La Directiva europea 2009/28/CE estableció objetivos vinculantes de consumo de renovables en 2020 para dar seguridad a las inversiones, reducir la dependencia del gas y el petróleo y fomentar la gestión de la demanda a través de la innovación tecnológica que representan las renovables.
En el artículo 13 de la Directiva se establece que las normas sobre renovables no habrán de ser discriminatorias, que las tasas que se les apliquen deberán ser proporcionales, transparentes y no discriminatorias y que se alentará su desarrollo en las ciudades y regiones a través de la introducción de normas en la edificación.
El artículo 16 establece que los Estados miembros tomarán medidas para que los operadores garanticen el acceso prioritario de renovables en la red. Exigirán normas públicas de reparto de los costes para la integración de renovables con criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios que tengan en cuenta sus beneficios en la red y exigirán que los operadores asuman todos o parte de los costes. Las tarifas que se apliquen a las renovables no habrán de ser discriminatorias y reflejarán los beneficios que suponen para el sistema.
La Directiva 2009/28/CE entró en vigor en la primavera de 2009 y su periodo de transposición finalizó en diciembre de 2010. El Parlamento Europeo, en su informe, manifestó que las ayudas a las renovables serán necesarias mientras el resto de fuentes no internalicen todos sus costes y para compensar los beneficios que aportan al sistema. Resulta grave que tres años después de cumplido el plazo, la Directiva de renovables siga sin transponerse al ordenamiento jurídico nacional. No debe extrañar que la Comisión Europea haya amenazado con denunciar a España en el Tribunal de Justicia por incumplimiento de la directiva de renovables y por impedir alcanzar los objetivos de 2020.
Sorprende que los informes que acaban de hacer la Comisión Nacional de la Energía y la Comisión Nacional de la Competencia sobre los decretos de renovables y autoconsumo copien los mismos preceptos de la Directiva 2009/28/CE, reconociendo sus beneficios para el sistema eléctrico, y que lo digan ahora y no lo hayan dicho en 2009, 2010 y 2012 frente a las normas que han establecido la retroactividad y la moratoria a las renovables, porque los mismos beneficios que ahora reconocen ya existían antes. Lo que deberían explicar es por qué destruyendo y arruinando la inversión renovable sigue creciendo el déficit de tarifa y subiendo el recibo de la luz.
La reforma eléctrica se hace incumpliendo las directivas europeas. En esto, las diferencias entre los Gobiernos del PSOE y del PP son inapreciables; por eso la directiva de renovables no se ha transpuesto. Toda la política energética se quiere reducir a un precio mayorista de la electricidad alto, fijado por el carbón y el gas, sin renovables, sin eficiencia energética, con grandes exenciones y beneficios a las nucleares y elevados peajes a los consumidores. Así es el rescate de las eléctricas y por eso se han ido a Bruselas a pedir que la Comisión Europea vaya contra sus propias normas.
Dentro de poco todos los políticos llenarán sus discursos con encendidos mensajes sobre Europa. Pero no hay que olvidar que una inmensa mayoría de ellos ha defendido, aprobado y aplicado normas contrarias a las leyes europeas.