El Reglamento (UE) 2020/852, sobre taxonomía de inversiones sostenibles, confirmó el giro de las instituciones europeas hacia el ecopostureo al sustituir el principio de “neutralidad en carbono” por el de “neutralidad tecnológica”, que permite que cualquier actividad sirva para luchar contra el cambio climático, aunque emita gases de efecto invernadero. La definición de “actividades facilitadoras”, como aquellas que ayudan a otras actividades en un objetivo de sostenibilidad ambiental, permite etiquetar como verde cualquier actividad por insostenible o contaminadora que sea.
Los intereses de Alemania por su dependencia del gas ruso y de Francia por la ruina de su industria nuclear, hicieron progresar la etiqueta verde al gas y la nuclear en la cumbre del clima de Glasgow de 2021, con la única voz en contra de Teresa Ribera. La cumbre de Egipto en 2022 confirmó la pérdida de credibilidad del liderazgo climático de Europa por la contradicción de considerar las actividades contaminadoras, a la vez, como sostenibles. En plena crisis por los precios del gas, a raíz de la agresión de Rusia a Ucrania, el inmovilismo de Bruselas para modificar la formación de precios de la electricidad, referenciados a los del gas, ha provocado la inflación fósil, la subida de tipos y el castigo a los consumidores.
Las consecuencias pueden ser dramáticas en los próximos años por el efecto que está teniendo en el proceso de negociación de las directivas del paquete “Fit for 55”, para alcanzar una reducción de emisiones del 55% en 2030, y el interés del sector eléctrico y gasista por el hidrógeno, sin discriminación de colores, y el eufemismo de las “energías bajas en carbono”, para prolongar el uso del gas hasta 2050.
La nueva Directiva de renovables está bloqueada porque la Comisión Europea considerará renovable la producción de hidrógeno a partir de energía fósil si genera un 70% menos de emisiones. La Directiva de edificios, que propone la eliminación de los combustibles fósiles en 2035, incluye que a partir de esa fecha se puedan instalar sistemas de calefacción con combustibles fósiles si sirven en el futuro para el hidrógeno. La ampliación del mercado de derechos de CO2 para edificios y transporte solo incluirá a los suministradores de energía. El veto de Alemania a la prohibición de la venta de coches nuevos de combustión a partir de 2035, ha hecho retroceder a la Comisión que ha propuesto una nueva categoría de vehículos que usen combustibles sintéticos, más caros y contaminantes.
Finalmente, después de haber reconocido que el mercado no funcionaba, la propuesta de Von der Leyen sobre el mercado eléctrico defiende que el actual diseño de mercado ha funcionado a la perfección y no debe modificarse, por lo que el gas seguirá determinando el precio de la luz en el mercado mayorista, como si los elevados precios de la energía hubieran surgido de la nada, como afirmó la presidenta del BCE, Christine Lagarde. El sector eléctrico ha pedido inmediatamente que se eliminen todas las medidas extraordinarias, como el tope al gas, adoptadas por la crisis energética, que se vuelva a la “normalidad regulatoria” y evitar la falsa sensación de bajada de precios. Defienden el intervencionismo del mercado para proteger sus ingresos, pero lo atacan cuando beneficia a los consumidores.
Los beneficiarios de la incoherencia de la Comisión Europea son el lobby eléctrico, del gas y el petróleo. Quien pensara que el “Catargate” era una excepción en las instituciones europeas se equivocó y en la negociación de las directivas ese lobby está presente y muy activo. El objetivo es cargarse el paquete “Fit for 55” y la descarbonización de la economía. Si el gas, el hidrógeno de todos los colores o el motor de combustión continúan utilizándose a partir de 2035 los consumidores europeos pagarán muy cara la energía y más aún los impactos del cambio climático y las guerras.
El fraude climático de la Comisión Europea se produce cuando la ONU ha presentado el último informe del panel de expertos en cambio climático (IPCC) que reclama una reducción de las emisiones a la mitad en 2030 para controlar la temperatura del planeta y la no autorización de ningún producto de gas o petróleo porque el 79% de las emisiones globales proceden del uso de energía fósil en la industria, la edificación y el transporte. La hibridación con gas es un freno a la transición energética y un problema reputacional para la Comisión Europea.
Igual que en 2008 el diktat alemán provocó la recesión en Europa y la ruptura de la cohesión social con más desigualdad y euroescepticismo, en 2023 la crisis energética no se resolverá atendiendo solo al interés de eléctricas, petroleras y gasistas. Si la Comisión Europea cede a la presión de los lobbies que exigen retardar la transición energética, acelerará otra recesión y la crisis climática.
La transición energética solo puede ser sostenible o no será. El futuro de Europa no se puede basar en un fraude de ley, como es el incumplimiento de su propia gobernanza de energía y clima, sino en liderar la lucha contra el cambio climático cumpliendo la hoja de ruta del “paquete de invierno” de 2018 que Úrsula von der Leyen parece dispuesta a abandonar en la negociación de las nuevas directivas europeas.
