En la reciente campaña electoral un Comité de Dirección de Transparencia Internacional ha reclamado un decálogo de integridad y transparencia a los políticos. Sorprende que hayan fijado su prioridad en la política sin exigir esa misma transparencia al mundo financiero y de la energía.
Hay otras circunstancias donde la transparencia ni se exige ni se espera: Las agencias de calificación que crean y destruyen valor solo por su propio interés en especular, los paraísos fiscales, el dinero de la industria financiera y energética para castigar a quien les critique, la desinformación sobre el coste de Fukushima y el riesgo de la radiactividad nuclear, la opacidad sobre los costes de la energía y los ataques a las renovables, los beneficios atípicos de las operaciones corporativas, el aumento de las desigualdades por la crisis del que solo habla Cáritas o que mientras España financia su deuda al 5%, Italia al 7% o Grecia al 30%, Alemania lo hace al 0,08%.
La falta de transparencia energética tiene su ejemplo más notable en la inexistencia de un estudio serio de las implicaciones de nuestra alta dependencia energética y de las importaciones de petróleo, gas, carbón y uranio así como un análisis de los impactos de un mayor consumo de combustibles fósiles y de energía nuclear a medio y largo plazo. No interesa porque supondría poner en evidencia los riesgos y la insostenibilidad del actual modelo energético y la falta de estrategia energética al servicio exclusivo del valor de las grandes corporaciones financieras y energéticas. En España, desde 1998, la electricidad a precios constantes ha bajado el 6,6%% por una decisión pactada para no subir el recibo de luz. Este hecho está en el fondo de muchos errores regulatorios, incluido el déficit tarifario, que nadie ha explicado porque se ha preferido cargar a las renovables con todas las culpas de manera demagógica para que a nadie se le ocurra mirar a los verdaderos culpables.
Se prefiere así un sistema opaco sobre los precios de la energía, los riesgos nucleares y sobre las prácticas anticompetitivas. Los beneficios de esta falta de transparencia se utilizan a su vez para impulsar una regulación que genere más beneficios e influencia. El mismo análisis que Joseph Stiglitz hace del sistema financiero es trasladable al mundo de la energía y el mejor exponente de esta práctica es la falta de independencia de los organismos reguladores que, bajo un manto de tecnocracia, se eligen por cooptación y con actitudes muy poco democráticas.
El reciente World Energy Outlook 2011 de la Agencia Internacional de la Energía denuncia que en 2010 las ayudas al gas, al carbón y al petróleo fueron 409.000 millones de dólares por 67.000 millones a las renovables y que es urgente multiplicar los apoyos a las renovables, hasta 181.000 millones, si no queremos que los impactos del cambio climático sean irreversibles a partir de 2017. Si comparamos este informe con las exigencias de UNESA al próximo Gobierno para establecer una moratoria de renovables en España, sin hablar del CO2, nos podemos imaginar que la falta de transparencia energética oculta mucho más de lo que se cree.
Los acontecimientos de Grecia e Italia han hecho que la sociedad identifique la opción tecnocrática como preferible. Cuando se conoce que Mario Draghi, nuevo presidente del BCE, o Mario Monti, nuevo primer ministro de Italia, han estado en nómina de Goldman Sachs surge la duda de si no se estará poniendo la zorra a guardar el gallinero. En la misma medida está pasando con los reguladores energéticos. Siguiendo el análisis de Stiglitz, no podemos exigir una democracia hiperregulada con una economía desregulada porque así crecerán las desigualdades y los ricos podrán hacer oír sus opiniones y el resto no.
