"El rechazo parlamentario a la Ley Ómnibus que incluía, entre otras medidas, la ampliación de las ayudas a la movilidad eléctrica, pone en riesgo inversiones mil millonarias y una parte estratégica del futuro económico, industrial, empresarial, energético y tecnológico en España". Así comienza el comunicado que ha difundido Aedive a raíz del no al coloquialmente conocido como decreto ómnibus: el Real Decreto-Ley 9/2024, que fue derogado el jueves pasado en el Congreso de los Diputados (votaron en contra de ese RDL el Partido Popular, Vox y Junts). La Asociación, que en ningún momento menciona a partido alguno, apela "a la clase política racionalidad, altura de miras y acuerdos rápidos para reactivar un plan de incentivos eficiente, a semejanza del Moves 3, para mantener los compromisos adquiridos por las empresas con sus clientes y dar continuidad al compromiso trasladado por el Gobierno el pasado diciembre".
El Gobierno, efectivamente, incluyó en el RDL 9 el pasado mes de diciembre la ampliación de las ayudas del plan Moves 3 (Movilidad Eficiente y Sostenible) hasta junio de 2025, lo que ha desencadenado que las matriculaciones -informa Aedive- hayan experimentado en enero "un crecimiento importante, del 60%, en vehículos eléctricos de batería; del 36% en híbridos enchufables; y del 100% en el canal de particulares", crecimiento al que ha seguido "un parón casi total del mercado" -advierte Aedive- desde que el pasado día 22 se tumbara el decreto ómnibus (Real Decreto-ley 9/2024).
Aedive califica el nuevo escenario de catastrófico
El nuevo escenario -explican desde la Asociación- supone "una verdadera catástrofe en términos económicos, industriales, empresariales, tecnológicos, energéticos y medioambientales, y compromete el futuro de la automoción en España, en un momento muy delicado a nivel geopolítico, en el que resulta imprescindible promover, desde la política, certidumbre y predictibilidad a las inversiones y al propio mercado".
La Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctricaadvierte además que "este bloqueo legislativo hace imposible, además, el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima" (este plan establece como objetivo para el año 2030 que haya matriculados en España en esa fecha 5,5 millones de vehículos eléctricos). Aedive recuerda por otro lado que el no al decreto pone además en riesgo "una inversión privada cercana a 60.000 millones de euros", que sería la necesaria para llegar a esos objetivos.
El discurso de Aedive
«El vehículo eléctrico supone para España un proyecto estratégico que no solo representa una oportunidad única para mejorar la sostenibilidad y la salud pública, sino que también es motor de crecimiento económico, innovación tecnológica, eficiencia energética e independencia geopolítica, reduciendo la importación de combustibles fósiles a terceros países y generando su propia energía, limpia y autóctona, para alimentar edificación, industria y movilidad.
España es un país de enorme atractivo para la inversión ligada a la cadena de valor del vehículo eléctrico por sus ventajas logísticas (46 puertos marítimos) y por ser un referente en la fabricación de toda clase de vehículos eléctricos y componentes de automoción, pero también de puntos de recarga y equipamiento eléctrico, gigafactorías, fábricas de reciclaje de baterías; de almacenamiento energético con baterías de segunda vida, y de reservas de litio, cobalto, cobre, níquel, aluminio y otras materias primas estratégicas, garantizando una economía circular que se completa con un avance en nuevas tecnologías, como el 5G, la digitalización o la inteligencia artificial»
España exporta ahora mismo aproximadamente el 90% de su producción automovilística a terceros países, muchos de los cuales prevén poner fin a la comercialización de modelos de combustión entre 2035 y 2040, lo que abre una ventana adicional de oportunidad y "hace imprescindible -según Aedive- reforzar la cadena industrial y tecnológica [del vehículo eléctrico] para competir en condiciones con otros mercados". Además -recuerdan desde la Asociación-, la industria de automoción precisa incrementar la venta de vehículos eléctricos "para evitar las multimillonarias multas derivadas de la exigencia de que la media de emisiones de sus coches no supere los 93,6 gramos de CO₂ por kilómetro".
Estas son las medidas fiscales de apoyo que plantea la Asociación, "aparte de la reactivación de un plan de incentivos eficiente"
1. En el IRPF: deducción del 21 % del valor de adquisición de vehículos eléctricos, siendo la base máxima de deducción 45.000 euros.
2. En el IRPF: deducción del 35 % del valor de la instalación del punto de recarga de vehículo eléctrico, siendo la base máxima de deducción 3.000 euros.
3. En el Impuesto de Sociedades: deducción del 35 % en la instalación de infraestructuras de recarga de acceso público, hasta un importe de 100.000 euros por punto de carga; y hasta un importe de 200.000 euros si incorporan soluciones de almacenamiento energético de respaldo.
4. Libertad de amortización en el cálculo del Impuesto de Sociedades para todas las inversiones en movilidad cero emisiones, incluyendo vehículos eléctricos y/o las infraestructuras de recarga.
5. Supresión de los impuestos en la retribución en especie por el uso de vehículos cero emisiones propiedad de la empresa o en renting, eliminando cualquier limitación en el techo de precio de compra.
6. Bono por achatarramiento de 2.000 euros para uso en servicios de movilidad compartida eléctrica (bicicletas, motos y coches).
7. Seguir mejorando el sistema de certificados de ahorro energético (CAEs) en el ámbito de la movilidad eléctrica y agilizar su tramitación.
La Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica se define como una asociación sin ánimo de lucro, independiente, de la que forman parte "fabricantes y distribuidores de vehículos eléctricos y de puntos de recarga de diversa tipología, gestores de carga, empresas comercializadoras, industria auxiliar y de componentes, empresas de renting y leasing, ingenierías, gestorías y consultorías, empresas de software y hardware, operadores de transporte, centros tecnológicos, universidades y usuarios finales profesionales (flotas)".
Aedive representa los intereses del sector ante las administraciones, tanto a nivel doméstico como internacional, es miembro de la Plataforma Tecnológica Española de Automoción y Movilidad Move2Future, y es así mismo una de las asociaciones cofundadoras de la Alianza Inercia, miembro asociado del Grupo europeo eMI3 para las tecnologías de Comunicación e Información e interoperabilidad de las infraestructuras de recarga, y representante del mercado español en la Asociación Europea del Vehículo Eléctrico, Avere.
Así han votado los diferentes partidos en el Congreso respecto al Real Decreto-ley 9/2024, de 23 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en materia económica, tributaria, de transporte, y de Seguridad Social, y se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social
