La ley, llamada de Incentivos y Promoción del Transporte Eléctrico, "permite regular y fortalecer las políticas públicas para incentivar su uso dentro del sector público y en la ciudadanía en general", según se informa desde el gobierno costarricense.
También se asegura que con esta legislación "el país da un importante paso que logra vincular el desarrollo eléctrico, los recursos naturales y el transporte, como parte de una estrategia de sostenibilidad energética con un bajo nivel de emisiones a largo plazo", en el marco del llamado VII Plan Nacional de Energía (2015-2030).
Los principales beneficios para los usuarios y productores de vehículos eléctricos que otorga la Ley, además de no estar sujetos a la restricción vehicular, contempla la no obligación, según valor del vehículo, de no pagar ni el impuesto general sobre las ventas, ni el selectivo de consumo, ni el aplicado sobre el valor aduanero, ni el de propiedad para los vehículos eléctricos.
Por lo mismo, ese criterio se aplica en los repuestos de vehículos eléctricos, como del equipo para su ensamblaje y producción. Un dato relevante más en cuanto a la circulación, es que los vehículos eléctricos estarán libres del pago de parquímetros y de otras zonas afines.
Actualmente se contabilizan alrededor de 20 estaciones de recarga y se anuncia que 41 serán instaladas durante este año.
