La contaminación de los barcos representa una amenaza significativa para la salud humana, el medio ambiente y el clima. La razón principal de esta contaminación es la deficiente regulación sobre el sector y el uso de combustibles con alto contenido de azufre que en tierra no están permitidos. Un problema que puede reducirse significativamente con el establecimiento de un Área de Control de Emisiones en el mar Mediterráneo (ECA, por sus siglas en inglés) semejante al que opera desde 2015 en la Europa del norte.
Así lo ha puesto de manifiesto un informe del Gobierno de Francia. En el se indica que con la creación de esta ECA, los niveles de dióxido de azufre se reducirían en un 77%, los de dióxido de nitrógeno (NO2) hasta un 76% y los de materia particulada hasta un 20%. Se evitarían, así, cerca de 6.000 muertes prematuras anuales y se ahorrarían de 8.000 a 14.000 millones de euros en costes sanitarios. En el caso de España el 69,2% de la población total se vería beneficiada, según el estudio.
El informe francés muestra la factibilidad de poner en marcha esta ECA y los claros beneficios que supondría para las ciudades portuarias del Mediterráneo, muchas de las cuales vienen instando desde hace tiempo a sus respectivos gobiernos por esta regulación. El español se ha pronunciado de forma favorable a la creación de esta ECA, pero las organizaciones Ecologistas en Acción, Alianza Mar Blava, la Federación Europea Transport and Environment y la alemana NABU piden compromisos concretos al respecto.
Este llamamiento será planteado en la conferencia internacional Reducir la contaminación del aire de los barcos en el Mar Mediterráneo que se celebrará el próximo 18 de marzo en Madrid. El evento reunirá a responsables políticos de España y otros países, expertos internacionales, entidades de los sectores naviero y portuario y entidades ecologistas a nivel europeo, para tratar un problema que representa hasta un 40% de la contaminación atmosférica de las ciudades costeras del mar mediterráneo, donde viven alrededor de 325 millones de personas.
Según el estudio francés, si los diversos gobiernos involucrados cooperasen activamente, la ECA podría entrar en vigor en el mar Mediterráneo a más tardar en el 2022. Para las organizaciones ecologistas no hay más excusas para aplazarla y prolongar el sufrimiento de la población, los enormes costos en salud, para los ecosistemas y para el clima.
