En el proyecto de decreto de renovables que el Ministerio de Industria hizo público el mes de julio se establece un nuevo régimen económico basado en una retribución a precio de mercado más un complemento en función de un cálculo que se definirá en enero de 2014. Ese cálculo se deja en el decreto a la total discrecionalidad del Ministerio y en la inseguridad regulatoria y retroactiva a todas las renovables.
Para agravar la poca seriedad del decreto, el Ministerio ha iniciado el procedimiento para contratar tres consultoras por un millón de euros que realizarán el estudio de los estándares de costes por tecnología sobre los que se determinará dicha retribución complementaria. El contrato incluye asistencia técnica para el caso de que se produzcan denuncias ante los tribunales.
Muy poco convencido ha de estar el Gobierno del rigor de su reforma eléctrica cuando ni ellos mismos saben cómo acabar con las renovables sin que arrecien las denuncias en los tribunales por parte de inversores y productores. Tan poco convencidos que ni siquiera hacen un concurso abierto ni tampoco utilizarán datos de las empresas afectadas. Que todo se haga sin luz ni taquígrafos. La reforma eléctrica adolece de mal gobierno.
Tanta incertidumbre se añade a las rectificaciones de las previsiones de demanda y del precio del mercado mayorista en la orden de peajes, criticada por la CNE al advertir un desfase de 289 millones en ingresos. En realidad, la pérdida de ingresos por la baja demanda eléctrica va a ser mayor si se considera que la potencia contratada es cinco veces la que se demanda y que la subida del término de potencia en el recibo de la luz va a contraer el consumo. Y a menor consumo crece más el déficit tarifario. ¿Y entonces qué?
El Ministro de Industria repite lo hecho antes por el Gobierno con las pensiones y la fiscalidad: excusarse en el gobierno de los sabios para ocultar su propia ignorancia, eludir explicaciones y conseguir el objetivo político planteado desde el principio. Si el Gobierno quiere bajar las pensiones crea un grupo de sabios que se lo aconsejen, si quiere reformar la fiscalidad para mantener la baja tributación de las grandes empresas crea un grupo de trabajo y si quiere acabar con las renovables, contrata directamente tres consultoras. Para eso ya existían los organismos reguladores independientes, pero esa es una figura que ya se han cargado los partidos políticos y sus funciones asumidas por los ministros.
Con el tiempo comienzan a verse los efectos de la reforma eléctrica. Así, mientras las eléctricas ya han subido un 3,5% en los mercados, los concursos de acreedores en el sector de las renovables en 2013 duplicarán los que se produjeron en 2012 y eso sin tener en cuenta todavía lo que digan los sabios. Pero el mayor problema que plantea el gobierno de los sabios es que carece de toda legitimación y transparencia, impide la participación democrática y se convierte en el gobierno de los grupos de influencia. Es una nueva forma de despotismo.
