La campaña y los programas electorales de PP y PSOE son exangües. Sin equívocos. No piensen que los candidatos debaten o argumentan sin energía, que también, sino que la energía tiene idéntica trascendencia en su discurso a la de un pimiento para un hipopótamo. Es un decir y un sentir después de leer los programas electorales del Partido Popular y del PSOE, sólo la parte referida a la energía y cuestiones ambientales, que escudriñarlo completo es mucho. 119 páginas en el caso del PP, con algunas fotos para cubrir huecos y dar una pincelada bucólica, y 36 páginas del PSOE que tienen la virtud de extenderse hasta el “infinito y más allá” que decía un dibujo animado cuyo nombre ni importa ni sé escribir.
“Como alcalde vuestro que soy os debo una explicación y esa explicación que os debo os la voy a pagar”, decía Pepe Isbert a los vecinos de Villar del Río en 1953. Pues 61 años después Luis García Berlanga ha vuelto, al menos en el programa electoral del PSOE. La segunda propuesta socialista es un “plan Marshall de inversiones” (está incluida en el epígrafe “una estrategia europea para crear empleos de calidad y salarios dignos”) y se resume en destinar una cantidad equivalente al 1% del PIB de la Unión a “sectores sostenibles como la eficiencia energética, las renovables”…, entre otras cuestiones. Punto y se acabó. Sin concreción y en blanco y negro, por lo del mecenas americano en la enunciación.
La bancada del PP no anda mucho mejor. Atención al compromiso: “Completaremos el mercado europeo de la energía para que ésta sea segura y asequible, reduciendo las distorsiones de la competencia y reforzando la competitividad de las empresas en los mercados globales”. Asequible, sólo hay que recordar que la subida del precio de la luz se ha convertido en cuestión de estado y supervivencia para los ciudadanos. Y no se entiende bien si lo de reducir distorsiones de la competencia se refiere a invitar a cenar a los cinco del UNESA para aunar posiciones u otra cosa.
Asequible: “Que puede conseguirse o alcanzarse”, concreta el diccionario de la RAE. Y es necesario precisar significados porque la palabra aparece de nuevo en el ideario popular para luchar contra la pobreza energética. Dice así: “Trabajaremos para garantizar la seguridad del suministro de energía, a precios asequibles para el consumidor y las empresas, con pleno respeto al medio ambiente y promoviendo la solidaridad entre Estados miembros”. El PSOE, después de referirse a la aportación socialdemócrata al Estado de Bienestar, asegura: “acometeremos las iniciativas legislativas precisas que permitan erradicar la pobreza hídrica y la pobreza energética implementando la declaración de Naciones Unidas del derecho humano al agua. Impulsaremos el reconocimiento del derecho ciudadano a la energía”. Incalificable, en su acepción de vituperable, que esas sean las propuestas de los dos principales (solo por número) grupos políticos en un país donde la pobreza energética afecta a 7 millones de ciudadanos y causa 7.000 muertes prematuras al año, según el estudio presentado el pasado mes de marzo por la Asociación de Ciencias Ambientales.
PSOE y PP, populares y socialistas, casi hacen coalición-gobierno de concentración-pacto de estado o salvemos la patria en lo que a la dependencia energética se refiere. Dicen los socialistas que “no se alcanzará una senda de estabilidad mientras no se consolide una región energética integrada, que sea capaz de dar respuesta con sus propios recursos agregados al problema que se deriva de su dependencia del exterior, tanto en materias primas como en tecnologías”. Y subrayan los populares que “la elevada dependencia energética y el encarecimiento de la energía constituyen un riesgo para el crecimiento, la competitividad y el empleo”. Lo que no dicen ninguno de los dos es que sus decisiones han provocado en España una dependencia energética superior al 80% en algunos periodos. 57.162 millones de euros costaron las importaciones de petróleo y gas en 2013. En el último ejercicio bajó la dependencia energética, es cierto, pero gracias a un mayor peso del sector renovable. Sí, ese sector criminalizado al que PSOE primero y el PP después se han empeñado en zancadillear desde el BOE a golpe de decreto, real decreto o cualquier otra fórmula que contemple el ordenamiento jurídico.
No hay acuerdo, sin embargo, sobre la moda de provocar terremotos en zonas de placidez sísmica. “El fracking o la extracción de hidrocarburos en el mar no tienen cabida en nuestro modelo de gestión sostenible”, sentencia en PSOE. Sus contrarios de papeleta no usan la maldita palabra y prefieren una declaración genérica y conciliadora: “No se trata de promover unas fuentes de energía frente a otras, sino de elegir la combinación que garantice la seguridad del suministro, ofrezca precios competitivos y mejore, con los avances tecnológicos, el impacto ambiental y la eficiencia energética”. ¿Cómo hasta ahora?, podría preguntar el lego.
El galimatías lanzado sobre los folios electorales se desparrama como agua sin cauce o electricidad sin cable. Poco más se puede reseñar sin reiterar construcciones gramaticales de dudoso compromiso y grácil ambigüedad salvo dos últimas pinceladas. Por orden de mayor a menor, el PP propone: “Impulsaremos que el trabajo de las autoridades nacionales incluya el desarrollo de contadores inteligentes como elemento clave para el suministro eléctrico, como ya se está haciendo en España”, como si el lío patrio no fuera suficiente y hubiera que extenderlo por todo el continente. Y el PSOE en su propuesta número 80 anuncia: “Impulsaremos la acción de instrumentos de financiación verdes, porque la iniciativa emprendedora necesita un banco bueno que impulse la inversión en estos sectores”.
Sin más. “Puedo prometer y prometo”, que es gratis, la lectura escasa y la memoria colectiva muy corta. Hasta Estraburgo. El hipopótamo bien, en la charca, engordando de tanto holgar.
