La cuesta de enero se alarga. Con el aumento del precio medio del gas un 40% en 2024 y el frío subió el precio de la energía. Facturas disparadas. Subió su IVA, subió la gasolina, subió la cesta de la compra. Del alquiler ni hablamos. Según el último informe presentado en enero de EAPN–ES (Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español), un 37% de la población no puede hacer frente a imprevistos y un 48% presenta dificultades para llegar a fin de mes. Clases medias cada vez más empobrecidas y familias en situación de vulnerabilidad sufriendo más. Perdemos como sociedad dibujando un futuro cada vez peor.
Calentar nuestras casas cuesta caro, pero ese calor tan caro se nos escapa por la mala calidad de las viviendas: el 81% de nuestras viviendas está en las peores letras de eficiencia energética. Se construyeron con nula o escasa normativa sobre calidad o confort térmico, acústico, y otros. Aspecto invisible pero con un impacto directo sobre nuestra salud pública y bolsillos, porque tiramos el dinero y el gas (que calienta nuestro planeta) por ventanas, paredes y tejados para intentar calentarlas.
Los datos cuadran. En 2023, un 21% de la población española no pudo mantener la casa a una temperatura adecuada en invierno. Se llama pobreza energética. El doble que la media europea.
Teóricamente, si dedicas más de un 10% de tu presupuesto familiar a la factura energética entras en la definición de pobre energético. Llamémoslo vulnerable, para no estigmatizar y sentirnos interpelados a actuar. Y sabrás que lo eres, bien porque el salario no da, bien porque tu casa tiene mala calidad de aislamiento, o bien por el elevado precio de la luz/gas. Fácil de cumplir con el panorama actual, aunque sea algunos meses.
Las soluciones existen. Además de las urgentes paliativas para colectivos en riesgo, están las que abordan para siempre las causas estructurales: mejorar la eficiencia de nuestras casas, hacerlas independientes del gas (a las viviendas y al mix eléctrico), y bajar los precios de la luz (cosa automática si conseguimos expulsar al gas y la nuclear, y continuar haciendo renovables, sobre todo participadas y autogestionadas, también en nuestras propias casas).
¿Debemos conformarnos con esta situación? ¿Quién tiene capacidad de poner en marcha las soluciones?
Evidentemente hacen falta políticas públicas. Primero por la necesidad de recursos para poner en marcha las medidas necesarias, pero sobre todo por la apuesta contundente como proyecto de país, y de sensibilización a la sociedad. Sin movilización social no habrá rehabilitación. Y sin comprender los beneficios no seremos agentes de cambio.
Como inspiración, dos noticias relevantes de países vecinos con apuestas claras: Viena ha anunciado en enero que acelera en inversión para sus ciudadanos: 21.000 millones de dólares para independizarse del gas ruso, subvencionando bombas de calor, eficiencia y geotermia. A su vez, Reino Unido anuncia un plan estatal de “Hogares calientes” para apoyar a 300.000 hogares a cambiar sus calderas de gas por bombas de calor para ganar independencia energética frente a oligarcas y para llegar a cero emisiones antes de 2050.
Aquí, en España, tenemos diferentes planes y estrategias estatales con sinergias claras para resolver un problema de dignidad y sostenibilidad en la vivienda que nos traerá sin duda salud mental y física. La Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética y riesgo de exclusión social (abierta a alegaciones hace unos días), el Plan Nacional de Renovación de Edificios (lleno de incógnitas y esperanza que acaba de iniciarse), el Plan Estatal de Vivienda (2026–2029) y otros muchos en debate que deben y pueden converger.
En paralelo, una partida de mus por defender políticas públicas y una fiscalidad más justa a la que las energéticas y bancas plantan total deslealtad fiscal y chantajes. Hay que exigir una mayor justicia social y económica para todas las personas que nos permita aflojar el cinturón y vivir mejor.
