El bono social térmico, una de las primeras medidas impulsadas por el Gobierno para mitigar la pobreza energética en nuestro país, contó en 2020 con un total de 1.270.897 beneficiarios. Esta ayuda permite sufragar los costes de energía destinada a calefacción, agua caliente sanitaria o cocina. Los fondos ahora aprobados, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2021, servirán para sufragar parte de los gastos en los que las comunidades incurren "en las tareas de tramitación" del bono social térmico del ejercicio 2020, fundamentalmente las destinadas a la tramitación, notificación y distribución de esta ayuda a los beneficiarios. La gestión y el pago del bono social térmico, con cargo al presupuesto del Ministerio, corresponde a las comunidades y ciudades autónomas desde 2020.
El reparto de estos fondos se llevará a cabo de manera directamente proporcional al volumen de beneficiarios correspondiente a cada territorio (véase tabla con detalle a la derecha; fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico).
Contexto
La creación de un bono social térmico -explica en su nota el Ministerio- fue una de las primeras medidas que llevó a cabo el Gobierno para mitigar la pobreza energética. Con el objetivo de aliviar la carga económica de las familias vulnerables a la hora de afrontar la factura energética, en 2018 se aprobó un real decreto-ley con el que se reforzaron las medidas de protección de los consumidores, se ampliaron los supuestos para acceder al bono social eléctrico y se puso en marcha, por primera vez, el bono social térmico para sufragar los costes de energía destinada a calefacción, agua caliente sanitaria o cocina.
En 2020 el bono social térmico contó con un total de 1.270.897 beneficiarios en toda España, lo que incrementó en un 16% los hogares protegidos con respecto a 2019. Los Presupuestos Generales del Estado de 2021 destinan 105 millones de euros para la financiación del bono social térmico, lo que supone un aumento del 16% con respecto al año anterior.
A lo largo de este tiempo el Gobierno ha continuado trabajando en el desarrollo y la optimización de las medidas recogidas en la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024.
La pandemia
Además, el Ejecutivo ha adoptado una serie de medidas de protección y acompañamiento a consumidores vulnerables afectados por las consecuencias de la pandemia entre las que destaca la prohibición de cortes de suministro de agua, electricidad y gas a consumidores vulnerables, vulnerables severos o en riesgo de exclusión social.
El Gobierno también ha llevado a cabo la ampliación de la cobertura del Bono Social Eléctrico a los nuevos consumidores vulnerables que, como consecuencia de esta crisis, cuenten en su hogar con, al menos, un miembro de la unidad familiar en situación de desempleo, incluido en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) o que haya visto reducida su jornada laboral por motivo de cuidados.
