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2024, el año crítico

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2023 ha sido el año en el que la fotovoltaica se ha convertido en la primera tecnología de generación de electricidad en esta España de sol y placa. El dato acaban de hacerlo público simultáneamente la Asociación de Empresas de Energías Renovables y la Unión Española Fotovoltaica, que han alumbrado sendos informes sobre la penetración del autoconsumo en 2023 en territorio nacional. Red Eléctrica, el operador del sistema, ya había adelantado el guarismo correspondiente a la potencia FV conectada a red: 4.879 megavatios. A ellos hay que sumarle ahora los cerca de 2.000 megas de nuevos autoconsumos (1.706, según la estimación de UNEF; 1.943, según la de APPA).

La eólica, hasta ayer primera tecnología de generación, con 30.732 megas al cierre del 23, pierde su cetro. Por dos razones, la FV ha crecido en ese último curso a un ritmo endiablado (cerca de siete gigavatios sobre el suelo y los tejados), mientras que el sector eólico ha cerrado un ejercicio paupérrimo (en torno a 600 megas, estimaba hace unas semanas la patronal del gremio).

El año 2024 puede ser el de la inflexión para los señores del viento en todo caso. Porque el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico podría convocar, por fin, la muy largamente esperada subasta de eólica marina. La secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, anunció en Canarias a principios de noviembre que el Ministerio abriría el proceso de audiencia e información del marco normativo de la eólica offshore antes de finales de año.

No ha sido así, sin embargo. Y hemos cerrado enero en el mismo lugar, aunque todo hace indicar que ese paso –el inicio del proceso normativo– es inminente. Debería serlo, en todo caso, porque el sector está que arde: la eólica marina progresa a toda velocidad en Polonia, y Lituania, y Estonia, y Reino Unido, y Francia... Por no mirar más allá. Y convendría no seguir gastando meses y perdiendo fuelle en el concierto internacional, que no para.

Otra subasta con fecha 24 (o que debería llevar esa vitola) es la de termosolar, tecnología netamente española que lleva diez años a cero. La última central en comenzar a operar lo hizo en 2013. Desde entonces, el sector no ha abierto ni una sola más en España. En este número hemos querido preguntarle por qué al secretario general de Protermosolar, Óscar Balseiro, a quien entrevistamos en la página 88 de esta edición de febrero.

Febrero en clave Genera. La gran feria de las soluciones renovables abre sus puertas el día 6 y quizá sea entonces cuando el Ministerio comience a dar los pasos que hace ya años debió dar con las dos: con la termosolar y con la susodicha eólica marina.

Otra asignatura pendiente que le queda a la ministra del ramo, Teresa Ribera, es la relativa a dos directivas europeas que afectan a las comunidades energéticas, normas ambas que el Reino de España debió trasponer a nuestro ordenamiento jurídico hace ya muchos muchos meses.

Ya hace más de un año que la Comisión Europea tomó la Decisión de enviar un dictamen motivado a España [Infracción (2021)0220] por no haber trasladado al derecho nacional una de ellas, la Directiva (UE) 2018/2001, que debía haber sido traspuesta antes del 30 de junio de... 2021.

Ah, y una más –asignatura pendiente– es la relativa a los concursos de acceso a red en los que debe haber criterios sociales y ambientales de adjudicación de derechos.

De ellos también hablamos en esta edición (el Gobierno los anunció hace ya más de tres años y no ha sacado ni uno solo). ¿Verán la luz en 2024?

Sí, de ellos hablamos, y de la trascendencia que tiene la red en la transición que nos lleva. La red... y las comunidades energéticas, 350 en España, que están sembrando los hombres y las mujeres de esta tierra –la Generación FV–, que ni esperan la trasposición ni paran.

Habrá que ver, a finales de año, cómo ha quedado este 2024 que ya nos lleva, año que debe ser de inflexión, año crítico.

Antonio Barrero F.

abarrero@energias-renovables.com

@abarrerof

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Pepe
España bate records de multas por los incumplimientos en la trasposición de directivas europeas, incluso en aquellas que no tienen repercusión económica (lo digo por mi trabajo). Imagino que el ministerio no tiene gente ni ganas de hacerlo. Espero que no se deba a presiones del oligopolio. En todo caso, muy bien los que están activamente haciendo la transición. Manda narices que si cometes cualquier infracción urbanística casi te ponen una medalla y por esto tengas que penar.
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