El Gas Natural Comprimido (GNC), el Gas Natural Licuado (GNL) y el Gas Licuado de Petróleo (GLP o autogás) son combustibles fósiles, combustibles cuya quema produce gases contaminantes (entre otros, gases de efecto invernadero), combustibles de los que carece España (hay que importarlos). Además, las redes de estaciones de servicio que los expenden son aún casi testimoniales. Según el «Estudio tecnológico y de mercado de combustibles alternativos en España y Europa», presentado el pasado mes de octubre, a fecha de abril de 2018 había en España 603 estaciones de servicio con surtidores de autogás y 57 gasineras operativas (el estudio, por cierto, ha sido elaborado a instancias de la Asociación Española de Operadores de Gases Licuados del Petróleo, que acaba de cambiar esa denominación por esta otra: Asociación Española de Gas Licuado).
La guerra de la movilidad está en marcha en España. Según la DGT, actualmente circulan por nuestras calles y carreteras un total de 35.145 vehículos que emplean como combustible Gas Licuado de Petróleo (o autogás), frente a los más de 63.000 eléctricos. El año pasado fueron matriculados 20.088 vehículos GLP (20.000 de los 35.000 que circulan hoy por las calles y carreteras de España), es decir, que el crecimiento reciente de este parque ha sido formidable. Los números del Gas Natural Comprimido (5.255 matriculaciones el año pasado) son mucho más modestos (según la DGT, en España, en total, hay ahora mismo 12.220 vehículos de GNC matriculados). Y, por fin, los números del gas natural licuado son ridículos: 52 matriculaciones el año pasado. La guerra pues está enfrentando al vehículo eléctrico (algo más de 21.000 matriculaciones en 2018) con el de Gas Licuado de Petróleo (GLP o autogás), que no deja de ser un combustible fósil.
Y eso es lo que va a subvencionar el Gobierno
El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, aprobó el viernes un Real Decreto por el que se regulan las bases del Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible (Programa Moves), dotado con 45 millones de euros y dirigido a incentivar la compra de vehículos alternativos (el Gobierno incluye ahí los propulsados con GNC, GNL y GLP), instalar infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos, el desarrollo de incentivos para implantar sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas y la implantación de medidas recogidas en planes de transporte a los centros de trabajo.
Los importes de las ayudas para la adquisición de vehículos oscilan entre los de 700 euros para motos eléctricas y los 15.000 euros para la compra de camiones y autobuses "con propulsión alternativa". Las ayudas para la compra de vehículos ligeros eléctricos se sitúan en torno a los 5.000 €. Además, paralelamente, el Gobierno exigirá a fabricantes, importadores de vehículos o puntos de venta un descuento mínimo de mil euros en la factura, excepto para las compras de cuadriciclos y motos. Así, los potenciales beneficiarios de la ayuda estatal contarán con un incentivo adicional para apostar por la movilidad sostenible.
Adicionalmente, se habilita una línea de 15 millones de euros destinada a apoyar proyectos singulares de movilidad sostenible en ciudades Patrimonio de la Humanidad, municipios con alto índice de contaminación o ubicados en islas, o iniciativas de innovación en electromovilidad.
El Gobierno asegura que incentiva la compra de camiones y furgones de gas porque "las alternativas eléctricas no cuentan con el suficiente desarrollo".
En cuanto a los puntos de recarga eléctrica de vehículos eléctricos (públicos y privados) y a los sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas, las ayudas serán de un 30% o un 40% del coste subvencionable, dependiendo del tipo de beneficiario, estableciéndose un límite de 100.000 euros.
Por último, Moves fija un límite de 200.000 euros de ayuda por beneficiario para la implantación de Planes de Transporte a los Centros de Trabajo con una ayuda del 50% del coste subvencionable.
Las ayudas podrán ser cofinanciadas con recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y no son compatibles con otras ayudas, de cualquier otra administración, que tengan la misma finalidad.
Reparto territorial
Pueden ser beneficiarios de las ayudas Moves profesionales autónomos, personas físicas, comunidades de propietarios, empresas privadas, entidades locales y las entidades públicas vinculadas a ellas, las administraciones de las comunidades autónomas y otras entidades públicas de la Administración General del Estado.
Ambos programas de ayudas, que coordinará el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), serán gestionados por las comunidades y ciudades autónomas, que deberán realizar convocatorias en sus respectivos territorios. El criterio de reparto -informa el Gobierno- se consensuará en la Conferencia Sectorial de Energía, órgano de coordinación entre el Miteco y las administraciones autonómicas en materia energética.
El presupuesto asignado a cada comunidad o ciudad autónoma deberá repartirse entre las distintas actuaciones recogidas en el Real Decreto. Así, deberá dedicarse entre un 20% y un 50% a la adquisición de vehículos alternativos; y entre un 30% y un 60% a la implantación de infraestructuras de recarga. De este último porcentaje, un mínimo del 50% ha de dirigirse a puntos de recarga rápida o ultrarrápida.
Por otro lado, la implantación de sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas puede suponer ente un 5% y el 20% del presupuesto asignado y el apoyo a planes de transporte en centros de trabajo pueden contar hasta un 10%.
La partida de 45 millones destinada a Moves fue consignada al IDAE en los presupuestos de 2018 con el objeto de financiar “actuaciones de apoyo a la movilidad basada en criterios de eficiencia energética, sostenibilidad e impulso a energías alternativas, incluida la disposición de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos”.
Por su parte, la línea de 15 millones dedicada a presupuestos singulares proviene de una partida finalista de 10 millones asignada para tal fin al IDAE en los presupuestos de 2017, y que no fue ejecutada en su momento, y una segunda partida de 5 millones prevista en los presupuestos del pasado año.
Lo que dice la FR
La Fundación Renovables (FR), que es una especie laboratorio de ideas "por un nuevo modelo energético", tiene el discurso claro: “rechazamos rotundamente que las ayudas para la adquisición de vehículos de «energías alternativas» [así son calificadas por el Ministerio de Industria] subvencionen la compra de motores de combustión con gas natural licuado (GNL), gas licuado del petróleo (GLP) y gas natural comprimido (GNC)”. Para la Fundación, “la sostenibilidad futura pasa por la implantación del vehículo eléctrico, mayoritariamente de uso compartido, como uno de los objetivos prioritarios”. Así, la FR apuesta por la conversión paulatina de un parque de vehículos compuesto hoy en día por automóviles con motores de combustión en otro de vehículos que funcionen al 100% con electricidad y tengan capacidad de intercambio activo con la red de suministro.
“En cualquier caso -apuntan desde la Fundación-, insistimos en que la transición en movilidad no solo debe versar en torno al cambio de modelo de vehículos, sino también en una concepción de la movilidad bajo un criterio compartido y de servicio público. Es necesario, por tanto, minimizar las necesidades de transporte por servicios de cercanía, con prácticas de mínimo consumo”. En su informe «Hacia una Transición Energética Sostenible», la FR propone los siguientes objetivos de implantación del vehículo eléctrico: 30% del parque en 2030: 70% del parque en 2040; y 100% del parque en 2050. "Se trata de llevar a cabo -explican desde la FR- una electrificación paulatina, en paralelo a una mayor presencia de renovables en el mix de generación (de cara a alcanzar el 100% no más tarde de 2040)".
Según la Dirección General de Tráfico (DGT), actualmente hay en España matriculadas 3.892 furgonetas eléctricas y 4.452 furgonetas que usan Gas Natural Comprimido, Gas Natural Licuado o Gas Licuado de Petróleo (autogás), es decir, que los parques de furgonas de gas y de furgonas eléctricas son prácticamente idénticos. En el caso de los camiones de hasta 3.500 kilos, los eléctricos (1.721) son incluso más que los de gas (1.499). Todo ello, aunque, según el Gobierno, los camiones y furgones eléctricos "no cuentan con el suficiente desarrollo" (todos los datos son de la DGT, a 31 de diciembre de 2018). Solo en los vehículos más pesados, los de más de 3.500 kilos, gana el gas con claridad. Según la DGT, actualmente hay en España casi 2.000 camiones de gas (de más de 3.500 kilos), frente a los 90 eléctricos.
El camión eléctrico español que ya está aquí
La empresa FCC ha sido la principal impulsora del proyecto Vemtesu (2014-2017), que ha sido cofinanciado por el Fondo Europeo de desarrollo Regional (Feder), dentro del Programa Operativo de Crecimiento Inteligente 2014-2020, al amparo del Ministerio de Economía y Competitividad a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). En ese proyecto han participado el fabricante vasco de autobuses eléctricos Irizar, la empresa Jema (del Grupo Irizar), la firma navarra Jofemar y la multinacional italiana Iveco, así como el centro de I+D Tecnalia (Euskadi), el Instituto Universitario de Investigación del Automóvil (de la Universidad Politécnica Madrid) y el centro de investigaciones Ceit. El fruto más maduro de ese proyecto es el camión eléctrico ie-truck de Irizar, que fue presentado hace unas semanas, en el Smart City Expo World Congress de Barcelona (13-15 de noviembre de 2018).
Meteros vuestros coches de radio control por el c***, no valen ni para largos recorridos...mirar los iveco np 460 de glp 1700 km sin tener que repostar y más económicos y menos emisiones .... Sois una maldita secta de pijos a baterías.
