La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) es un proyecto de rehabilitación a escala de barrio. El RD 1052, que regula las zonas de bajas emisiones, es una norma urbanística que obliga a los municipios a un diseño urbano que contemple medidas de reducción de emisiones a través de la regulación del tráfico, la movilidad y el reparto modal, la proximidad de zonas verdes, rehabilitación de edificios, sustitución de calderas fósiles, recarga de vehículos eléctricos, monitorización de la huella de carbono del parque edificado, del ahorro de energía y del ruido. La ZBE es un instrumento de adaptación de las ciudades al cambio climático con medidas para mejorar la calidad del aire, la salud de los habitantes, la contaminación acústica y la calidad del urbanismo. El RD 1052 propone intervenciones para atenuar el efecto ´isla de calor`, el aumento de zonas verdes, sistemas de drenaje y captación de aguas, rehabilitación energética, calefacción sin emisiones, reducción del uso del vehículo privado frente al transporte público y otros modos de transporte, incluyendo servicios de recarga para vehículos eléctricos.
La Zona de Bajas Emisiones impulsa la figura de ´zonas tranquilas` para combatir el ruido, frente a la invasión ilimitada del espacio público, y el concepto de ´renaturalización de las ciudades` para extender las zonas verdes, la protección de ecosistemas y la biodiversidad en el ámbito urbano como medidas de protección de las personas frente a las consecuencias del cambio climático y la pérdida de habitabilidad de edificios y viviendas. Las ZBEs constituyen un modelo de rehabilitación a escala de barrio. Es una visión inédita de las normas urbanísticas y planes de ordenación municipal que modifica los usos de la energía en los edificios y el transporte. El protagonismo de las corporaciones locales es un reconocimiento de la importancia de anteponer las cadenas de valor locales y distribuidas a las cadenas de valor centralizadas y verticales en la adaptación al clima por su mayor eficacia y viabilidad.
Revertir las ZBEs es normalizar la desidia climática
En enero de 2024 solo 3 de los 24 grandes municipios tenían una ZBE. En julio de 2024 el Ministerio para Transición Ecológica y el Reto Demográfico tenía constancia de que 24 de los 151 municipios obligados la habían implantado. Las ordenanzas municipales de movilidad no se han planteado para reducir las emisiones. En las islas Baleares y Canarias no hay Zonas de Bajas Emisiones. Desde agosto de 2023, las corporaciones municipales gobernadas por la derecha y extrema derecha comenzaron a revertir las ZBEs, rebajando y aplazando las medidas, para reducir al mínimo su extensión y efectos, sin perder los fondos europeos. Mientras tanto, las ciudades se derretían por el calor, la mala planificación urbana y un parque de viviendas antiguo e ineficiente. La situación no ha cambiado en diciembre de 2024, según el Defensor del Pueblo.
La indolencia municipal refleja la indiferencia ante los efectos de las variaciones del clima en España, incluso en las zonas más vulnerables al cambio climático, como Valencia. El Tribunal de Cuentas, en su informe de diciembre de 2024 sobre fiscalización de las medidas de ahorro y eficiencia energética en el ámbito local, señala el incumplimiento generalizado de la Ley 7/2021, de Cambio Climático y Transición Energética, en los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) y eficiencia energética en edificios públicos por parte de los ayuntamientos.
La libertad para usar el coche, el motor de combustión y ocupar el espacio público se ha impuesto. Es la rebelión de las ciudades contra las ZBEs, que ha encontrado el respaldo de los tribunales superiores de justicia de Madrid y Cataluña, que las anularon parcialmente por su impacto para los colectivos más vulnerables, a pesar de que el decreto promueve el menor uso del vehículo privado y no el cambio de vehículo. Celebrar como recuperación de la libertad la anulación de las ZBE es presumir de dejar sin efecto planes urbanos para reducir las emisiones y la contaminación atmosférica, responsable, según la Organización Mundial de la Salud, de que más del 90% de la población respire aire contaminado y más de 20.000 muertes prematuras al año en España, según la Agencia Europea del Medio Ambiente.
Corregir la inhabitabilidad del espacio urbano es la finalidad última de las ZBEs y eso no significa ni pérdida de libertad ni penalizar a los más pobres. La rebelión contra las ZBEs, por el contrario, pone un precio tan alto a derechos fundamentales, como la salud, el acceso a una vivienda confortable, segura y eficiente, que acaba expulsando a los vecinos de sus casas y ciudades, objetivo último de la especulación inmobiliaria.
Una responsabilidad local
El daño está hecho y el atraso de España en la adaptación al cambio climático es un coste económico y social que no para de crecer. El Observatorio de la Transición Energética y Acción climática (OTEA) y el Observatorio Sostenibilidad (OS) han calculado para 2024 un crecimiento del 1% de las emisiones en España. Mientras crecen las renovables hasta el 56,8% de la generación eléctrica, las emisiones solo se han reducido un 3% desde 1990. La lentitud de la descarbonización y electrificación del transporte, así como el escaso apoyo a la rehabilitación de viviendas nos alejan definitivamente del objetivo climático de 2030.
El pasado mes de diciembre, el Tribunal Constitucional (TC) abrió la posibilidad de cambiar la jurisprudencia, hasta ahora reticente a cumplir las directivas europeas que protegen el medio ambiente y a los consumidores, al admitir a trámite el recurso de Greenpeace, Ecologistas en Acción y Oxfam contra la poca ambición climática del Gobierno de España. Deberá establecer doctrina constitucional, hoy inexistente, sobre la defensa de los derechos fundamentales de las personas que los impactos del cambio climático destruyen. Cuanto más tarde el TC en corregir la indefensión de la sociedad frente al cambio climático, más irreversibles serán los daños personales y materiales. Los fenómenos meteorológicos extremos irán a más si no nos tomamos en serio los problemas del clima y si no se transforma el modelo rentista de producir y consumir en una gestión sostenible de los recursos.
Las lecciones del real decreto 1052
El sociólogo Ulrich Beck, en su libro La metamorfosis del mundo (2017), analizó cómo en las ciudades es donde mejor se perciben los desafíos globales, como la contaminación atmosférica, el transporte, el empleo, el urbanismo o la energía distribuida, porque es donde antes afectan a la vida cotidiana. Son los ayuntamientos quienes mejor los pueden resolver por su proximidad a los problemas, a diferencia del espacio donde los arrinconan las políticas nacionales. La primera lección del Real Decreto de las Zonas de Bajas Emisiones es que las ciudades son los principales actores de la lucha contra el cambio climático. Son las que pueden tomar decisiones para que el cemento, el asfalto, la insaciable ocupación del espacio público y la pobreza energética de los hogares se corrijan en la planificación urbana.
La segunda lección del RD de las Zonas de Bajas Emisiones es que es posible anticiparse a los efectos del cambio climático haciendo las cosas de forma diferente a como se han hecho hasta ahora: más zonas verdes y árboles, proteger los ecosistemas, no construir en zonas climáticamente vulnerables, más transporte público, cambio modal, movilidad activa, servicios de vehículos eléctricos, rehabilitación de viviendas, sustitución de calderas fósiles, redes de calor y frío, autoconsumo, comunidades energéticas, redes cerradas, edificios y vehículos de cero emisiones, huella de carbono de la movilidad y del parque edificatorio y control del ruido.
Desvirtuar las ZBEs es la peor forma de negacionismo climático. Según el sociólogo Jeremy Rifkin, Europa es el continente más amenazado por el cambio climático. "El Mediterráneo y España en particular, son los canarios en la mina". Si los ayuntamientos y las comunidades autónomas no ejercen sus competencias exclusivas en urbanismo y vivienda para mitigar y adaptarse a los impactos del clima, el daño a la población será incalculable.
