Cuando todavía el país se recupera del rechazo a Madrid 2020 por parte del Comité Olímpico Internacional, las primeras reflexiones apuntan, entre otros, a un problema de falta de confianza en la fortaleza de la economía española. Apenas una semana antes el Ministro de Industria, junto con el de Economía, fueron a Nueva York y Londres a explicar las bondades de su reforma eléctrica al mercado y los inversores internacionales y el resultado ha sido parecido: no han convencido.
Es la misma desconfianza que se percibe en los últimos informes de la Comisión Nacional de Energía (CNE), antes de su definitiva desaparición como regulador independiente, en los que ha detectado un nuevo desfase entre los costes e ingresos del sistema eléctrico para este año por el mal cálculo que ha hecho el Gobierno de éstos y en los que se manifiestan serias objeciones al anteproyecto de ley del sector eléctrico. La CNE critica la ausencia de referencias a las directivas ambientales europeas y concretamente a la directiva de eficiencia energética; así mismo, discrepa del trato discriminatorio que se da al autoconsumo, reivindicando el derecho de acceso a la red como pilar básico de la liberalización frente a las barreras de distribuidores y transportistas y la prioridad de acceso, conexión a red y evacuación de las renovables, en cumplimiento de la directiva europea de renovables, que desaparece en el anteproyecto de ley.
Pero las objeciones más significativas de la CNE se refieren a las insuficientes funciones que tendrá la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el organismo regulador que va a sustituirla en octubre, para la protección de los consumidores y la garantía de suministro eléctrico y reclama que se modifique la ley que crea la CNMC para ampliar sus competencias. Pero el Congreso de los Diputados acaba de dar su aprobación al nombramiento de los diez consejeros que constituirán la CNMC. A partir del mes que viene casi todas las funciones de la CNE serán desempeñadas por el Ministerio de Industria y las más importantes, las que se refieren a las operaciones corporativas, las decidirá directamente el Ministro de Industria. Paradójicamente el proyecto más recentralizador del Gobierno ha tenido como único apoyo el de los partidos nacionalistas que han sido premiados con un consejero para el PNV y otro para CiU. Este hecho demuestra el carácter clientelar del nuevo regulador y su absoluta falta de independencia.
La reforma eléctrica se ha llevado a cabo sin debate ni participación de ningún tipo. El déficit democrático de la reforma energética es su debilidad porque confirma la voluntad de mantener la falta de transparencia en el sector eléctrico. La desaparición de la CNE y su Consejo Consultivo se une al desmantelamiento del modelo de renovables, la salida de la agencia internacional de renovables (IRENA), el fin de las ayudas al ahorro energético y el voto en contra de la directiva de eficiencia energética, la destrucción de empleo verde y la designación sin concurso de tres consultoras para determinar la retribución de las renovables. Son todas decisiones adoptadas sin transparencia.
La nueva ley del sector eléctrico que ha propuesto el Ministerio de Industria insiste en una reforma recaudatoria que se basa en cargar a los consumidores, a los presupuestos del Estado y las renovables la sostenibilidad del sistema eléctrico. Para ello es necesario garantizar un precio mayorista de la luz alto sin competencia, sin renovables ni eficiencia energética y un cien por cien de intervencionismo. La propia evolución de la crisis económica lo va a invalidar. El aumento del precio de los hidrocarburos, el continuo descenso del consumo eléctrico, la falta de liquidez de los bancos y el riesgo regulatorio no van a equilibrar el sostenimiento del sistema ni el rating del sector.
Pretender resolver con reformas cortoplacistas problemas estructurales es un error y si se hace sin creer en el mercado ni en la competencia, la desconfianza está asegurada. El paralelismo con la crisis financiera es cada vez más evidente y sobre ella Joseph Stiglitz afirmó que “no hay transparencia porque con transparencia hay más competencia y con competencia se reducen los beneficios. Es la avaricia”.
