La llegada de Teresa Ribera al Ejecutivo de Pedro Sánchez hacía prever algo así. Pocas personas conocen como ella los temas energéticos y ambientales. Pocos habían sido tan críticos con las políticas anti-renovables de los últimos gobiernos del Partido Popular. Y pocos habían sido tan críticos con el impuesto al Sol, “del que se han mofado todos los organismos internacionales”, ha dicho hoy la ministra.
“Tenemos que acabar con todas las trabas burocráticas que han impedido el desarrollo del autoconsumo en nuestro país”, ha insistido Ribera. Que se ha referido a varios puntos recogidos en la nueva norma. Por un lado, “el derecho de autoconsumir la energía eléctrica que se produce, sin tener que pagar ningún cargo”. Por otro, “el derecho al autoconsumo compartido, y más teniendo en cuenta que en España, el 65% de los ciudadanos vivimos en bloques de pisos”.
Ribera ha señalado que tenemos mucho trabajo por delante en este sentido. Y ha recordado que mientras en un país tan soleado como España “solo contamos con 1.000 instalaciones, otros como Alemania, tienen ya un millón”.
Según el comunicado que acaba de difundir el Gobierno, la derogación del impuesto al Sol atiende "a la necesidad de activar de forma urgente e ineludible la transición hacia un modelo energético limpio y accesible para el conjunto de la ciudadanía". Así, la nueva regulación anunciada hoy por la ministra Ribera "elimina una serie de barreras regulatorias que, hasta el momento, han dificultado y desincentivado la implantación del autoconsumo eléctrico en España".
Las claves de la nueva regulación
• se simplifican los trámites burocráticos y técnicos requeridos, como la inscripción en un registro para aquellas instalaciones no superiores a 100 kilovatios;
• se reconoce el derecho al autoconsumo compartido por parte de uno o varios consumidores, lo que permitirá aprovechar las economías de escala;
• y se reconoce el derecho a autoconsumir energía eléctrica sin peajes ni cargos. Queda, por tanto, derogado el cargo que se imponía al autoconsumidor por la energía generada y consumida en su propia instalación, el denominado “impuesto al sol”.
El Ejecutivo considera que "el desarrollo del autoconsumo garantiza a los consumidores el acceso a alternativas más baratas y respetuosas con los límites del planeta, contribuye a reducir las necesidades de la red eléctrica, genera mayor independencia energética y permite reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, es una actividad generadora de empleo vinculado a la transición ecológica, como ya se ha demostrado en países de nuestro entorno".
Prórroga para cumplir con los objetivos en energías renovables
El Gobierno también ha aprobado hoy una serie de medidas que pretenden apoyar el cumplimiento de los objetivos de penetración de renovables fijados por la Unión Europea para 2020, lograr que el 20% del consumo energético provenga de fuentes renovables, y materializar los objetivos del Acuerdo de París en los horizontes 2030 y 2050, España, cree el Ejectivo de Pedro Sánchez, “ha de acelerar la integración de las energías renovables en su mix energético, una cuestión que contribuirá a reducir los costes energéticos en el medio y largo plazo, además de contribuir a la lucha contra el cambio climático, al que nuestro país es especialmente vulnerable”.
El Real Decreto-Ley aprobado hoy incorpora medidas para eliminar, de forma inmediata, barreras normativas que obstaculizan esta transición energética. Una de ellas será otorgar una prórroga excepcional, y por una sola vez, para los permisos de acceso y conexión otorgados con anterioridad a la aprobación de la Ley 24/2013, en cuya ausencia caducarían el próximo 31 de diciembre de 2018.
Mediante esta prórroga, hasta el 31 de marzo de 2020, se posibilitará la entrada en funcionamiento en 2020 de los cerca de 9.000 MW de potencia adjudicada en las últimas subastas de renovables y anteriores procedimientos. En la actualidad, apenas se han instalado 100 MW. La media evita que deba remitirse una nueva solicitud, tramitación y otorgamiento, algo que impediría alcanzar los objetivos internacionales acordados por España.
En la misma línea, se adoptarán medidas tendentes a evitar la especulación y asegurar la finalización de los proyectos con derechos de acceso a la red otorgados, elevando las garantías exigidas e imponiendo obligaciones de reporte del grado de avance de los proyectos, lo que redundará en unos menores costes y, en último término, menores precios para los consumidores.
