El estado de Nueva York acaba de aprobar la extraordinaria ley del Súper Fondo para el Cambio Climático. Por su relevancia en inspiración mundial merece la pena explicar algunas claves.
Objetivo: la ley establecerá un fondo de 30.000 millones de dólares a lo largo de diez años, con contribuciones de las empresas de combustibles fósiles en función de sus emisiones históricas de gases de efecto invernadero desde el año 2000.
Beneficiarios: al menos el 35% de los fondos se dirigirán a proyectos que beneficien a comunidades desfavorecidas, afectadas desproporcionadamente por el cambio climático.
Empresas afectadas: la ley se dirige a las principales empresas de combustibles fósiles conocidas por sus importantes emisiones de gases de efecto invernadero. Probablemente incluirá a ExxonMobil, Chevron, Shell, BP entre otras con responsabilidad histórica.
Proyectos financiados: los fondos apoyarán diferentes proyectos, como sistemas de drenaje de aguas pluviales, restauración de humedales costeros y mejoras a la infraestructura pública, como carreteras, puentes y escuelas para enfrentar mejor las condiciones climáticas extremas.
Desafíos y consideraciones legales: la ley todavía necesita la firma del gobernador (demócrata y que apoya formalmente la acción climática) y sobrevivir a desafíos legales por parte de la industria de los combustibles fósiles.
De modo muy similar, el estado de Vermont aprueba otro Súper Fondo, mientras por todo el mundo se han iniciado más de 2.200 litigios por responsabilidad climática. Estos avances legales son extremadamente positivos y esperanzadores, si bien todavía mejorables, por no alcanzar la ambición necesaria (poner fin a los combustibles fósiles) y por no incluir la compensación internacional a pérdidas y daños.
En Europa mientras, tanto, observamos ilusionados dos sucesos: por un lado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentencia que una compañía debe suspender su actividad si presenta riesgos para la salud humana y el medio ambiente. Por otro, la Comisión Europea enuncia el principio de “quien contamina paga” y da un tirón de orejas a España en materia de vulnerabilidades (por número de víctimas mortales por fenómenos climáticos extremos) y nos anima a incrementar los impuestos ambientales: España, con un 1,5% respecto al PIB, sigue por debajo de la media Europea del 2%.
Mientras tanto, la realidad del cambio climático no para de generar razones para justificar medidas como estas o incluso más ambiciosas: mayo continuó con pésimas y graves noticias de registros récords de temperaturas globales, y junio nos dejó perplejos con las muertes por olas de calor de más de 1.300 personas en su peregrinación a La Meca en Arabia Saudí.
Con este panorama, con la nueva ventana de esperanza de “el que contamina paga” sobre la mesa, y cuando la mayor encuesta global sobre la crisis climática de la historia confirma que el 80% de los encuestados pide a sus gobiernos medidas más contundentes, cabe preguntarse: ¿podría España inspirarse en el enfoque del Súper Fondo de Nueva York? ¿Se atreverán nuestros gobernantes a recuperar los daños causados por todas las industrias responsables de las emisiones? ¿A quién afectaría? ¿Industrias de combustibles fósiles –petroleras, gasistas y carboneras– y otras? ¿No sería justo y útil destinar dicho fondo para cumplir con los compromisos renovados de España de pagar por la mitigación, la adaptación y el fondo de pérdidas y daños bajo el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático?
Evidentemente, la contribución debería ser proporcional a sus emisiones, y aunque la lista es larga, Repsol, que ostenta el número uno del ránking en España y la 50 en el mundo, debería ser la primera empresa de nuestro país en pagar por su responsabilidad.
Esperemos que esta ley y los nuevos obvios principios nos sirvan de inspiración. Ya no hay que inventar nada. Si se quiere se puede.
