Ante el enorme desafío que supone el cambio climático, España tiene que diseñar una estrategia de amplio alcance para llevar a cabo una transición energética eficiente y justa. Recordemos que el objetivo final es ambicioso: alcanzar la total descarbonización de nuestra economía en 2050.
En nuestras aportaciones a la “Estrategia a Largo Plazo para una Economía Española Moderna, Competitiva y Climáticamente Neutra en 2050” del Ministerio para la Transición Ecológica, hemos remarcado que el sector fotovoltaico está preparado para desempeñar el papel de protagonista que le corresponde en la transición energética y hemos hecho hincapié en la necesidad de contemplar algunas medidas para que toda la potencia fotovoltaica prevista se pueda instalar de forma eficiente.
En términos generales, consideramos fundamental que se alcance un consenso político que sirva de punto de partida de los esfuerzos a realizar por parte de la Administración, las empresas y los ciudadanos.
Además, para que los proyectos fotovoltaicos se pongan en marcha, es necesario favorecer el acceso a la financiación y atraer las necesarias inversiones industriales. La estabilidad genera un efecto llamada no solo cuando ésta se garantiza en ámbito regulatorio, sino también cuando se dispone de una planificación del desarrollo a medio y largo plazo del sector fotovoltaico. De ahí la necesidad de definir un programa de subastas de energías renovables basadas en el precio por la energía generada (kWh), con un diseño no marginalista y cuyo resultante se integre en el precio al consumidor final.
Centrándonos en el sector eléctrico, es imprescindible emprender la reforma del diseño del mercado eléctrico y de la definición de la tarifa que pagan los consumidores. En un sistema energético basado en energías renovables, el mercado tiene que tener un diseño adecuado a las características de estas tecnologías, que apenas tienen costes variables. Algo que en nuestro país no ocurre, ya que contamos con un mercado marginalista que no permite un sistema de fijación de precios eficiente.
Resolver este inconveniente permitiría transmitirles el mejor precio a los consumidores que, además, se verían motivados a emprender mejoras de la eficiencia energética si se reformase el sistema de definición de la tarifa eléctrica aumentando el peso del término variable, ligado al consumo de energía, frente al término fijo.
Asimismo, para asegurar que los nuevos proyectos puedan conectarse, la modernización y actualización de las redes de transporte y distribución asumen un papel central. En esta línea, es importante que haya un proceso de concesión de puntos de conexión transparente, que no suponga una barrera, pero que desincentive los movimientos especulativos y evite la creación de posiciones dominantes.
Además, la generación distribuida ganará cada vez más peso. La aprobación del nuevo RD de Autoconsumo ha supuesto un punto de inflexión, al eliminar las barreras económicas y administrativas, dando impulso a la instalación de estos proyectos a nivel residencial, comercial e industrial. Para que ciudadanos, pymes, centros de servicios, entre otros, puedan convertirse en actores contra el cambio climático, es necesario llevar a cabo campañas de sensibilización: todos tienen que saber que, gracias al autoconsumo y a las renovables, no solo tenemos energía limpia, sino que también barata. Y en esto la Administración representa un aliado importante, si agiliza la tramitación de los proyectos y apuesta por el autoconsumo en los edificios de su propiedad. Además, la Administración tendría que fomentar la creación de comunidades energéticas, para que los consumidores puedan generar, almacenar, gestionar e intercambiar la energía limpia producida por sus instalaciones.
Si por un lado estas medidas pueden suponer muchos retos, por otra parte llevan consigo importantes oportunidades de creación de empleo, que España no puede desaprovechar.
