¿Cómo explicar que cuando la inversión en energías renovables vive su máximo apogeo en todo el mundo, en España se cierra y deslocaliza la industria renovable? El caso de Vestas es el último ejemplo de cómo la inseguridad regulatoria contra las renovables, aplicada desde 2008, ha destruido cerca de 70.000 empleos y el liderazgo de la industria renovable española.
Para entender la deslocalización de Vestas hay que recordar que el liderazgo de España en renovables se fraguó por la existencia de objetivos atractivos, como lo fueron los 20.000 MW de eólica para 2010 aprobados en 2005, de patentes nacionales y de competencias de las comunidades autónomas para tramitar y desarrollar sus propios objetivos, vinculados al desarrollo económico local.
Cuando la Federación Leonesa de Empresarios acusa a la mala política energética de los últimos años del cierre de la planta de Vestas en Villadangos del Páramo (León) está denunciando una situación que se arrastra desde 2008. Los economistas que han dirigido la política energética, desde Miguel Sebastián y José Manuel Soria hasta los hermanos Alberto y Álvaro Nadal, sin tener ni idea de energía, han arruinado las oportunidades de desarrollo del sector renovable en España a cambio de tener la luz más cara y contaminante de Europa.
Las sucesivas reformas energéticas del PSOE y del PP desde 2008 paralizaron la inversión renovable, suprimieron los objetivos por tecnologías, recortaron arbitrariamente la retribución a las instalaciones con una inseguridad jurídica permanente y arrebataron las competencias en renovables a las autonomías. Todo confluía en suprimir el mercado y la competencia, reducida a los intereses de las grandes eléctricas. ¿Para qué innovar?
Sólo hay que ver los informes de REE sobre las renovables en España para comprobar cómo la inversión renovable ha desaparecido desde 2013. Las consecuencias han sido el cierre de industrias, destrucción de empleo, deslocalización de empresas, 15.000 millones de euros en demandas internacionales y nacionales y la difamación lanzada a la opinión pública desde instancias oficiales y del sector eléctrico contra las renovables. El absurdo ha llegado hasta el extremo de dar más seguridad jurídica a la inversión en gas, fracking o prospecciones de hidrocarburos que a las renovables.
La decisión de deslocalizar adoptada por Vestas podría haberse evitado si se hubiese mantenido una política de estabilidad regulatoria para la industria renovable. ¿Por qué España se ha autoexcluido del mayor desarrollo renovable en Europa, como es la eólica marina? ¿Por qué las empresas españolas hacen eólica marina en todo el mundo menos en su propio país?
Cuando se observa cómo Noruega, Francia y Portugal van a liderar la nueva época de la eólica marina flotante, que Europa va a crecer hasta 26 GW en eólica marina hasta 2020 o Reino Unido hasta 30 GW en 2030 y se compara con el nulo apoyo dado en España, se entiende la deslocalización de la industria eólica. Antes pasó con la fotovoltaica.
La política energética es la que ha promovido la deslocalización renovable y lo pagamos con la pérdida de empleos, de desarrollo económico local, de innovación energética, de política industrial, con más dependencia de los combustibles fósiles, más contaminación y un precio elevado de la electricidad por la falta de mercado y por la falta de más renovables.
La mala política energética ha provocado que más de la mitad del sector energético convencional sea propiedad de inversores extranjeros y lo mismo ha ocurrido con el sector renovable. La consecuencia es que si no hay un cambio radical de la política energética y en la seguridad jurídica que se ofrece a las renovables puede haber más deslocalizaciones; porque Vestas ha demostrado que, en energía, ya no somos dueños ni de nuestras propias decisiones.
