El Govern de Cataluña anunció ayer la aprobación de la "estrategia de Impulso del Vehículo Eléctrico en Cataluña" (Ivecat), un documento mediante el cual el ejecutivo catalán pretende conseguir "que la demanda de estos vehículos vaya acompañada tanto de la normativa y las infraestructuras necesarias, como de una política industrial y de I+D+i que aproveche el potencial económico" de este modelo. El objetivo de Ivecat es "avanzar en todos los campos necesarios para favorecer la integración de los vehículos de motorización eléctrica en el período 2010-2015". Según la Generalitat, "la implantación del vehículo eléctrico movilizará inversiones por valor de 252,5 millones de euros en los próximos dos años".
Pero el Ivecat, además de letras, le ha puesto números a su estrategia: 76.000 vehículos eléctricos y un total de 91.200 puntos de recarga (de los cuales 83.600 serán privados y 7.600 de acceso público; 6.080, en estacionamientos públicos, y 1.520, en la vía pública). ¿La fecha? El año 2015, es decir, dentro de cinco años. Para alcanzar esos objetivos, el Govern se compromete a favorecer la demanda de este tipo de vehículos mediante 26 medidas que ha agrupado en cuatro grandes ejes: infraestructuras de recarga y redes eléctricas; industria, investigación y desarrollo y formación; movilidad sostenible; y promoción de la demanda.
La estrategia contará, en el período 2010-2012 con una inversión pública, a cuenta de los presupuestos de la Generalitat de Cataluña, de 207,5 millones de euros, y prevé generar inversiones asociadas (administraciones públicas, empresas y particulares) por valor de 252,5 millones más. El Govern calcula que la implantación del vehículo eléctrico supondrá un ahorro energético de 234,6 millones de euros y un ahorro en importación de combustibles fósiles por valor de 62,4 millones de euros hasta el año 2015, además de una serie de "externalidades potenciales", entre las que la estrategia señala la creación de empleo o el efecto tractor de la actividad económica.
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