Es cierto que, de un tiempo a esta parte, el precio del kWh en el mercado mayorista se ha desbocado. También lo es, aunque desde el Gobierno se nos quiera vender que esta situación anómala es principalmente consecuencia de la invasión rusa a Ucrania, que este crecimiento exponencial empezó en el primer trimestre de 2021. Apunto todo esto, porque creo que es una prioridad absoluta del Ministerio del Ramo y del Gobierno de turno velar por los intereses de todos los consumidores, y actuar, en función de sus competencias, sobre el mercado y los costes del sector eléctrico ante cualquier situación imprevista que ponga en riesgo la economía nacional.
Por ello, y aunque me defino como una persona liberal, estoy de acuerdo con una gran parte de las medidas adoptadas para la contención de precios, aunque con matices. O lo que es lo mismo, de acuerdo en el fondo, pero no en las formas.
Así, y en línea con lo anterior, no puedo dejar de estar de acuerdo con la idea de “topar el precio del gas” para contener el precio del mercado eléctrico de la electricidad. Hago un inciso: me parece de “cum laude” de marketing cómo maneja el Gobierno los eufemismos: “resiliencia”, “empoderamiento”, “topar”, etc. Creo que, además, la idea de hacer mercados diferenciados en función de las tecnologías, que sería lo óptimo, no debe ser nada sencillo ni técnica, ni económica, ni regulatoria, ni jurídicamente, por lo que esta opción me parece la más acertada. Sin embargo, la forma en que se ha instrumentado la medida (el 31 de mayo, cuando escribo esto, todavía no ha sido aprobada desde Bruselas) me parece que podría dar pie a la especulación por parte de algunos.
Me explico de forma resumida. El Ministerio reconoce diariamente un coste del gas en términos de €/kWh y las comercializadoras abonan este importe a los productores que utilizan este combustible. Dichos productores, y aquí viene el matiz, como saben que el importe se les “devolverá” reducen sus costes variables en dicho importe y, así, el precio de su oferta es menor bajando el precio final del mercado.
Sobre el papel esto tiene sentido, ahora bien, siempre existe la posibilidad de que estos productores puedan inflaccionar levemente el resto de costes variables, lo cual es indetectable, percibiendo por tanto una sobre retribución. Por otro lado, ¿qué pasa si quien marca el precio es la gran hidráulica, como ha ocurrido en el pasado? ¿se encontrarán estas tecnologías sobre retribuidas? Reconozco que no soy un experto en el tema, pero este mecanismo, que insisto me parece necesario, tiene algunas lagunas que generan intranquilidad.
Por otro lado, entiendo que ante los precios desbocados del pasado (111€/MWh de media en 2021 y más de 120€/MWh previstos para 2022) sea necesario adelantar el Recore de las renovables y que, además, el ajuste que se va a derivar de este adelanto, en caso alguno puede considerarse como retroactivo. Si atendemos a la realidad del mercado, las instalaciones tipo sobre las que se calcula el Recore de todas las instalaciones renovables han tenido una sobre retribución en 2021 y tendrán una mayor en 2022; baste señalar que hemos tenido picos de pool a 700€/MWh. Ahora bien, lo que no me parece justo es que el Ministerio solo actúe cuando el precio del pool juegue en su contra y no cuando le favorezca, por ejemplo en 2020 cuando el pool medio anual se situó por debajo de los 40€/MWh y la previsión era de más de 50€/MWh.
Además, tampoco tiene sentido que esta revisión sea excepcional y que el mecanismo vuelva a su senda a partir de 2023 (aunque para las instalaciones de más de 10 MW cambie de forma sustancial), es decir con revisiones cada 3 años. Sobre todo porque no alcanzo a entender cómo no se ha aprovechado la circunstancia para hacer estas revisiones anualmente. Tanto el Ministerio como el Regulador tienen toda la información que necesitan para hacer actualizaciones anuales.
Entonces, ¿por qué actualizar el mecanismo cada tres años? ¿no será que así solo actúan cuando no les conviene y lo dejan estar cuando es favorable a sus intereses?
