Iberdrola prevé instalar 25.000 puntos de recarga de vehículo eléctrico en España hasta el año 2021. De ellos, 16.000 en hogares y 9.000 en empresas que quieran ofrecer este servicio a sus empleados o clientes. Además, el 100% de la electricidad suministrada será de origen renovable. La iniciativa forma parte de su plan Smart Mobility, para recargar el vehículo en horario nocturno, con lo que el gasto estimado será de unos 50 céntimos por cada 100 kilómetros. Es decir, 10 veces más barato que la gasolina.
El plan en cuestión es para muchos expertos el empujón definitivo al coche eléctrico en nuestro país. Una medida que deberían tomar todas las eléctricas. Porque es cierto que algunas comercializadoras de renovables llevan años apostando con fuerza por el trinomio eficiencia energética–autoconsumo–vehículo eléctrico. Pero las grandes eléctricas tienen más capacidad de pegada. Y algunas, como Endesa, han empezado dando ejemplo en su propia casa. Los datos de su tercer Plan de Movilidad Eléctrica para Empleados, presentado a primeros de año, arrojaba cifras tan sorprendentes como que un 6% de la plantilla (534 empleados) se mueve ya en coche eléctrico.
La implicación de las empresas es clave para afianzar el despliegue del vehículo eléctrico. Mucho más, después de ver el apoyo raquítico del Ministerio de Energía con su Plan Movalt: 20 millones de euros en ayudas para la adquisición de vehículos (que además incluye también a los de gas) y otros 15 millones a la instalación de infraestructuras de recarga. Ambas partidas se agotaron en 24 horas, lo que da idea del abismo que media entre el interés ciudadano por el coche con baterías y el entusiasmo del ministro Álvaro Nadal para apoyarlo. Es de suponer que luego no le extrañe que gigantes de la automoción dejen a España fuera de sus planes de electromovilidad. “Hemos hecho nuestra planificación en función de dónde están los clientes, de los mercados a los que va dirigida la producción, y en España no hay consumo suficiente que lo justifique”, decía el mes pasado Mathias Mueller, presidente del grupo Volkswagen.
Lo de esforzarse para estar en el grupo de cabeza chirría en casa de los Nadal. Debe de ser cosa de familia. Hace cuatro años su hermano Alberto Nadal, entonces secretario de Estado de Energía, declaraba: “Hemos pagado al resto del mundo la curva de aprendizaje en renovables”. Da lo mismo que esa apuesta estratégica por las renovables, apoyada a finales del siglo pasado por todos los partidos políticos, haya servido para que la tecnología Made in Spain firme bienes y servicios relacionados con la eólica, la fotovoltaica, la termosolar, la biomasa… que se venden con éxito en todo el mundo. Las renovables son uno de nuestros contados casos de éxito en la industria. Pero por qué ser los primeros pudiendo ser los últimos, pensarán los hermanos Nadal.
La Comisión de Expertos de Transición Energética acaba de presentar su informe ‘Análisis y propuestas para la descarbonización’, con algunos elementos básicos. Entre ellos, “la sustitución de los actuales impuestos que gravan la energía por impuestos que internalicen daños ambientales asociados a la generación y consumo de energía”. O sea, lo que llevan pidiendo las renovables desde el minuto uno y que ha justificado durante años la existencia de primas a las energías limpias. Ahora que los costes de las renovables son incluso menores que los de las energías sucias, esa reforma fiscal energético–ambiental de la que habla el grupo de expertos debería dar a las renovables el último impulso que necesitan para suministrar el 100% de la energía que mueva una economía electrificada, limpia, dinámica y mucho más equitativa que la actual.
A menos, claro, que venga el ministro Nadal con alguna de sus salidas marca de la casa, y diga que mejor esperamos, y que inventen otros.
Hasta el mes que viene.
Luis Merino
lmerino@energias-renovables.com
