ASECE ha declarado a Energías Renovables que la ILP ya está calificada, “tan solo estamos a la espera de la evaluación del Senado, la cual esperamos esta semana”, añade. La asociación explica que tomó la decisión de presentar la ILP “después de conocer las discrepancias en los datos aportados por el Gobierno, los cuales pueden concluir en el desconocimiento real de si verdaderamente existe o no una deuda económica con las empresas eléctricas”.
Higiene democrática
ASECE pide que se instrumente un marco legal mediante el cual se determine con precisión en qué consiste ese “déficit de tarifa eléctrico”, a que corresponden sus partidas (de existir), qué segmento de los costes regulados por el Gobierno son los que disponen de mayor margen para ser modificados y, finalmente, qué tipo de obtención de energía ha de ser la que disponga de mayor ayuda por parte del Estado, en función de un estudio económico independiente y pormenorizado, con el fin de optimizar los verdaderos gastos que implican al Estado y, consecuentemente. a la sociedad y al ciudadano.
“La higiene democrática que requiere esta situación es fundamental para un correcto funcionamiento del Estado, permitiendo a los ciudadanos conocer con transparencia y realidad el origen de cualquier deuda que pudiera existir en relación con el sector eléctrico”, indica ASECE, que aporta una contundente exposición de motivos avalando la ILP. Entre otros, los siguientes:
• El Real Decreto-Ley 9/2013 no nace ni por la urgente necesidad ni mucho menos por la extraordinaria circunstancia de proteger a las instituciones básicas del Estado y los derechos de los ciudadanos. Más bien todo lo contrario. El objetivo de este cuadragésimo segundo Real Decreto-Ley de la X Legislatura de la democracia española, no es otro más que el de proteger a un reducidísimo grupo de empresas del sector energético, las cuales exigen unas determinadas cantidades dinerarias en concepto del denominado “déficit de tarifa eléctrico”, poniendo en perjuicio los intereses económicos de los ciudadanos españoles.
• Este reducido número de empresas energéticas han obtenido en tan solo el ejercicio 2012 un beneficio después de impuestos superior a los 13.570 millones de euros, por lo que la extrema urgencia y necesidad de promulgar un Real Decreto-Ley conforme a lo establecido en el artículo 86 de nuestra Constitución se podría considerar desproporcionado y sin sentido alguno. No existe ninguna emergencia tal como para este extremo.
• La cadena de Reales-Decreto-Ley (promulgados por este y anteriores gobiernos) no ha conseguido en modo alguno equilibrar el déficit de tarifa del sector eléctrico por parte de ningún gobierno de España desde la liberalización del sector eléctrico. No se ha conseguido exponer correctamente un mecanismo adecuado, preciso y objetivo para terminar con esta deuda “virtual” que dicen existir pero no saben dónde está.
Recogida de firmas
Después de que se pronuncie el Senado esta semana se abrirá un plazo de seis meses para recabar las firmas necesarias –el mínimo son 500.000– para que la Iniciativa sea debatida en el Congreso de los Diputados. “Si los políticos no consiguen ponerse de acuerdo, los ciudadanos lo conseguiremos”, asegura a ER Adrián Sánchez Molina, presidente de ASECE.
La asociación está preparando una página web –www.quieroauditoriaenergetica.org–, que activará en breve a fin de que toda persona que lo desee pueda participar activamente en esta ILP llevando su firma al Congreso.
