El Comité de Expertos designado por el Ministro de Energía para hacer el informe sobre la transición energética escogió el escenario más conservador que propuso la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (ENTSO–E), a la que pertenece Red Eléctrica (REE). Ambos coinciden en mantener en 2030 la potencia actual de gas y nuclear y parte del carbón. La injustificada desconfianza en la madurez del almacenamiento y las renovables ha llegado al absurdo de hacer depender la descarbonización de las nucleares, del gas y las interconexiones.
El engaño se acrecienta cuando numerosos estudios han confirmado que la velocidad de la competitividad del almacenamiento hace innecesario el gas como energía de respaldo y las interconexiones como garantía de suministro; mientras el riesgo nuclear es inasumible para la sociedad.
Las centrales de gas funcionaron en 2017 al 12% de su capacidad; con 26.000 MW de potencia instalada, la máxima demanda alcanzó 12.000 MW y la potencia ociosa fueron 14.000 MW. Es curioso que no se analice el impacto de la sobrecapacidad gasista en el déficit del sistema, en los costes para los consumidores y su incompatibilidad con los objetivos de reducción de emisiones. Porque el gas no es una energía limpia sino un combustible fósil.
El BOE de 15 de marzo de 2018 publicó el Acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de marzo por el que se restablece la tramitación del gasoducto MIDCAT con Francia (ahora llamado STEP), paralizado por el RDL 13/2012. Sin informe de la CNMC, ni justificación documentada, el Gobierno considera que hay razones excepcionales para levantar la suspensión establecida en 2012 por la baja demanda y el déficit del sistema gasista, que en 2011 representaba un 10% de sus ingresos.
El RDL 13/2012 estableció que la excepcionalidad se justificaría si la no realización de la interconexión supusiera un riesgo inminente de suministro, un impacto económico negativo en el sistema gasista o si su construcción resultara estratégica. El Acuerdo del Consejo de Ministros se ampara en los objetivos europeos de capacidad de interconexión del 10% en 2020 y 15% en 2030.
El gasoducto MIDCAT está menos justificado en 2018 que en 2012. Ha crecido la infrautilización de las infraestructuras gasistas porque la demanda sigue estancada y se mantiene la capacidad ociosa; la Orden de tarifas del gas para 2018, publicada en el BOE el 27 de diciembre de 2017, refleja cómo las anualidades por costes ajenos a la producción del sistema superan el 10% de sus ingresos; la CNMC, en su informe negativo sobre la regasificadora de Granadilla (Tenerife), de 7 de septiembre de 2017, dejó claro que cualquier nueva infraestructura gasista requería informes previos de demanda y de costes que justificaran su viabilidad económica para no incrementar el déficit del sistema gasista.
El objetivo del 10% de capacidad de interconexión se estableció por la UE en 2002. Su incumplimiento desde entonces no ha ocasionado problemas de suministro. El Gobierno, en vez de racionalizar el sector gasista, se ha embarcado en una huida hacia adelante para gasificar toda España con más infraestructuras, sin demanda que las justifique y sin decir que las pagarán los consumidores, incluso si son deficitarias, según la Ley 18/2014. Por eso se impulsa la rehabilitación de edificios con gas o el autogas para el transporte. Con MIDCAT se repiten los errores de Castor, El Musel, Tenerife, Doñana o Menorca.
Según Eurostat, mientras la UE redujo sus emisiones el 23% entre 1995–2015, España las incrementó el 19%. Ninguna autoridad nacional ha explicado qué significa reducir las emisiones un 40% en 2030 para cumplir el Acuerdo de París o cuál será el coste de no hacerlo. Sin transparencia alguna se quiere imponer la idea de que si hemos llegado al gas con veinte años de retraso hay que regalar al sector gasista veinte años más de retraso para la transición energética.
