En la inauguración de la COP 21 de París el Presidente del Gobierno anunció una ley de cambio climático y ahora PSOE y Podemos han recogido el guante. Todo es tan genérico que nadie podría rechazarlo pero tampoco cumplirlo, como las eternas propuestas de ley de renovables o de movilidad sostenible, convertidas en auténticas leyes florero.
España terminó 2015 encabezando el aumento de las emisiones de CO2 en Europa por la mayor generación con carbón. La fuente más contaminante lidera el mercado y deja a España a la cola en la lucha contra el cambio climático, cuyos efectos se dejan notar cada vez más en todo el litoral.
Nuestro país se ha convertido en uno de los mayores importadores mundiales de combustibles fósiles y la dependencia energética en el mayor coste energético. Descarbonizar la economía es una medida inexorable y la piedra de toque es supeditar la política energética al cambio climático y que la energía dependa de medio ambiente en el organigrama del Ejecutivo.
La primera condición para una ley de cambio climático es la coherencia de la política económica y la política energética con el objetivo de sustituir los combustibles fósiles por eficiencia energética y energías renovables. Se debería empezar por restituir la seguridad jurídica de la inversión renovable y regular la participación de los consumidores en el sistema eléctrico porque es un mandato de las directivas de renovables y eficiencia energética.
Aunque hay consenso en modificar el RD 900/2015 de autoconsumo, esa medida no bastaría por sí sola y habría que modificar íntegra o parcialmente otras normas de tanta o más trascendencia:
– Ley 24/2013 y Ley 18/2014 que trasladan automáticamente a los peajes que pagan los consumidores todos los déficits del sistema eléctrico y gasista y no reconocen los beneficios que el ahorro de energía y las renovables aportan al sistema.
– Ley 3/2013 de creación de la CNMC que elimina la independencia del regulador de la competencia, capturado por el poder ejecutivo.
– RDL 13/2014 de hibernación del almacén de gas Castor que traslada a los consumidores injustamente el coste de 1.461 millones de euros por la mala gestión del proyecto.
– RDL 102/2014 que prioriza las razones económicas sobre las de seguridad para facilitar la prórroga sucesiva de permisos de explotación a todas las centrales nucleares.
– Ley 8/2015 que incentiva la exploración, explotación de hidrocarburos y fracking, minimizando los riesgos para el medio ambiente y la ordenación del territorio.
– Cumplimiento íntegro de la Directiva 2010/75/UE de emisiones industriales y cierre programado de las centrales térmicas más contaminantes.
– Paralizar y revisar el plan de cambio de contadores para cumplir los artículos 9 y 10 de la Directiva 2012/27/UE de eficiencia energética que incorporan el balance neto y la interacción del consumidor.
– Revisión de la Estrategia Nacional de Rehabilitación de 2014 incluyendo el autoconsumo, las renovables, la contabilización del CO2 y el plan de edificios de consumo de energía casi nulo para cumplir con la directiva 2010/31/UE.
Todos estos cambios se resumen en uno: cumplimiento completo y efectivo de las directivas europeas incorporándolas en plazo a la legislación nacional. Las directivas reconocen nuevos derechos de ciudadanía para una energía sostenible y distribuida que obligan a todos los poderes públicos, el legislativo, el ejecutivo y el judicial.
