Es muy difícil encontrar alguna referencia en los medios o en el debate político al acuerdo que están negociando la Unión Europea con los EEUU para incrementar el intercambio comercial entre las dos orillas del Atlántico. La negociación comenzó hace tres años y se lleva a cabo en secreto. Esta voluntad de ocultar lo que se negocia cuadra muy bien con el déficit democrático de las instituciones europeas pero plantea la duda de a quién se quiere proteger.
Para la patronal española todo son beneficios para la macroeconomía por la eliminación de las barreras arancelarias, pero nada dice de la microeconomía de las pymes y de los hogares. En el debate que en verano de 2015 celebró el Parlamento Europeo quedaron claras las objeciones: merma de derechos laborales, relajación de la protección ambiental, riesgo para los productos agrarios, privatización de los servicios públicos, menor regulación financiera y preeminencia de los tribunales privados de arbitraje internacional sobre los tribunales de justicia nacionales y europeos.
Gracias a una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, en octubre de 2015, pudimos enterarnos que, debido a que EEUU no protege los datos personales (caso Snowden) y al tratarse de un derecho fundamental, la protección de datos quedaba excluida del tratado. Esta decisión perjudica, entre otras, a las multinacionales tecnológicas de Silicon Valley, conocidas por su creatividad para no someterse a la legalidad europea y evadir impuestos.
El precedente del Acuerdo Transpacífico (TPP), firmado el año pasado entre EEUU, Japón y 10 países del Pacífico, aún sin ratificar, aclara la naturaleza de estos tratados. Es un acuerdo para que las multinacionales estadounidenses compitan en Asia frente a China a través de un organismo supranacional por encima de los gobiernos, lo que debería ser inaceptable para cualquier estado democrático.
Se trata de acuerdos comerciales para construir una globalización a la medida de las grandes multinacionales, con tribunales de arbitraje propios, por encima de las legislaciones nacionales. Si se tiene en cuenta que las multinacionales evaden impuestos en Europa por 70.000 millones de euros cada año, según datos de la Comisión Europea, el secretismo solo puede entenderse como una gran oportunidad para todos los lobistas. Codicia pura.
Alguien debería analizar las consecuencias para el sistema energético español. Actualmente cerca del 60% de nuestras redes energéticas de petróleo, gas y electricidad son propiedad de inversores extranjeros y lo mismo ocurre con las eléctricas y los activos renovables. Son fondos de inversión que buscan la rentabilidad por encima del interés del país donde invierten.
Si a este hecho se añade nuestra elevada dependencia de las importaciones de gas y petróleo y unas leyes energéticas que promueven su consumo en vez de fuentes de energía autóctona renovable, el TTIP puede agravar la pérdida de soberanía energética de España y el deterioro medio ambiental de manera irreversible. Pero lo más grave es que los conflictos se resolverán por intermediarios internacionales y no por los tribunales nacionales. Se podría dar el caso de que un Ayuntamiento o Comunidad Autónoma o el Estado aprobaran una norma que estableciera nuevos estándares medioambientales y energéticos y que fuera objeto de demandas internacionales por inversores privados. El inversor extranjero quedaría más protegido que el inversor o consumidor nacional, las instituciones democráticas y las leyes nacionales subordinadas al poder de las multinacionales y la competencia desaparecería.
De eso se trata y no de mitigar el cambio climático o defender a la industria, pequeñas empresas o a los consumidores. Solo queda una solución: que cuando la UE y EEUU acuerden el tratado, España no lo ratifique.
