Tan solo quince días después de que el buque de Repsol “Rowan Renaissance” abandonara las aguas canarias camino de Angola al constatar el fracaso del primer sondeo en busca de petróleo y gas, el Ministerio de Medio Ambiente estudia proteger la zona e incluirla en la Red Natura 2000, algo que rechazó tan solo ocho meses antes. Sabiendo que las probabilidades de éxito no llegaban al 20% y a falta de explicaciones del Ministro de Industria, todo suena a un monumental engaño.
Por si no bastara, el Ministro Soria impulsa un proyecto de Ley de Hidrocarburos para aprobar incentivos a administraciones y propietarios de suelo que faciliten la exploración de petróleo y fracking para esquivar la oposición social. En el actual escenario de precios bajos del crudo, estas inversiones están más cerca del bono basura y comprar voluntades de esta manera es llevarlos también a la ruina y a un destrozo definitivo del territorio. Los hidrocarburos no son una fuente fiable de desarrollo local en un país que carece de recursos fósiles. La bajada del precio del petróleo ha dejado la política del Ministro Soria bordeando el ridículo.
Al escándalo de Castor le ha sucedido el del ATC de Villar de Cañas, pero antes la CNMC anunció el déficit de la tarifa eléctrica de 2014 por más de 3.000 millones y la pérdida de más de 720 millones de ingresos del sistema por la bajada de la demanda. Y el pool vuelve a subir en 2015 igual que el déficit de la tarifa del gas. Si después de haber extinguido la nueva inversión renovable, y arruinado buena parte de la existente, los problemas siguen creciendo, es que la gestión de la política energética ha sido equivocada y de parte. El fracaso de Soria se confirmó cuando declaró que renunciaba en esta legislatura a modificar el mercado mayorista, el que controlan las grandes eléctricas. Sin esta modificación toda la reforma energética queda en nada.
Desmontar el modelo de renovables, crear barreras al ahorro energético, subir los peajes y no modificar el pool eran las medidas necesarias para garantizar los ingresos del sistema eléctrico, cargando los costes reconocidos a los consumidores. Se olvidaron de los impactos estructurales de la crisis, como la bajada de la demanda, la volatilidad de los precios del petróleo o la falta de liquidez bancaria. Jugárselo todo a impulsar una mayor intensidad y dependencia energética con el sobredimensionamiento del sector gasista beneficiará a unas pocas empresas, pero ahonda más en el origen de nuestros graves déficits energéticos de forma injusta.
Esta tarea requería la Ley 3/2013, de creación de la CNMC y desaparición de los anteriores reguladores independientes, para la captura por el Ministro de Industria de todas las funciones que antes desempeñaba la CNE. Eso explica el silencio del Gobierno ante operaciones corporativas como la que la italiana Enel realizó en Endesa en 2014, despojándola de sus negocios más importantes, o la mayor práctica de las puertas giratorias, como el caso de Enagás. Reforzar la falta de competencia y el intervencionismo incrementa los costes del sistema y los precios energéticos. La consecuencia es el mayor riesgo regulatorio y la desconfianza exterior. España es líder en demandas internacionales por la reforma energética.
Soria no ha sido profeta en su tierra, pero que la reindustrialización de España vaya a venir del fracking o los hidrocarburos es una falta de sensatez injustificable en política. Soria deja la misma sensación de tiempo perdido que dejaron sus predecesores. Un país sin energía no tiene futuro; pero nuestra propia energía no hay que explorarla bajo tierra o bajo el lecho marino porque se encuentra gratis, al alcance de nuestra mano, en el sol, el viento, el agua y la biomasa.
