Para entender el informe que ha elaborado la Comisión de Expertos sobre la Transición Energética, presentado el 2 de abril por encargo del Gobierno, es preciso tener en cuenta en qué contexto se ha realizado:
• España ratificó hace dos años el Acuerdo de París y no tiene ningún plan para cumplir el compromiso de reducir un 40% sus emisiones en 2030.
• En Bruselas se están debatiendo las nuevas directivas del “paquete de invierno” para cumplir los objetivos climáticos de la UE en 2030, siendo el Gobierno de España uno de los que más se ha opuesto a los nuevos objetivos y directivas.
• Los malos resultados del sector eléctrico en 2017 han mostrado cómo el mix eléctrico que tiene España actualmente no sirve para afrontar los crecientes impactos del cambio climático.
“Ante el problema del clima se mantienen las viejas formas de crear una comisión para encargar un informe que no vincula a nadie ni a nada, pero que sirve para ganar o perder tiempo, según se considere”
Se trata de tocarlo todo para que nada cambie, como la reforma eléctrica de 2012, que estableció la sostenibilidad económica del sistema eléctrico y gasista como único objetivo de la política energética.
El error de separar energía y medio ambiente
La separación de la política energética de la política medioambiental conduce al error de anteponer la oferta del mix de generación a la gestión de la demanda. Es lo contrario de lo que proponen las directivas europeas, las vigentes y las del “paquete de invierno”.
El resultado es que hasta 2030 se propone un mix de generación muy parecido al actual: se mantiene la potencia nuclear y gasista, menos carbón, pagos por capacidad y apenas se duplica la potencia renovable existente en 2017. La sobrecapacidad del sistema se dispara, la potencia instalada crecerá un 50%, hasta 150.000 MW, mientras la punta de demanda no superará los 41.300 MW de 2017. Las interconexiones con Francia serán la vía de escape, pero sin saber si habrá demanda para que sean rentables ni de lo que costarán a los consumidores.
La innecesaria sobrecapacidad de energía de respaldo para las renovables hay que entenderla al revés; se trata de que las renovables respalden a la nuclear, al gas y al carbón cuando vuelva la sequía. Por eso, el mix renovable que se propone se orienta a instalaciones a gran escala, eólica y fotovoltaica, y no a la generación distribuida, que es lo que proponen las directivas europeas.
La desconfianza hacia las renovables, al autoconsumo o al almacenamiento local contrasta con la velocidad de maduración que han adquirido en todo el mundo.
“Pensar que será difícil llegar a un 27% de renovables, o imposible el 35% que propone el Parlamento Europeo, es una falacia e ignorar la experiencia de que para las renovables no hay objetivos imposibles”.
El olvido de la biomasa, la geotermia, la termosolar, la eólica marina o moderar la eólica en tierra hasta 2030, hace que la propuesta no sea creíble. Como es difícil de creer que se vaya a multiplicar por diez la fotovoltaica sin una decidida apuesta por el autoconsumo.
“La conclusión es que se mantiene hasta 2030 un modelo centralizado y especulativo, carbonizado, con energía renovable de respaldo para cumplir por la mínima los objetivos de Bruselas, se reabre de forma anacrónica el debate nuclear y se refuerza el gas en todos los usos de la energía”
Cuando vuelvan los fenómenos climáticos extremos subirán el precio mayorista y los costes del sistema que, de acuerdo con la Ley 24/2013 y la Ley 18/2014, se trasladarán automáticamente a los consumidores.
Cumplir el Acuerdo de París exige un cambio de cultura energética
“El informe de los expertos acierta al afirmar que sin mayores esfuerzos en eficiencia energética no se conseguirá reducir las emisiones. Pero para reducir el CO2 presentan como alternativa más fácil el alargamiento de la vida útil del parque nuclear o el impulso a los vehículos alternativos, es decir, al autogas. El futuro del carbón se deja en manos del precio que alcance el CO2. Es un escenario peligrosamente inmovilista”
La internalización de los costes ambientales es otra propuesta correcta que viene obligada por la Comisión Europea, pero requiere una reforma fiscal de más amplio alcance. La mayor fiscalidad de los combustibles fósiles se compensa sacando de la tarifa los costes que no sean de generación, que pasarían a los presupuestos del Estado. El beneficio del consumidor se carga al contribuyente, un trueque al que Hacienda se ha opuesto siempre, igual que a los incentivos a la eficiencia energética.
La rehabilitación energética del parque edificatorio, edificios de consumo casi nulo, bombas de calor o la certificación energética se proponen como medidas para la descarbonización. Más oportuno sería exigir la transposición completa y el cumplimiento de las directivas europeas de edificios y eficiencia energética de 2010 y 2012 que establecen estas medidas que España incumple sistemáticamente.
Lo mismo ocurre con la importancia que se da a la generación distribuida; pero una vez visto el mix conservador que se propone para 2030, pedir una regulación del autoconsumo, de los agregadores de demanda o de las infraestructuras de recarga tampoco es creíble. Más coherente sería reclamar el apoyo del Gobierno a las nuevas directivas del “paquete de invierno”, aprobadas por el Parlamento Europeo, que son una apuesta más decidida para electrificar la demanda.
La renuncia que hace el informe de los expertos a cambiar la cultura energética de los consumidores significa también la renuncia a tocar la cuestión de la competencia. Porque la competencia es lo que diferencia un modelo energético centralizado, donde el centro del sistema es la oferta de generación, del modelo descentralizado, donde el centro del sistema es el consumidor que gestiona su demanda.
Abrir la competencia a millones de consumidores es lo que puede abaratar y descarbonizar la energía y la mejor definición de la transición energética.
Este artículo se publicó originalmente en la Oficina de JGB
