En algún momento del año pasado, el CO2 presente en la atmósfera rebasó el listón de las 400 partes por millón, y a lo largo de 2016 se ha mantenido por encima de este umbral todo el año. No en algunas zonas del planeta, como había ocurrido hasta entonces, sino en el mundo en su totalidad. Para hacerse una idea de lo que esto significa, en los inicios de la Revolución Industrial había 278 ppm, lo que suponía una relación armoniosa con la naturaleza. Ahora, aunque mañana mismo dejáramos de emitir dióxido de carbono, la concentración en el aire del gas ya liberado es tan alta que difícilmente descenderá por debajo de ese nivel durante décadas.
Que el aire contenga una concentración tan potente de este gas de efecto invernadero significa que el planeta encara un calentamiento de 1,5° C, el límite a no sobrepasar según alerta la ciencia del clima. Dicho de otra forma: hemos entrado en la fase de emergencia climática, así que urge implementar con la mayor celeridad el Acuerdo de París, sellado en diciembre de 2015.
2016 comenzó, precisamente, celebrando este histórico compromiso mundial por el clima, que entró en vigor el pasado 4 de noviembre y que, por encima de cualquier otro hecho o evento, ha marcado la agenda medioambiental –con clara incidencia en la política– a lo largo de todo el año. Despedimos 2016 con otra cumbre, la COP 22 de Marrakech, cuyo objetivo consistía en concretar lo acordado en París y en la que se ha logrado una declaración política de alto nivel contra el cambio climático. Pero también han quedado patentes las muchas dificultades que existen para dotar los acuerdos de la ambición y urgencia que necesitan.
España, mientras tanto, ha estado fuera de juego hasta casi el final del año. Los políticos, salvo honrosas excepciones, han permanecido ajenos a este y otros debates, pendientes solo de la soflama electoral. Y no digamos el Ejecutivo –el que estaba en funciones primero y luego el electo– que ni ratificó el Acuerdo de París a tiempo (lo hizo un mes después de que entrara en vigor) ni parece inquietarle que España sea uno de los países más vulnerables a los desastres que conlleva el calentamiento global.
Tampoco ha demostrado mayor interés en avanzar por la senda de la transición energética que marcan Bruselas y la propia economía. Muy por el contrario, durante 2016 se ha mantenido en su empeño de promover el gas frente a las renovables, castigar el autoconsumo –el ex Secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, llegó a llamar “depredadores” a los autoconsumidores– o intentar prolongar la vida de unas centrales nucleares que ni sus propios dueños parecen querer.
Claro que también ha habido noticias positivas. Noticias protagonizadas por ciudadanos, ONGs, asociaciones… que se han puesto a trabajar para frenar la pobreza energética, recuperar plantas solares a punto de irse a pique, echarse a la calle para defender una retribución justa a las renovables o instalar sistemas de autoconsumo pese a la amenaza de multas millonarias.
También algunas comunidades autónomas y cada vez más ayuntamientos se están desmarcando de la doctrina impuesta por el Gobierno central y avanzan en la senda de la sostenibilidad energética. Ecoemprendedores y pymes, por su parte, trabajan para impulsar la economía verde y soluciones al cambio climático, mientras que empresas españolas de talla multinacional siguen dando pasos importantes en la misma línea, lo que ha llevado a algunas de ellas a situarse entre las más sostenibles del planeta. Pero sigue haciendo falta que se adopten las políticas y los marcos institucionales adecuados que nos permitan alcanzar el objetivo cero emisiones. Ya veremos si en 2017 se avanza en la dirección correcta.
Feliz Navidad, nos vemos en febrero.
Luis Merino
lmerino@energias-renovables.com
Pepa Mosquera
pmosquera@energias-renovables.com
