El Reglamento (UE) 2018/1999, sobre la Gobernanza de la Acción por el Clima, publicado el 21 de diciembre, no solo debería trasladarse a la regulación del Estado sino a las normas y ordenanzas urbanísticas y de transporte de autonomías y ayuntamientos. Los objetivos de descarbonización de los planes nacionales integrados de energía y clima necesitan el respaldo de las estrategias climáticas regionales y locales, en coherencia con el compromiso del Acuerdo de París de no sobrepasar la temperatura del planeta entre 2ºC y 1,5ºC.
Para alcanzar esta meta, la Gobernanza define para 2030 los objetivos de 40% de reducción de emisiones, 32% de consumo de renovables, 32,5% de eficiencia energética, un 15% de capacidad de interconexión y establece el principio “Primero, la eficiencia energética”, que deberá guiar toda acción climática, “por el que en todas las decisiones en materia de energía se deben tener en cuenta medidas alternativas de eficiencia energética, no solo en costes, sino en oferta y demanda de energía mediante medidas de ahorro y gestión de la demanda”.
El plan nacional integrado de energía y clima ha de establecer los objetivos de cada Estado en cinco dimensiones: descarbonización, eficiencia energética, seguridad energética, mercado interior e investigación, innovación y competitividad. Aunque el único objetivo nacional vinculante es el de emisiones, hay objetivos que suponen un cambio sin precedentes en la política energética de nuestro país:
• Se establecerán objetivos nacionales de reducción de las importaciones energéticas de terceros países.
• Se establecerán objetivos nacionales de flexibilidad del sistema energético a través de redes inteligentes, agregación, gestión de la demanda, almacenamiento, generación distribuida, señales de precio en tiempo real y medidas que garanticen que los consumidores participen en el sistema energético y se beneficien del autoconsumo y de los contadores inteligentes.
• Toda nueva interconexión será objeto de un previo análisis coste- beneficio socioeconómico y ambiental y solo se construirá si los beneficios potenciales superan los costes.
• Se aplicarán objetivos nacionales para la eliminación gradual de subsidios energéticos, en particular a los combustibles fósiles.
• El proyecto de plan integrado de energía y clima deberá pasar por un proceso de consulta pública, participación y diálogo multinivel para su debate.
• Debido al elevado potencial del metano en el calentamiento global, la Comisión Europea elaborará un plan que aborde las emisiones de metano para abril de 2019.
• Las estrategias nacionales de rehabilitación de edificios tendrán como objetivo la descarbonización del parque inmobiliario en 2050, transformando los edificios existentes en edificios de consumo de energía casi nulo.
• El 1 de enero de 2020, cada Estado deberá presentar una estrategia hasta 2050 para la
reducción total de las emisiones de GEI en 2050 mediante un sistema energético de alta
eficiencia energética, basado principalmente en fuentes renovables.
Las contribuciones que se fijen en los planes nacionales serán compromisos obligatorios, como los del Acuerdo de París, y cada gobierno deberá fijar plazos razonables para que la sociedad esté informada y participe con sus opiniones.
Las medidas relacionadas son una línea roja para nuevas interconexiones e infraestructuras gasistas, para el futuro del GNL, para las importaciones de hidrocarburos, para los pagos por capacidad y, en general, para la energía contaminante que es sustituida por un nuevo concepto de flexibilidad del sistema energético a través del autoconsumo con renovables, almacenamiento, contadores inteligentes, microrredes, carga del vehículo eléctrico y gestión de la demanda en cada centro de consumo.
La gobernanza del clima pone fin a la energía centralizada y coloca al consumidor en el centro del sistema energético, como único dueño de la energía flexible.
