Los estudiantes y las generaciones más jóvenes nos lo han recordado de forma muy clara en sus recientes manifestaciones por todo el mundo: el cambio climático representa un desafío de magnitud tan grande, que se requiere una importante dosis de ambición, acompañada por medidas concretas, para que podamos hacerle frente de forma eficaz, preservando nuestro planeta.
A través del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que España envió a la Comisión Europea el pasado febrero, nuestro país ha definido una hoja de ruta en línea con el objetivo final de descarbonización a 2050. Creemos que los ambiciosos objetivos fijados para la próxima década transmiten la señal correcta: se puede y se tiene que cambiar el actual modelo económico y productivo.
Entre las metas a alcanzar, cabe destacar el objetivo de un 42% de penetración de las energías renovables en los usos finales de la energía a 2030 que, en línea con los compromisos adquiridos a nivel internacional por nuestro país, se sitúa diez puntos por encima del 32% de objetivo comunitario.
No cabe duda de que la tecnología fotovoltaica, junto con la eólica, serán las principales responsables de la consecución de esta meta. El PNIEC, de hecho, marca una cifra total de 28.000 MW de potencia fotovoltaica a instalar en la próxima década, cantidad por cierto muy inferior a la que nos asignaba el informe de los expertos del anterior Gobierno. Para alcanzar este objetivo, será fundamental tomar medidas concretas para que el mercado energético, el marco normativo y administrativo, y la infraestructura existente tengan las características adecuadas.
Por una parte, las redes de transporte necesitan una adecuada planificación y regulación, para integrar de forma eficaz los nuevos proyectos fotovoltaicos y, al mismo tiempo, evitar cuellos de botella no deseados que ralenticen su puesta en marcha. En la misma línea, será imprescindible simplificar los procedimientos administrativos para garantizar el cumplimiento de los plazos marcados por la Ley, evitando dar lugar a plazos largos e inciertos que dificultan la tramitación de los proyectos.
Por otra parte, las estimaciones nos indican que se van a necesitar más de 20.000 millones de euros para financiar todos los proyectos fotovoltaicos, cantidades que suponen la necesidad de contar no solo con los bancos nacionales, sino también con entidades financieras internacionales. Atraer a estos bancos será posible solamente si se dota al sector de un marco normativo estable que garantice la seguridad jurídica y condiciones claras.
Otro factor clave, que va a tener un papel central en la consecución de financiación para los proyectos, es el precio de retribución de la energía generada. En nuestro país, el diseño del mercado eléctrico se basa en un sistema marginalista, definido hace cuatro décadas, que resulta ser inadecuado para establecer correctamente el precio de la energía generada con tecnología renovable, que no tiene costes variables relevantes. Es evidente, por lo tanto, la necesidad de arreglar esta distorsión definiendo un nuevo sistema de asignación de precio que sea eficaz, que permita transmitir el mejor precio posible a los consumidores y que dé señales claras y atractivas para los inversores.
Tomar medidas concretas para mitigar los efectos del cambio climático ya no es una opción, sino que es una obligación que tenemos de cara a las futuras generaciones. Y tenemos que aprovechar esta oportunidad de rediseño de nuestro sistema económico para generar más empleo verde, favoreciendo además la igualdad entre mujeres y hombres, sin dejar atrás a los trabajadores del antiguo modelo basado en los combustibles fósiles. Impulsar las energías renovables nos permitirá cumplir con estos objetivos, ya que permitirá ofrecer soluciones de reconversión a muchos trabajadores y áreas geográficas.
Ahora es el momento para abordar este gran desafío con una perspectiva global, y es fundamental que todos los actores de la sociedad estén involucrados para llevar a cabo una transición eficaz y justa.
