La recuperación de la economía va por barrios y para que a unos pocos les vaya muy bien, a la inmensa mayoría les ha de ir mucho peor. La reforma eléctrica es una buena demostración y el sostenimiento del sistema, que es lo mismo que el de los ingresos del sector eléctrico, necesita el constante reconocimiento de costes a las eléctricas que se cargan a decenas de millones de consumidores directamente en el recibo de la luz e indirectamente impidiéndoles el acceso a la reducción de su coste energético a través de la eficiencia energética o el autoconsumo.
La desigualdad y desproporcionalidad que la reforma eléctrica establece entre las compañías eléctricas y los ciudadanos es la misma que ha presidido el rescate bancario. En el mercado energético, al anularse la competencia a través del nepotismo que preside las relaciones entre los políticos, los reguladores y las empresas, –véase lo sucedido con los nombramientos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia–, el sistema se fundamenta en el consumidor cautivo sin derecho a elegir y sin soberanía para decidir cómo, cuándo y qué energía consumir.
El proyecto de ley del sector eléctrico perfecciona este modelo al establecer la revisión automática de los peajes todas las veces que haga falta. Y así ha sido al tercer mes de que el Ministro de Industria anunciara, junto a la Vicepresidenta del Gobierno, que el equilibrio en las cuentas del sector eléctrico estaba garantizado para 2013 y para siempre. Si se comparan las declaraciones que el Sr. Soria hizo en julio y las que ha hecho en septiembre, el Ministro se ha desmentido a sí mismo en todas sus palabras: la luz ha subido más de un 6% en dos meses y el déficit de tarifa previsto para 2013 ha crecido como “por sorpresa” hasta 3.000 M€. Además ha anunciado otro déficit voluminoso en la tarifa del gas.
Tan inútil es la reforma eléctrica que su credibilidad se ha esfumado antes de que se apruebe. Y el fracaso va a ser mayor por el déficit democrático con que se está tramitando, sin escuchar a nadie, sin participación y sin hacer ni caso a todos los informes de la CNE, CNC y Consejo de Estado que han cuestionado sus cálculos y principios. La razón es muy simple: la reforma no modifica ni un ápice el modelo eléctrico, culpando de todos los desequilibrios a las renovables y al ahorro que representa el autoconsumo. Sin embargo, por más moratoria renovable, más retroactividad a la retribución y a la inversión renovable y por más barreras impuestas al autoconsumo, el Gobierno lleva acumulada una subida de la luz de más de un 11% y si se hubieran leído los informes de la CNE sabrían que las causas han sido la bajada del consumo eléctrico, los costes extra-peninsulares, las ayudas al carbón, las subastas de la tarifa de último recurso y ahora los pagos por capacidad y por restricciones técnicas. Ninguno de estos costes se aborda en la reforma eléctrica.
La última subida se ha debido al carácter inflacionista de las subastas que determinan el precio de la tarifa de último recurso, referenciada al precio del mercado mayorista que las eléctricas elevan oportunamente en los días previos a cada subasta, y al incremento de los servicios de ajuste, pagos por capacidad y por restricciones técnicas que son comportamientos “anómalos” que encarecen la luz y que está investigando la CNE. Se trata de sobrecostes reconocidos a las eléctricas que han crecido un 71% desde 2009 sin ninguna transparencia ni control. Son estos sobrecostes la causa del encarecimiento de la luz, pero la reforma nada dice al respecto.
El déficit de la tarifa eléctrica se va a incrementar en 2013 debido al incumplimiento por el Gobierno de sus propias decisiones para garantizar la sostenibilidad del sistema. Los costes que se iban a cargar a los presupuestos generales del Estado siguen en la tarifa y ahí van a seguir pues el incumplimiento de los objetivos de déficit público hace imposible llevar más gastos a presupuestos. Los ingresos por derechos de CO2 y por aplicación de las tasas de la Ley 15/2012 van a ser inferiores a los previstos, a lo que habrá que añadir las exenciones que el propio Gobierno ha aprobado a las nucleares y a la gran industria. Las nuevas ayudas al carbón o las nuevas inversiones eléctricas reconocidas para Canarias y Baleares también van a suponer nuevos costes en la tarifa. En cuanto al déficit de la tarifa del gas su origen es la sobrecapacidad gasista libremente decidida por las eléctricas y que se describe en el RDL 13/2012 al señalar que aún bajando la demanda de gas desde 2007 se han seguido ejecutando inversiones en nuevas infraestructuras gasistas o importando más gas.
Los informes de la CNE, de la CNC y de la propia Comisión Europea han destacado los beneficios del ahorro energético, el autoconsumo y las renovables para rebajar los precios de la electricidad y la mejora que supone para la competencia el aumento de la generación descentralizada como incentivo a la bajada de precios de la luz. La Directiva de renovables 2009/28/CE establece que esos beneficios han de tenerse en cuenta en la valoración de su retribución; sin embargo, el objetivo de la reforma es impedir que los consumidores finales puedan reducir sus costes energéticos para garantizar así los ingresos del sector eléctrico. Garantizar la sostenibilidad del sistema eléctrico no es lo mismo que garantizar los ingresos del sector eléctrico. Esa es la contradicción de esta reforma que solo garantiza la subida automática de la luz sin tocar el modelo eléctrico y destruyendo la posibilidad de la generación distribuida.
Los litigios nacionales e internacionales, los expedientes de la Unión Europea, la rebelión de los consumidores y el riesgo regulatorio son las consecuencias de una política energética torpe y subordinada al interés de unos pocos. La consecuencia más grave es que el cambio de modelo energético es imprescindible para la salida de la crisis y eso no se conseguirá repercutiendo sin justificación al autoconsumo y los consumidores costes que no les son achacables.
