La disolución de las Cortes, como consecuencia de la convocatoria de elecciones generales anticipadas del 23 de julio, ha provocado el decaimiento de una serie de proyectos de ley de gran relevancia que se estaban tramitando. Entre ellos, el de Movilidad Sostenible. Pues bien, 14 organizaciones sociales, sindicales, juveniles, ambientales y ecologistas han solicitado hoy “al nuevo gobierno que se constituya tras las elecciones generales” que respete el compromiso adquirido con la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) de aprobar una Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte (Medida R2 del Componente 1 de la Palanca I del PRTR).
Para ello, se han dirigido por carta a los principales partidos políticos para plantearles la inclusión en sus respectivos programas electorales de una serie de propuestas sobre movilidad sostenible y descarbonización del sector transporte.
«En un contexto de emergencia climática y crisis ambiental sin precedentes, confiamos en que todos los partidos políticos asuman el compromiso de que al principio de la siguiente legislatura se apruebe una Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte Público que permita avanzar eficazmente en la descarbonización del sector transporte-movilidad y en la implementación de un sistema multimodal de transporte, descarbonizado, eficiente, sostenible, justo e inclusivo en España»
Las 14 entidades considera que la aprobación de una Ley de Movilidad Sostenible y de Financiación del Transporte Público es fundamental por tres razones clave
● Lucha contra el cambio climático
El sector del transporte es, a día de hoy, extraordinariamente dependiente de los combustibles fósiles, hasta el punto de ser el principal responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero en España: un 29,6% del total de dichas emisiones en 2021, según datos del propio Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
● Proteger la salud pública
El sector del transporte es uno de los principales responsables de la mala calidad del aire que respiramos, que es considerada responsable de más de 300.000 muertes prematuras en Europa y de alrededor de 20.000 en España, cada año. Además, su impacto es multimillonario en costes sanitarios.
● Razones económicas
Impulsar una movilidad sostenible, ergo descarbonizada, es promover el empleo y la economía verde. Por otro lado, las circunstancias actuales –de crisis climática e incertidumbre derivada de la guerra de Ucrania- exigen dar respuestas estables a la financiación del transporte.
Los 14 solicitan
«En la próxima campaña electoral, los partidos políticos deben explicar a la ciudadanía qué proponen en materia de movilidad –medidas concretas- para evitar el impacto negativo que a la salud pública, al clima y a la economía percute el actual modelo de transporte, que es ineficiente, contaminante e insostenible, y qué piensan hacer para avanzar hacia la descarbonización de este sector»
Además, estas 14 organizaciones han pedido a los partidos que incluyan en sus programas electorales que el articulado de esa futura Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte Público contenga los siguientes puntos.
● Obligación de conseguir la neutralidad climática del sector transporte-movilidad lo antes posible (y siempre antes del año 2050) con objetivos intermedios de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030 y 2040 en relación a los niveles de emisión existentes en 1990.
● Objetivos concretos de mejora de calidad del aire para todas las ciudades en 2030 en línea con los valores guía de la Organización Mundial de la Salud en su versión más reciente.
● Excluir cualquier referencia explícita o implícita a la consideración de cualquier combustible fósil como posible energía alternativa o combustible de transición.
● Concretar mecanismos de financiación del transporte público para garantizar la calidad y sostenimiento del sistema, a largo plazo y de forma estable, fijando una aportación mínima y máxima del Estado a la financiación del transporte público, y concreción de las otras fuentes de ingresos de las que debe nutrirse el sistema.
● Recoger medidas específicas para garantizar que la movilidad sostenible llegue realmente al medio rural, debidamente adaptadas a la propia idiosincrasia de estos territorios, así como fomentar la movilidad eléctrica en todo el territorio.
● Integrar la eficiencia energética como eje fundamental de la ley:
1. optando por un sistema multimodal de transporte que tenga como columna vertebral el transporte público y los tres modos más sostenibles: el peatonal, el ciclista y el ferroviario;
2. haciendo una firme defensa y fomento del ferrocarril, tanto de personas como de mercancías, recuperando los trenes nocturnos y poniendo a España al nivel de la UE en el porcentaje de mercancías transportadas por ferrocarril, incorporando un objetivo de alcanzar una cuota modal del 18% en 2030 respecto al total de mercancías transportadas por vía terrestre; y de, al menos, el 35% en 2040.
3. otorgando la debida prioridad a la electromovilidad en el transporte de personas y mercancías por carretera. En este último caso, incorporar un objetivo de que todos los nuevos camiones de transporte de mercancías por carretera que se vendan en España a partir del 1 de enero de 2035 sean cero emisiones de gases de efecto invernadero
● Incluir medidas de reducción de los graves impactos sociales, ambientales y climáticos del transporte aéreo, como pueden ser la eliminación de los vuelos domésticos entre ciudades para los que exista una alternativa ferroviaria, adecuada en términos de conectividad y seguridad y de menos de cuatro horas de duración.
● Establecimiento de una hoja de ruta con objetivos concretos para el despliegue de combustibles renovables de cero emisiones derivados del hidrógeno verde para la aviación y el transporte marítimo, que vaya más allá de los mínimos exigidos por la UE, aprovechando así el elevado potencial de generación de hidrógeno verde del que dispone España.
● Mejorar el planteamiento y objetivos de los planes de movilidad sostenible al trabajo, para que reflejen la realidad del tejido empresarial de España.
● Dar prioridad a la movilidad activa frente a la motorizada, especialmente en la planificación del espacio urbano, y volver a incluir los conceptos de “cero emisiones”.
● Incluir el desarrollo permanente de una estrategia estatal de la bicicleta.
● Modificación del actualmente obsoleto y engañoso sistema de etiquetado de vehículos por su potencial contaminante, de manera que incluya el parámetro de las emisiones de CO2 de los distintos modelos de vehículos y clasifique la relación de tecnología y emisiones de forma real.
● Introducir medidas concretas que garanticen una transición justa e incorporar el concepto de “pobreza en el transporte” y el emplazamiento al Gobierno para la elaboración de una Estrategia Nacional que diagnostique, prevenga y combata estas situaciones de vulnerabilidad.
Las organizaciones han concluido expresando su oferta de colaboración a las distintas fuerzas políticas "para lograr una transición ecológica eficiente e inteligente hacia la descarbonización de la economía, la cual es, sin duda, la única alternativa que tenemos para poder hacer frente a la emergencia climática".
