La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) ha presentado un nuevo informe con propuestas para favorecer el despliegue de la infraestructura de recarga de acceso público y privado en los entornos urbanos como una metodología para el cálculo de la potencia instalada que podría aplicarse a cualquier municipio de forma particular. De esta forma, Anfac pretende facilitar una nueva herramienta para ayudar a las instituciones públicas, tanto a la Administración General del Estado como a las Entidades Locales, a desarrollar los planes de movilidad urbana sostenible en cada una de las ciudades del país. Anfac incluye un conjunto de diez recomendaciones con las que la asociación quiere favorecer el despliegue de infraestructura de recarga para vehículos eléctricos puros e híbridos enchufables en entornos urbanos, apoyando con ellos los planes ya existentes de las instituciones competentes.
1) Recomienda a las entidades locales contar con un órgano de gobernanza que coordine las políticas de movilidad y urbanísticas a través de las distintas áreas de la administración afectadas (Vivienda y Urbanismo, Movilidad y Transportes, Medio Ambiente, etc.), sobre la base de una planificación a largo plazo y procedimiento de seguimiento definido. Esta planificación es necesaria para garantizar el despliegue de la electromovilidad, la eficacia de las medidas y el cumplimiento de los compromisos y obligaciones establecidos en materia de descarbonización. Pero lo es, también, y de modo muy importante, para dar tranquilidad al ciudadano en la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones, de modo que las obligaciones progresivas que se le imponen se acompañen de una estrategia de despliegue de infraestructura de recarga que las facilite. De lo contrario, si se desacoplan las obligaciones de las facilidades, hay riesgo de que el esquema falle.
2) Ees recomendable el desarrollo de formación y procedimientos específicos para el personal municipal, así como el dimensionamiento de este, para favorecer y agilizar la tramitación de las autorizaciones, licencias y permisos para la instalación de puntos de recarga. Adicionalmente, la formación para el personal municipal deberá contar con una introducción amplia sobre el reto que supone la descarbonización en el sector transporte y también aclarar los falsos mitos entorno a la movilidad eléctrica.
3) Debe desarrollarse un marco regulatorio que permita conocer, de manera pública, la capacidad disponible en los puntos de acceso de las redes de transporte y distribución de electricidad en la ciudad. La correcta planificación del despliegue de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos depende de la capacidad disponible en cada punto del municipio.
4) Las entidades locales deben enfocar bien, desde el punto de vista económico y técnico, las licitaciones de suelo público para la instalación y gestión de puntos de recarga por parte de empresas privadas, garantizando la máxima eficiencia y viabilidad de estos procesos.
5) Se recomienda que, en la renovación de las concesiones de estaciones de servicio en suelo municipal, las entidades locales introduzcan nuevos requerimientos para incluir el despliegue de la infraestructura de recarga para vehículos ligeros y pesados, transformando así las estaciones de servicio en “estaciones multienergía”. La propuesta de “estación multienergía” permite la integración de infraestructura de recarga junto con el resto de los combustibles convencionales.
6) Las entidades públicas deben analizar, planificar y favorecer la instalación de infraestructura de recarga en los aparcamientos públicos para residentes y aparcamientos mixtos (rotación/residentes). Estos aparcamientos pueden configurarse como grandes hubs de recarga ante la necesidad de hacer un uso racional de la vía pública y el bajo porcentaje de viviendas con garaje en España. Para lograrlo, deben eliminarse, en la medida de lo posible, las barreras para desplegar infraestructura de recarga en estos espacios, que son de índole normativa y económica fundamentalmente.
7) Se recomienda que las entidades locales modifiquen sus ordenanzas fiscales para poder hacer uso del marco de flexibilidad que ofrece el Real Decreto-ley 29/2021, que establece la posibilidad de que las entidades locales puedan desarrollar medidas en el ámbito fiscal para contribuir al despliegue de los puntos de recarga de vehículos eléctricos.
8) Se considera necesario aumentar los compromisos de reducción de emisiones de CO2 en las contrataciones públicas a nivel municipal para adelantar 5 años los del sector privado. En este caso, implicaría incrementar los objetivos de vehículos limpios de contratación pública en 2030 hasta el 100% para turismos, vehículos comerciales ligeros y autobuses urbanos y hasta el 50% para camiones. Esta recomendación se extiende también a lo referente a los puntos de recarga en los aparcamientos, aconsejando que la exigencia se extienda a los aparcamientos adscritos a edificios de cualquier Administración Pública, llegando hasta el 50% de las plazas de aparcamiento con puntos de recarga a partir del 31 de diciembre de 2025 y el 100% en 2030.
9) Es recomendable el desarrollo de campañas institucionales de concienciación ciudadana y empresas en torno a la electromovilidad, debiendo éstas suponer un porcentaje mínimo obligatorio del presupuesto de Concienciación Ciudadana o de Medioambiente, con el fin de asegurar que sean campañas potentes con impacto duradero en gran parte de la población. Estas campañas, en el caso de provenir de los organismos públicos, generan un nivel de confianza y un efecto tractor sobre la población imposible de alcanzar con campañas privadas de cualquier tipo.
10) Se recomienda trabajar con sectores estratégicos vinculados a los municipios (p.e. hoteles, centros comerciales, etc.) para favorecer, incentivar y potenciar el despliegue de infraestructura de recarga de acceso público en sus aparcamientos yendo más allá de lo obligatorio. En este sentido, la regulación actual marca que antes del 1 de enero de 2023, los edificios no residenciales privados y los parkings no adscritos a edificios tienen que instalar puntos de recarga cuando tengan más de 20 plazas de aparcamiento, de un modo proporcional al número de plazas. Con carácter general, dispondrán de una estación de recarga por cada 40 plazas o fracción, hasta 1.000 plazas.
Cálculo de la potencia instalada
Junto a este decálogo, también se ha planteado una metodología para el cálculo de la potencia instalada necesaria de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en los municipios. Esta herramienta busca convertirse en un instrumento que facilite a las entidades públicas la planificación, seguimiento y monitorización del desarrollo de medidas que puedan favorecer el despliegue de la red de recarga. De esta forma, Anfac pretende colaborar en la homogenización y simplificación de procesos, facilitando con ello el despliegue de la electromovilidad y la implementación de planes de movilidad urbana sostenible.
Para elaborar esta metodología, se ha realizado un análisis del parque circulante de cada municipio, teniendo también en consideración sus circunstancias particulares, como la densidad de vehículos electrificados o el aumento del tráfico de manera diaria o por temporada turística, con el objetivo de calcular la potencia instalada de puntos de recarga de acceso público necesaria para dar servicio a todos los vehículos que circulan por el municipio. En base al análisis, el informe de Anfac presenta la senda deseable de potencia instalada a 2035 para el despliegue de infraestructura de acceso público de las diez ciudades más pobladas de España. Entre ellas, el informe ha determinado que una ciudad como Madrid, con una elevada población y parque circulante, una elevada cuota de vehículo eléctrico puro e híbrido enchufable y un porcentaje de viviendas con garaje privado similar, pero inferior, a la media española, debería fijar unos objetivos de potencia instalada de 259,47 MW en 2025, 823,85 MW en 2030 y 1.522,58 en 2035. A cierre de 2024, la capital española cuenta con una potencia de 76,53 MW.
Zaragoza, por su parte, una ciudad de tamaño medio y menor población que Madrid, dispone de unas condiciones de partida diferentes, con una cuota de vehículo eléctrico puro e híbrido enchufable por debajo de la media nacional, pero con un alto porcentaje de viviendas con garaje privado. Por este motivo, partiendo de una base de potencia instalada de 24,41 MW en 2024, ANFAC establece sus objetivos en 22,63 MW en 2025, que ya estaría cumplido, 102,1 MW en 2030 y 275.2 MW en 2035.
Por otro lado, además de ayudar a determinar la senda deseable de potencia instalada en cada entorno urbano, el informe también plantea la dificultad de establecer una estrategia única para desplegar la infraestructura de recarga de acceso público, fundamentalmente por la disparidad de las características geográficas, demográficas y parque de vehículos. Por ese motivo se puede llegar a tener tres tipos de despliegue de infraestructura de recarga de acceso público distintos. En primer lugar, un despliegue homogéneo con puntos con potencias relativamente bajas distribuidos por todo el territorio, al estilo del desarrollado en París. En segundo lugar, un despliegue en HUBs con puntos de mayor potencia ubicados en ciertas zonas concretas del territorio, como el desarrollado en Londres. Por último, se plantea la posibilidad de un despliegue mixto, combinando puntos de menor potencia distribuidos homogéneamente con zonas concretas con un gran número de puntos de recarga de alta potencia, similar al modelo de Berlín.
