En los últimos días hemos podido leer o ver en multitud de medios informaciones relacionadas con la subida del precio de la luz y sus causas. El 29 de agosto, el precio de la electricidad en el mercado mayorista se situaba en 70,99 euros el megavatio hora (MWh), su máximo anual hasta el momento de escribir estas líneas. Y el 30 apenas bajó unos céntimos (69,66 euros el MWh). El año pasado, por las misma fechas, los precios de la luz en el mercado mayorista estaban bastante más bajos. El 29 de agosto de 2017, el MWh se pagó a 53,28 euros, esto es, un 33,2% menos que el mismo día de este año. Si atendemos al precio medio de todo el mes de agosto, en 2018 el MWh nos ha costado un 35,5% más que en 2017. Trasladado al recibo de la luz, y según el simulador de la factura de la CNMC, un consumidor medio de tarifa PVPC va a pagar un 10% más este mes de agosto que lo que pagó el año pasado por el mismo mes.
¿Por qué no para de subir el precio de la electricidad? Los expertos explican que se debe a un cúmulo de factores. Uno de ellos es que este verano ha hecho menos viento que el verano pasado, lo que ha obligado a tirar de fuentes más caras: gas y carbón, cuyo precio está, además, en pleno ascenso. A esto hay que sumar que la hidráulica está “casando” a unos precios más caros en el mercado mayorista. Y en el mercado mayorista los precios se establecen según la última tecnología que entra en el mix para cubrir la demanda.
La parada de 22 reactores nucleares en Francia (por mantenimientos y por las limitaciones para usar agua para refrigerar en periodos con temperaturas muy altas) y de tres en España es otro argumento esgrimido, ya que obliga al país vecino a importar energía de España, en lugar de exportarla (las leyes tradicionales de la economía dicen que a más demanda y menos oferta, el precio sube). Por último, está el precio de los derechos de emisión de CO2, que se ha triplicado en el último año.
Hasta aquí las explicaciones. El Gobierno dice sentirse tremendamente preocupado por esta escalada de precios y afirma que está trabajando, junto con el de Portugal, en políticas que permitan una evolución racional de los precios en el mercado ibérico de la electricidad, lo que pasa por un futuro incremento de energías renovables. ¿Significa esto que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está decidido a solucionar el problema de fondo, que no es otro que la propia ley eléctrica que tenemos?
Como explicaba hace unos días Jorge Morales de Labra en una entrevista en la SER, la ley eléctrica parte de la idea de que la competencia presionará para que los precios que pagamos por la luz se asemejen a los costes. La realidad es otra: las reglas del mercado eléctrico español permiten a las eléctricas subir los precios que nos cobran por la luz muy por encima de lo que lo hacen los costes para fabricarla. Estoy hablando de los famosos “windfall profits”, de los beneficios caídos del cielo que reciben por sus plantas nucleares y grandes hidroeléctricas, sobradamente amortizadas. Dicho de otra forma: si las eléctricas especularan menos con el agua de los pantanos para subir el precio de la electricidad pagaríamos bastante menos en el recibo.
La urgencia de poner fin a este mecanismo de fijación de precios, que favorece claramente al oligopolio eléctrico en perjuicio de las familias y la economía del conjunto del país, no es solo una cuestión de sostenibilidad económica. Por encima de todo, hay que poner freno al cambio climático. Todavía en 2016, el 85% de la energía usada en España provenía de combustibles fósiles o energía nuclear. El ministerio que preside Teresa Ribera se llama “para la Transición Ecológica”. Bien, ha llegado el momento de que dé una muestra clara de que merece ese calificativo.
Hasta el mes que viene.
Pepa Mosquera
pmosquera@energias-renovables.com
