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Presentada en el Congreso una propuesta de Ley de Movilidad Sostenible

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Comisiones Obreras, el grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (IU-ICV), Los Verdes, WWF/Adena, Greenpeace y Ecologistas en Acción presentaron ayer una Proposición de Ley de Movilidad Sostenible, con el objetivo final de que, antes de ocho años, el Ministerio de Fomento pase a destinar solamente el 50% a infraestructuras y el 50% restante a la gestión de la movilidad sostenible. La iniciativa incluye una batería de propuestas para gestionar la movilidad de las personas y del transporte de mercancías dirigidas a la sostenibilidad y la seguridad en la lucha contra el cambio climático, para la que “es posible implementar medidas efectivas”.

Hacia un Ministerio de Transporte y Movilidad
“El Gobierno –afirman los promotores de la propuesta– la había prometido desde el principio de la legislatura, pero no ha tomado ninguna iniciativa al respecto”. En este sentido, los diferentes representantes presentes en la rueda de prensa han instado al Gobierno español a pasar de “las palabras a los hechos” apoyando esta Proposición de Ley en el Congreso.

La iniciativa parlamentaria –que se registrará en los próximos días en el Congreso– busca impulsar el transporte colectivo, el transporte no motorizado y la puesta en marcha de directivas de movilidad sostenible en coordinación con las entidades locales y de las comunidades autónomas. Asimismo, se pretende que el Ministerio de Fomento cambie la denominación por el de Ministerio de Transporte y de Movilidad.
Esta proposición se registrará pocos días antes de que el Consejo de Ministros anuncie la aprobación de un real decreto de medidas urgentes contra el cambio climático.

16.000 muertos prematuros por contaminación
Joaquín Nieto, secretario de medio ambiente y salud laboral de Comisiones Obreras, ha asegurado que ésta es “una ley de reducción de costes” puesto que la mala calidad del aire provoca graves problemas sanitarios y ambientales. En este sentido, Nieto ha recordado que cada año se registran en España 16.000 muertes prematuras por la contaminación. Además, ha recordado que se producen 400 muertos anuales en desplazamientos al trabajo.

Por su parte, Joan Herrera ha instado al Gobierno a recoger los planteamientos de esta proposición de ley en las propuestas que piensa impulsar, comprometiéndose a presentar un Real Decreto Ley que permita un desarrollo legislativo en temas como movilidad, ahorro y eficiencia, ley de energías renovables y fiscalidad verde. “El Gobierno se ha apalancado con los últimos datos de reducción de emisiones”, ha dicho Herrera.

Para Paco Segura, responsable de Transporte de Ecologistas en Acción, hasta hoy en España ha existido “una clamorosa ausencia de planificación” en infraestructuras y “una inexistente planificación sostenible”, una opinión compartida por Mar Asunción, responsable de cambio climático de WWF/Adena y por Raquel Montón, de Greenpeace.

Áreas comerciales, zonas de ocio y campus
La proposición de ley registrada hoy recoge la necesidad de que, a partir de los planes de movilidad urbana, los ayuntamientos desarrollen planes de movilidad sostenible a los polígonos industriales o empresariales, así como a las grandes áreas comerciales, parques de ocio o campus universitarios de ámbito territorial.

Los ayuntamientos y, en su caso, las autoridades de transporte público (ATP) establecerán las formas y porcentajes de financiación por parte de las empresas del transporte público o colectivo. También se recoge que las empresas que dispongan de servicios de transporte colectivo para sus trabajadores que cubran al menos un 25% de sus viajes al centro de trabajo estarán exentas de esta contribución.

Asimismo, las empresas o administraciones públicas con centros de trabajo de más de 200 trabajadores elaborarán y desarrollarán en los mismos planes de transporte de empresa que reduzcan la utilización del automóvil en el transporte de sus trabajadores y fomenten otros modos menos contaminantes. Las empresas presentarán estos planes al ayuntamiento correspondiente.

A través de esta ley se crearía el Consejo Nacional de la Movilidad Sostenible como órgano consultivo, asesor y de concertación y participación de las administraciones, organismos, corporaciones, entidades y sectores sociales vinculados a la movilidad.

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