Las tres organizaciones afirman que el modelo actual sobre el impuesto de matriculación "está basado en tablas obsoletas (la última reforma de este impuesto fue en 2007) y la medición se basa, además, en el desfasado sistema NEDC (Nuevo Ciclo de Conducción Europeo), que subestima los valores reales de las emisiones de CO2". Esta situación permite que en España más de un 74% de los vehículos estén exentos del impuesto de matriculación por emitir menos de 120 gramos de CO2 por km (gCO2/km).
El próximo mes de enero, el sistema NEDC dejará de ser el sistema de homologación de referencia para calcular la cuantía a pagar del impuesto, al ser sustituido por el "mucho más fiable" –como lo califican las ONGs– WLTP (Procedimiento Mundial Armonizado para Ensayos de Vehículos Ligeros). Esta es otra razón importante para proceder urgentemente a una revisión en profundidad de este impuesto, aducen.
"En el sistema fiscal español los costes del transporte no están correctamente internalizados porque no reflejan plenamente el daño medioambiental, social y económico de las emisiones de gases contaminantes producido por la quema de combustibles fósiles (diésel, gasolina, gas vehicular)”, señala Carlos Bravo, responsable de Transport & Environment en España.
“Es preciso que las externalidades negativas sean asumidas por quienes las causan y, para ello, la fiscalidad constituye el instrumento adecuado. Esto supone adaptar la fiscalidad de la automoción al principio de ‘quien contamina paga’”, añade Nuria Blázquez, coordinadora de transporte de Ecologistas en Acción.
Aplicar el principio de "quien contamine pague"
Desde esta perspectiva, Ecodes, Ecologistas en Acción y Transport & Environment proponen que el nuevo impuesto de matriculación se reforme de manera que sólo esté exonerada la compra de vehículos con cero emisiones; y que incluya más tramos en función de los umbrales de emisiones, de manera que se permita distinguir el coste fiscal en función de las emisiones de CO2.
De este modo, explican, los vehículos de bajas emisiones, definidos en el Reglamento 2019/631 UE como aquellos con unas emisiones de gases de escape de entre 0 y 50 gCO2/km, tendrán tipos de gravamen superiores a los de cero emisiones, pero inferiores a los que emitan más de 50 gCO2/km. Para éstos se diferenciarán dos tramos, uno desde 0 a 25 gCO2/km y otro desde 25 a 50 gCO2/km. En su propuesta incluyen, además, un escalón impositivo porcentual del 4% como barrera entre las emisiones menores a 120 gCO2/km y las mayores, para luego continuar con el criterio de aumento porcentual del 2% que rige la propuesta de tipos impositivos según los tramos.
"Está demostrado que unos impuestos progresivos basados en las emisiones de CO2 son muy eficaces a la hora de reducir las emisiones medias del parque automovilístico y abordar las crecientes emisiones de CO2 del sector transporte y la movilidad urbana. También son una forma muy efectiva de incentivar las ventas de turismos eléctricos, incluso en comparación con las subvenciones para su compra, pues se penaliza más la compra de los modelos más contaminantes, facilitando que el comprador se decante más fácilmente por los modelos más limpios", concluyen.
