2019 fue el mejor año de la historia del sector fotovoltaico en España. Las cifras récord de nueva potencia instalada –4,2 GW en proyectos a gran escala y 459 MW en autoconsumo– se debieron esencialmente a la alta competitividad alcanzada por la fotovoltaica y al nuevo marco normativo liberalizado para el autoconsumo.
Si ponemos el foco en el autoconsumo, nuestra estimación de nueva capacidad inicial se situaba en el orden de 600 MW al año. Sin embargo, la pandemia causada por la COVID-19 ha golpeado muy fuertemente a este sector: muchas empresas han tenido que implementar ERTEs, los proyectos están siendo retrasados y algunos definitivamente cancelados.
El gran riesgo es que este parón de la actividad destruya el tejido empresarial que se ha ido construyendo. No olvidemos que el motor de este segmento son las pymes, donde se instala un 70% de la potencia de estos proyectos, que son las que poseen menos recursos para afrontar esta crisis. Si a esto le unimos el fuerte impacto en el sector servicios, se plantea un escenario poco optimista en el medio plazo.
Los datos dan testimonio del impacto positivo que tiene el autoconsumo en la generación de riqueza y empleo cualificado y distribuido, por ello consideramos que su aportación será fundamental en la reactivación de la economía de España. Para evitar que el impacto de la COVID-19 suponga un paso atrás en el desarrollo del autoconsumo en España hemos elaborado un plan de actuaciones urgentes que hemos solicitado al Ministerio de Transición Ecológica y Desarrollo Rural.
Para compensar la delicada situación económica que pasan muchos de los potenciales usuarios del autoconsumo hemos solicitado la aprobación temporal, mientras dure la crisis, de la posibilidad de una amortización acelerada de las instalaciones y la imposición de un IVA reducido para los clientes domésticos. Para impulsar un mayor despliegue del autoconsumo, además, hay que reformar el diseño de la tarifa eléctrica reduciendo el peso del término fijo, para que se incentiven la eficiencia energética y el autoconsumo.
La simplificación administrativa es otra medida que permitiría acelerar la instalación de los proyectos, junto a la digitalización y la homologación de los procesos entre los diferentes niveles de la administración pública. Es fundamental sustituir el requisito de obtener licencia de obra por una comunicación previa y una declaración responsable. Ningún país de nuestro entorno exige la licencia de obra a los proyectos de autoconsumo. En España se llega a necesitar hasta seis u ocho meses para obtenerla. Lo mismo que una gran planta.
La innovación tiene que seguir siendo uno de los motores de nuestro sector. Pero la innovación necesita ser testeada en el mercado. Por ello, solicitamos el lanzamiento de un programa de apoyo a los proyectos innovadores con fondos estructurales. Para Ceuta y Melilla, debido a sus características, proponemos que estos fondos se puedan utilizar también para las instalaciones de autoconsumo convencionales, para que no se queden al margen del proceso de transición ecológica.
Es necesario además revisar el Código Técnico de la Edificación, incorporando mayor ambición en la obligación de instalación de autoconsumo. Así como reformar la Ley de propiedad horizontal, facilitando el acuerdo en bloques de viviendas para incrementar el despliegue de autoconsumo colectivo. Asimismo, es fundamental contar con una campaña pública de promoción que traslade a los consumidores el mensaje de que el autoconsumo es una opción viable que permite el ahorro en la factura.
En definitiva, la aportación del autoconsumo no es solo una gran capacidad para generar empleo y reactivar economía dada su capilaridad, sino que, gracias a la alta competitividad en el precio de la energía obtenida, puede dotar a la industria española de una ventaja competitiva con respecto a sus competidores. El autoconsumo tiene un futuro despejado, en cuanto se recupere la economía recuperará la senda de crecimiento que venía experimentando, pero es necesario ayudar en este momento a construir un puente hacia el mismo.
