impuesto y la tasa que gravan actualmente las actividades de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos, y que de este modo dejarían de ingresarse". Ese informe apunta más adelante que, "atendiendo a los proyectos actualmente existentes en el área, la aprobación de la PdL podría suponer un impacto presupuestario mínimo de 4,7 millones de euros en concepto de tarifas" (los Presupuestos Generales del Estado de 2017 prevén un gasto de más de 340.000 millones de euros).
El informe continúa diciendo lo siguiente
"La aprobación de la PdL produciría un aumento de los créditos debido a la potencial exigencia de responsabilidad patrimonial por los titulares actuales de concesiones de explotación de hidrocarburos en el área". En ese sentido, el informe -que firma concretamente el Ministerio de Energía- sostiene que, "como orden de magnitud, atendiendo al valor de las reservas probadas existentes, se estima que se incurriría en una posible responsabilidad patrimonial por valor de, al menos, 164 millones de euros suponiendo un precio medio del barril de 50 dólares y al tipo de cambio actual".
La Proposición de Ley, que ha sido presentada por el Parlamento de las Islas Baleares, ha quedado así varada en las playas de la Mesa del Congreso, que están convirtiéndose en un auténtico cementerio de PdLs (alrededor de treinta han sido vetadas con la misma excusa por el PP). "Sentimos vergüenza", ha dicho el conseller de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, Vicenç Vidal, de que el Gobierno español "vete nuestro futuro por 4,7 millones de euros".
¿Indemnizaciones, qué indemnizaciones?
Vidal, por lo demás, ha negado taxativamente que el Gobierno español tenga que indemnizar a las empresas promotoras de prospecciones con 164 millones de euros, como calcula el ejecutivo de Mariano Rajoy, ya que la disposición adicional de la iniciativa legislativa especifica que "las explotaciones de hidrocarburos comprendidas en esta ley pero cuya concesión fueron otorgadas con anterioridad a su entrada en vigor permanecerán vigentes hasta su extinción" (eso sí: "sin que quepa prórroga alguna").
La Disposición Transitoria dice lo siguiente
"La ley será de aplicación a todas aquellas solicitudes de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos o de adquisiciones sísmicas comprendidas en esta ley que a su entrada en vigor no hayan sido resueltas". Con respecto a eso, Vidal reconoce que se trata "de un debate que se puede abrir o bien al Congreso o bien entre los mismos partidos si eso es lo que le preocupa al Gobierno español". El consejero también ha criticado "el doble discurso del PP, aquí y en Madrid" (el Partido Popular votó a favor de la PdL en el Parlament balear). Vidal ha asegurado que el veto a esta iniciativa tiene una talante "antidemocrático", teniendo en cuenta que ha sido aprobada, por unanimidad, en el Parlamento de las Illes Balears.
La Proposición de Ley se estructura en un artículo, una disposición adicional y una disposición transitoria, que excluyen la exploración, la investigación y la explotación de hidrocarburos, u otras sustancias minerales, en el medio marino del mar Mediterráneo sobre el cual el Estado español tiene jurisdicción. También se excluye de este espacio marino la exploración por medio de adquisiciones sísmicas, independientemente de la finalidad, excepto en el caso que esté científicamente demostrado que se utilizan tecnologías completamente inocuas para el medio marino.
Exposición de Motivos
La exposición de motivos que sostiene esta Proposición de Ley del Parlament de las Islas Baleares es prolija. Allí, el proponente señala, entre otras muchas cosas, que "no resulta coherente explorar o investigar nuevos yacimientos de combustibles fósiles cuando la Agencia Internacional de la Energía y Naciones Unidas han puesto de manifiesto que si se quiere evitar los efectos de un cambio climático a gran escala, se debe dejar sin quemar la mayor parte de las reservas disponibles de combustibles fósiles, para no aumentar de forma irreversible las emisiones a la atmósfera de dióxido de carbono (CO2), principal gas causante del calentamiento global del planeta".
Además -continúa la Exposición de Motivos-, dichas actividades de exploración, investigación y explotación "suponen realizar un esfuerzo en sentido contrario a los compromisos adquiridos por la Unión Europea y el Estado de lograr un sector energético eficiente e inteligente basado al cien por cien en el ahorro, la eficiencia y las energías renovables, como única respuesta sostenible al problema del cambio climático".
El Parlament de las Islas Baleares también recuerda en esa Exposición la cada vez mayor conciencia ambiental de la ciudadanía: "en las conclusiones del sondeo internacional World Wide Views Climate and Energy (que fue promovido por la ONU y por el gobierno francés de cara a la Cumbre de París sobre cambio climático de diciembre de 2015, donde se adoptó el Acuerdo de París) se muestra que el sesenta y nueve con dos por ciento [69,2%] de los españoles aboga por «suspender definitivamente la exploración de todas las reservas de combustibles fósiles»".
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