Javier García Breva
Presidente de la Fundación Renovables
jgarciabreva@solynova.com
Las energías renovables en diez años ahorrarán más de 200.000 millones de euros, el 50% de nuestras importaciones de gas y petróleo. Ese es el rumbo que debería marcar la política energética a juicio no sólo de la Agencia Internacional de la Energía sino de economistas como Nicolas Stern o Paul Krugman. Sin embargo, aquí el consenso establecido aplaude que España haya perdido interés para los inversores en renovables o que también pierda, de forma irresponsable, el liderazgo industrial por la inseguridad jurídica impuesta por el Ministerio de Industria. Hay amores que matan y a partir de ahora, cualquier elogio que un político o alto cargo haga sobre cualquier renovable habrá que recibirlo con la mayor desconfianza.
Así como en 2009 se pudo visualizar cómo las renovables estaban cambiando el modelo energético, en 2010 han aflorado las tensiones que ello ha provocado. Y la ofensiva contra las renovables se ha redoblado hasta el punto de que el propio Gobierno se ha sumado a las falsedades sobre sus costes; así, mientras Gas Natural afirma que costarán 150.000 millones, Endesa pide su paralización o Iberdrola ataca la energía solar, el propio Gobierno lo cuantifica en 126.000 millones; nadie valora los beneficios económicos y ambientales de la industria renovable. Todos los economistas y medios del lobby del gas corren a festejar el cambio de rumbo del Gobierno que, por fin, ha decidido frenar las renovables, primar el carbón y asegurar la rentabilidad del gas.
Primero fue el sistema de prerregistro y cupos para todas las tecnologías, luego fueron los rumores y propuestas de retroactividad a las instalaciones ya operativas. La huida de inversores y financiadores estaba ya conseguida; la industria renovable se para y nuestra economía dependerá más de los combustibles fósiles. El error es considerar las renovables un problema de costes y no de independencia energética nacional y se desprecia la única fuente que no importamos: la renovable. La economía española no puede competir por el gas o el petróleo, pero sí por las renovables. Es lo que se quiere ocultar y falsear.
Nadie pensó que un fracaso como el de la cumbre de Copenhague sobre el cambio climático sería tan exitoso para la economía de los hidrocarburos. Para certificar ese nuevo escenario se ha publicado el Plan de Acción Nacional de Energías Renovables que modifica el mix que el Gobierno anunció el 1 de marzo, rebajando los objetivos de renovables y aumentando los de gas natural, condenando al ostracismo la energía solar, la biomasa, la geotermia o la maremotriz y minusvalorando los mecanismos flexibles, la generación distribuida o las externalidades de las renovables que son la clave de la Directiva europea.
De la misma manera que no se puede cambiar el modelo de crecimiento de nuestra economía sin invertir en educación, no se puede cambiar el modelo energético apoyando al carbón y al gas, y de la misma manera que una mala regulación originó la crisis financiera, una mala regulación nos conducirá a una crisis energética antes de 2020. El documento del PANER se apoya en los principios del proyecto de Ley de Economía Sostenible, olvidando que no se desarrollarán antes de 2012 y que están en contradicción con otras medidas ya adoptadas o anunciadas por el Ministerio de Industria.
Conociendo todos los manejos y engaños que rodean las reservas de hidrocarburos en el mundo y el cinismo con respecto a los impactos del cambio climático, la regulación española es un autoengaño y una bomba de relojería.
