España y nuestro sistema eléctrico tienen algo en común, son complejos e inestables, pero a la vez indestructibles. Aunque podríamos decir que otra característica propia es la tendencia a la autodestrucción de la que terminamos salvándonos a nosotros mismos. Ya sea por desbarajustes políticos, fenómenos naturales o pandemias mundiales, seguimos cantando para bingo y, si miramos a nuestro sistema eléctrico, la sucesión de cambios regulatorios nos sitúa siempre al borde de una catástrofe que nos hace tropezar pero no caer. De momento.
En tiempos de transformación, pero también de homogeneización de los sistemas eléctricos europeos, no todo lo planificado se puede cumplir y no toda la regulación consigue que llueva a gusto de todos. Y es lógico, porque los intereses de gobiernos, ciudadanos y el sector eléctrico, no siempre se mueven en la misma dirección ni en los mismos tiempos.
Los ciudadanos piensan en euros y mes a mes, para hacer frente a una factura de la luz que se mantiene en precios tan altos como inéditos. El gobierno piensa en años y de cuatro en cuatro. Y el sector, que asume grandes inversiones, lo hace en décadas. Como queda claro, la velocidad y los tiempos están completamente desincronizados. Todos cuentan con sus herramientas de presión, el voto, el BOE o los precios de la energía respectivamente, pero aquí las velocidades a las que cada uno puede ejercer su presión cambian para invertirse.
Los precios y la escasez de gas afectan a toda Europa, pero es que “Spain sigue siendo different” y nuestras particularidades deben ser enumeradas para entender cómo hemos llegado a la situación actual y cómo un cambio regulatorio que limitará el precio del gas puede desencadenar una serie de consecuencias negativas para la estabilidad del sector y para el bolsillo del consumidor.
Nuestra integración con el mercado portugués es prácticamente absoluta y nuestro acoplamiento a los mercados europeos cada vez mayor, siempre limitados por la pobre capacidad de interconexión de gas y electricidad a través de Francia y que, a la postre, está resultando ser una debilidad estratégica y geopolítica, traducida en euros y en debilidad económica. Seguimos siendo una isla energética. Aun así, si alteramos los precios de la energía artificialmente para contenerlos, el saldo de la interconexión será siempre exportador, beneficiando a nuestros vecinos del norte de unos precios inferiores.
El simple hecho de anunciar un tope en los precios de la energía ha provocado una gran incertidumbre en los mercados de futuros en los que se negocia la compraventa de energía a largo plazo para así reducir la volatilidad del mercado diario.
La transición energética está en peligro pues depende en gran medida de las inversiones del sector privado, que necesita estabilidad y predictibilidad en sus ingresos para poder tener seguridad de retorno. Llevamos más de una década de contantes modificaciones regulatorias a través de la figura del RD-L y se echa de menos una reflexión profunda, de Estado que involucre al sector, al Gobierno y a la oposición para consensuar las reformas necesarias que establezcan una regulación duradera.
La complejidad normativa y las tarifas reguladas son entornos propicios para que solo las grandes empresas, con recursos prácticamente ilimitados, puedan participar en el mercado y así perpetuar una situación de oligopolio de unas pocas empresas verticalmente integradas. El ejemplo lo tenemos en el PVPC, tarifa indexada al precio del mercado diario que se ha disparado en los últimos meses, arrastrando a 10,5 millones de consumidores a asumir precios disparatados por la electricidad. Solo 8, contando con las de Ceuta y Melilla, de un total de 704 comercializadoras, reúnen los requisitos para ser Comercializador de Referencia, pertenecen además a los grandes grupos dominantes del mercado y concentran casi a la mitad de los consumidores eléctricos de nuestro país.
Es muy difícil prever todas las consecuencias del limite de precios, pero es seguro que, de una manera o de otra, serán los consumidores los que terminen pagando el precio real del gas. ¿Les suena el déficit de tarifa?
