En una escena memorable de Cazador blanco, corazón negro, Clint Eastwood, utilizaba el recurso de contar una historia anterior para resultar educado y sin embargo, poder decirle a la pronazi Mel Martin lo que realmente pensaba de ella.
En las últimas veinticuatro horas he recibido más de cien llamadas y mensajes de productores de renovables, periodistas, políticos, amigos, conocidos,… un poco de todo. También han sido recurrentes las llamadas de personalidades bastante conocidas del mundo del Derecho: desde compañeros abogados de mucho postín, hasta cátedros de indiscutible reconocimiento, pasando por jueces y magistrados de diferentes salas y algún que otro letrado colaborador de los que suele haber en la fontanería de las salas de los más insignes tribunales patrios.
Glosando un poco los mensajes de este último segmento de interlocutores (al más puro estilo de nuestro amigo Clint), me gustaría empezar estos comentarios sobre la sentencia del tribunal constitucional (va con minúsculas adrede) de 17 de diciembre de 2015.
“Qué vergüenza, con qué grosería están dispuestos a demostrar su politización”.
“Tiene menos contenido jurídico que el cuento de Caperucita”.
“¿Cómo son capaces de despacharse cinco años de violaciones continuadas de derechos con dos párrafos tan pobres?”
“¡Justificar la urgencia por la falta de lluvia de un año antes! Es un escarnio”.
“No se trataba de cambios cosméticos, si no de un cambio de radical de las normas con afectación en derechos consolidados, es una indignidad que pasará factura”.
“Algún árbitro se está descojonando de esto”.
Creo que más o menos he respetado la literalidad de los mensajes que he recibido. Claro, el de los afectados (entre los que me incluyo), es preferible que no los transcriba por razones obvias de la educación.
Si a los argumentos entrecomillados unimos, que este curioso libelo con sello jurisdiccional, fue anunciado a bombo y platillo por el Ministro en funciones, mucho antes de que lo conociese la parte recurrente o la opinión pública, pues nos indica con bastante claridad por qué caminos parece conducirse la justicia constitucional (otra vez con minúsculas) en nuestro país.
Que el tribunal constitucional asegure que las medidas retroactivas reflejadas en el RDL 9/2013 (la primera andanada retroactiva del gobierno popular) eran previsibles para los operadores, es un argumento que ya ni siquiera sostiene el Tribunal Supremo (mucho más habituado a menesteres energéticos). De hecho, me remito a un artículo de esta misma revista de hace ya unos años. Y llevar al paroxismo que el interés general “no justificado” lo aguanta todo (el otro argumento que subyace en la sentencia), nos recuerda más a reyezuelos de otro tiempo o incluso, a políticos de otras latitudes, a los que ampulosamente critican los “salvapatrias” que exigen estos días con la boca y el estómago llenos que necesitamos gobiernos sólidos, que den estabilidad y seguridad jurídica a las instituciones. Permítanme que me sonría.
En cualquier caso, no quisiera concluir estos comentarios sin mostrar mi más sincero convencimiento de que no está todo perdido. Por supuesto que hay camino por delante para los ciudadanos pisoteados. En el seno del propio Tribunal Supremo se están cuestionando si el sistema no se habrá pasado de frenada con tanto abuso; la vía del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que de forma reiterada hemos estado reclamando parece cada vez más cercana, y alguna sorpresa más, que el futuro cercano seguro nos depara, habrán de dar un poco de luz a una situación tan siniestra.
