Reconocer el almacenamiento energético en España como bien de interés general superior es fundamental para impulsar el desarrollo y la adopción de soluciones de almacenamiento energético en nuestro país, soluciones que resultan imprescindibles para garantizar el desarrollo sostenible y eficiente de las instalaciones de energías renovables. Este reconocimiento abarca aspectos estratégicos clave que voy a desgranar a continuación.
En España, el concepto de “interés general” ya es un criterio que se utiliza en el ámbito energético para priorizar proyectos esenciales como las instalaciones renovables, redes de transmisión y líneas estratégicas de interconexión. La Ley 24/2013 del Sector Eléctrico introduce la consideración del suministro de energía eléctrica como un servicio de interés económico general, mencionando este principio como base para planificar, priorizar y desarrollar infraestructuras clave.
A nivel europeo, el Reglamento (UE) 2022/2577 refuerza esta perspectiva: su artículo 3 presume el interés público superior de toda planificación, construcción y explotación de centrales e instalaciones de producción de energía procedente de fuentes renovables y su conexión a la red, así como la propia red conexa y los activos de almacenamiento, lo que implica que dichas explotaciones se puedan desarrollar de forma preferente y prioritaria.
Reconocer el almacenamiento energético como un bien de interés general superior en España sería un paso decisivo para alinearse con el marco regulatorio europeo y fortalecer la transición energética. Esta catalogación no solo permitiría priorizar el desarrollo de estas infraestructuras, sino que también simplificaría su tramitación administrativa, reduciendo los bloqueos burocráticos y territoriales que actualmente retrasan su implementación.
El debate sobre la catalogación de los sistemas de almacenamiento energético como bienes de interés general superior está intrínsecamente vinculado a los esfuerzos por integrar más renovables en nuestro sistema, gestionar eficazmente los picos de generación y consumo, y cumplir con los objetivos del Pla Nacional Integrado de Energía y Clima 2030.
Este reconocimiento podría ser una herramienta estratégica para superar barreras regulatorias, sociales y económicas que actualmente están dificultando su implementación.
Además, dicha catalogación facilitaría el acceso a incentivos y financiación tanto pública como privada, reconociendo la importancia de estas infraestructuras para estabilizar el sistema eléctrico, integrar energías renovables y garantizar el suministro.
Entre los beneficios potenciales destacan la integración de sistemas de almacenamiento en zonas de alta demanda o generación renovable, así como la posibilidad de aprovechar incentivos específicos, tales como subvenciones directas, fondos europeos y contratos de capacidad con precios garantizados.
Estas medidas, sin duda, fortalecerían el desarrollo y la consolidación de los sistemas de almacenamiento energético como un componente clave para el futuro del sector energético en España.
En este sentido, en un sistema eléctrico con alta penetración de renovables no gestionables (fotovoltaica y eólica), el almacenamiento es crucial y se posiciona como una solución fundamental para garantizar ese equilibrio entre oferta y demanda, así como para evitar los vertidos de energías renovables, ayudar a fortalecer la seguridad de suministro, mejorando la resiliencia del sistema frente a eventos climáticos extremos.
Declarar el almacenamiento energético como bien de interés general superior fomentará la inversión necesaria para construir un sistema energético más resiliente y sostenible y constituye un paso decisivo para garantizar que España cumple sus objetivos climáticos, mejora la seguridad del suministro y se posiciona como líder en la innovación energética. El almacenamiento energético no es solo una tecnología: es una infraestructura estratégica que debe ser priorizada para garantizar el éxito de la transición.
