El Consejo de Ministros, a petición del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), ha aprobado un Real Decreto que prorroga hasta el 31 de julio de 2024 el programa de incentivos para la movilidad eléctrica (Moves III), prolongando siete meses más su vigencia, que de otro modo vencería a final de año. Con la medida, el Ejecutivo mantiene el apoyo sostenido a la electrificación del transporte y se cubre el período estival en el que se registra el pico anual de ventas de automóviles. Esta línea de ayudas está dotada con 1.200 millones de euros, después de experimentar dos ampliaciones presupuestarias por el gran número de solicitudes recibidas.
El Moves III es uno de los principales programas de ayuda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), destinado a fomentar la compra de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga. Está gestionado por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) y las comunidades autónomas, responsables de la distribución final a los beneficiarios. El PRTR establece el hito de alcanzar 238.000 peticiones de ayuda para vehículos eléctricos y puntos de recarga en 2023 y el objetivo está cumplido: hay más de 250.000 solicitudes registradas y aún se dispone de unos 290 millones para seguir atendiendo la demanda. El Real Decreto 266/2021 ha decidido prorrogarlo siete meses más para mantener el fomento de la electrificación del transporte y avanzar con firmeza en la consecución del objetivo de disponer de 5,5 millones de vehículos eléctricos circulando en 2030.
Cambios en las bases reguladoras del programa
La nueva norma introduce cambios en las bases reguladoras del programa que se derivan de la modificación del Reglamento General de Exención por Categorías incluida en el Reglamento (UE) 2023/2015, cuya adaptación debe realizarse antes del 31 de diciembre de 2023. Estas modificaciones europeas no afectan ni a particulares, ni autónomos, ni comunidades de propietarios o administraciones públicas. Por ejemplo, limitan a 150 millones el presupuesto anual que puede adscribirse a cada uno de los programas de ayuda específicos para empresas, y exigen que los puntos de recarga que éstas instalen con potencias hasta 22 kilovatios (kW) cuenten con funcionalidades inteligentes. Se calcula que afectan a menos del 2% de los expedientes.
