"Sería injusto que dejáramos que alguien dejara de pagar la luz y que se lo cobraran a usted". La frase es del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, y el destinatario de la misma el senador de Convergencia i Unio, Salvador Sedó. Soria y Sedó se interpelaban a finales de octubre en el Senado sobre la pobreza energética, ese mal que en España provoca más de 7.000 muertes prematuras y dificulta a más de 7 millones de ciudadanos pagar la luz y el gas, según los datos de la Asociación de Ciencias Ambientales.
Muchos pasan tanto ¡frío!, sus recursos son tan limitados, que no tienen manera de calentar el bote de comida preparada que recogen en los bancos de alimentos. Lo denuncian voluntarios y organizaciones sociales mientras en el Senado se defiende la constitucionalidad (el gobierno catalán) o la inconstitucionalidad (el gobierno español) del decreto ley contra la pobreza energética aprobado por el ejecutivo catalán y recurrido ante el Tribunal Constitucional por el ejecutivo central. La norma catalana impide a las grandes compañías cortar la luz o el gas a las personas más vulnerables entre los meses de noviembre y marzo, y les permite aplazar el pago de esas facturas.
Salvador Sedó aseguraba que el decreto "lo que pretende es ayudar a los más desfavorecidos aplazando los pagos y establecer un calendario de pagos”. Y José Manuel Soria afirmaba que “no se puede jugar con algo con lo que mucha gente lo está pasando mal”. El gobierno español considera que la Generalitat de Cataluña ha invadido sus competencias al incluir en el decreto ley la definición de personas en situación de vulnerabilidad económica, regulada por la Ley estatal del Sector Eléctrico que determina quien tiene derecho al bono social. La Generalitat no debe estar muy contenta, al margen de constitucionalidades, porque su norma (aprobada en diciembre de 2013) tuvo escaso seguimiento.
Un año después ha vuelto el frío y continúa la discusión, esta vez al calor del Senado.
Alrededor de 2 millones de personas se acogen al bono social, según los datos publicados el pasado mes de septiembre por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Según la CNMC, explica el ministerio de Soria en una nota de prensa, entre 2012 y 2014 ha subido un 41,4% el número de desempleados que se han acogido al bono social (todos los miembros de la familia tienen que estar parados), un 15% las familias numerosas y un 0,6% los jubilados. Ha disminuido el colectivo que accedía al bono social por tener menos de 3 kW de potencia contratada.
El bono social “ampara” a 2 millones de personas y ¿qué pasa con los 5 millones que faltan hasta los 7 millones de pobres energéticos contabilizados por la Asociación de Ciencias Ambientales? Iniciar esa búsqueda es un buen motivo para desear ser ministro. También lo sería cuantificar (en kWh contantes y sonantes) el tiempo, los recursos y la energía despilfarrados por dos administraciones que se pelean por la paternidad de una competencia, y de un tribunal que no le queda más opción que dirimir rencillas.
El frío conserva, es cierto, pero alimentos muertos. Los ciudadanos tiritan y sufren el sabañón de otro invierno legislativo.
