Desde los planes de electrificación rural, la red de baja tensión no ha interesado a las eléctricas. En muchas localidades de nuestro país aún pueden verse postes de la luz de hace más de un siglo. La red de baja tensión no era rentable, por lo que su mantenimiento y refuerzo parecía más una responsabilidad pública que del sistema eléctrico.
En la pasada década, todas las instalaciones renovables tuvieron que pagar a las eléctricas las infraestructuras que exigían para autorizar su acceso y conexión a la red. El promotor pagaba lo que la eléctrica pedía y la eléctrica se quedaba con la propiedad de las infraestructuras. Las renovables han contribuido al reforzamiento de la red eléctrica con un coste que nadie les ha reconocido.
El RDL 15/2018 y el RD 244/2019, que transpone parcialmente la Directiva (UE) 2018/2001 de renovables, han abierto el mercado eléctrico al autoconsumo y la oportunidad de que muchos consumidores ahorren energía y costes al sistema eléctrico a través de pequeñas instalaciones renovables cuya principal virtud es aproximar la generación al consumo, algo a lo que las eléctricas y los reguladores se habían negado hasta ahora.
El autoconsumo ahora es una obligación que dimana de las directivas europeas y la red de baja tensión se mira de otra manera. Las eléctricas no quieren perder su posición dominante en el mercado y se disponen también a determinar las condiciones del autoconsumo. A través de la consultora Deloitte, las distribuidoras de las grandes eléctricas han calculado que serán necesarias inversiones de 15.000 millones de euros en las redes hasta 2030 para integrar un millón de puntos de autoconsumo. Un 46%, 7.000 millones, irán destinados a líneas de baja tensión.
“Si antes las renovables eran las caras, ahora lo caro es el autoconsumo. Aunque el mensaje de Deloitte es otro y va dirigido a la CNMC con la intención de que no reduzca la remuneración de las redes para garantizar a las distribuidoras una rentabilidad del 7% y no del 5,6%, como pretende el regulador. Han tomado el autoconsumo como rehén para preservar sus ingresos por las redes de transporte y distribución”
En el artículo 13 del RD 244/2019 se ha dado el primer paso para que las grandes eléctricas determinen el mercado del autoconsumo. Se ha levantado el veto que estableció el RD 413/2014 para que los operadores dominantes del sector eléctrico puedan actuar como representantes de las instalaciones de autoconsumo. El segundo paso dependerá del futuro decreto de acceso y conexión para que también se queden en propiedad las instalaciones que ahora reclaman y que pagarán los autoconsumidores. La competencia en el mercado del autoconsumo está amenazada.
“Las definiciones de autoconsumo y comunidades de energías renovables de la Directiva (UE) 2018/2001 nada tienen que ver con el modelo que representan los operadores dominantes del sector eléctrico”
La generación distribuida es un contrasentido dentro de un modelo energético centralizado. Mientras la primera se rentabiliza por el mayor ahorro y precios baratos, el segundo se rentabiliza por la mayor facturación de energía a precios más caros. La flexibilidad del sistema energético que propone la directiva se basa en el poder de mercado del consumidor activo, imposible en un sistema más parecido a un cártel.
El problema de la transición energética no son las redes sino la apertura de la competencia al autoconsumo, baterías de almacenamiento, agregadores y aplicaciones inteligentes que faciliten al consumidor la gestión de la demanda. La red de baja tensión no es un negocio especulativo sino un elemento para reforzar el papel del consumidor y su participación en el sistema eléctrico en aquellos sectores con potencial de energía flexible, como el residencial, terciario, pymes, regantes o transporte.
Las Directivas (UE) 2018/2001 de renovables y (UE) 2018/844 de eficiencia energética de edificios aluden constantemente a los poderes, competencias y normas de las autoridades regionales y locales en cuestiones como el autoconsumo, comunidades de energías renovables, edificios de consumo de energía casi nulo, renovables en la calefacción, refrigeración, transporte y en el planeamiento urbano o la formación de consumidores activos.
“La municipalización de las redes de baja tensión es imprescindible para hacer efectivos los derechos que las directivas europeas reconocen a los consumidores. El ejercicio de esos derechos es imposible sin abrir los mercados energéticos a nuevos actores, entre los que destacan las corporaciones locales por su mayor proximidad a los centros de consumo”
Existe un paralelismo entre la generación distribuida como la más próxima al consumidor y las corporaciones locales como las instituciones más cercanas a la ciudadanía. Si las inversiones en líneas de baja tensión van a pagarlas los autoconsumidores, no es sensato regalárselas al operador dominante sino a las autoridades que, según la directiva de renovables, están obligadas a crear un entorno favorable al autoconsumo.
El principal objetivo de la Directiva (UE) 2018/2001, de renovables, y del Reglamento (UE) 2018/1999, sobre la gobernanza de la Unión de la Energía, es que los consumidores se beneficien de las ventajas del autoconsumo y de los contadores inteligentes.
Con la regulación actual todas las ventajas son para las grandes eléctricas; por eso, en la medida que la futura regulación no persiga este mismo objetivo se estará impidiendo a los consumidores ejercer los derechos reconocidos en las leyes europeas y acceder a sus beneficios, el principal de los cuales es una energía barata y limpia.
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